El Gobierno retrasa los Presupuestos hasta final de año por la tensión en Cataluña

Hace sólo tres meses nadie en el Gobierno dudaba que tendrían problemas para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2018 con la misma mayoría que apoyó los de 2017. Sin embargo, la tensión en Cataluña ante la celebración del referéndum del 1-O ha llegado tan lejos que el Ejecutivo ha decidido retrasar la presentación de las cuentas públicas hasta conseguir los apoyos necesarios en el Parlamento. Así lo ha confirmado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien ha alegado "falta de apoyos" para cerrar la negociación con éxito.

Montoro lo tiene muy claro, no aprobará los Presupuestos en Consejo de Ministros si no tiene claro que pueda aprobar las cuentas en el Congreso, pero ahora el PNV no puede garantizar ningún apoyo dada la situación de tensión en Cataluña. Ante esta situación, el ministro prefiere ganar algo más de tiempo y seguirá negociando con sus 'socios de presupuestos' para conseguir un acuerdo en octubre que permita tener listas las cuentas el primero de enero de 2018.

Antes ya lo había insinuado el portavoz del Grupo Popular en la Congreso, Rafael Hernando. En su opinión, "no es necesario en estos momentos marcarse una fecha", sino que el Gobierno trabaja con el objetivo de tener aprobados los PGE antes del 31 de diciembre. Es el Gobierno "quien maneja los plazos" ha explicado Hernando y "lo importante es que lleguen con acuerdo suficiente; acuerdo político y social".

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El Gobierno está teniendo muchos problemas para avanzar en la negociación con el PNV y, sin su participación, la aprobación de los PGE es sencillamente imposible. Las tensiones en Cataluña dejan al Gobierno vasco en una situación muy complicada a nivel regional, ya que está recibiendo fuertes presiones para dejar de soportar al Ejecutivo de Mariano Rajoy. La decisión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de intervenir las cuentas de la Generalitat sin previo aviso ha sido el desencadenante de esta reacción contra el Gobierno desde el País Vasco. Por eso la primera respuesta a las palabras de Hernando ha llegado desde Ajuria Enea. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha defendido que si finalmente no hay Presupuestos para 2018 no habrá ningún problema en que Montoro "cumpla los compromisos" alcanzados hace ahora medio año.

No es necesario en estos momentos marcarse una fecha, lo importante es que lleguen con acuerdo suficiente; acuerdo político y social

Montoro se comprometió con el Gobierno vasco a revisar el cupo, a acelerar las inversiones en la región (en especial la Y vasca), rebajar la tarifa eléctrica, mejorar la competitividad industrial, etc. Medidas que todavía no están aprobadas y que el ministro pensaba utilizar como palanca para forzar al PNV a entrar en los PGE de 2018. Ahora, el Gobierno vasco alega que los compromisos adquiridos tienen que cumplirse aunque no haya Presupuestos, por lo que no tendría ningún problema en prorrogar los de 2017. "Sigue comprometido en que lo acordado está para ser cumplido, no para desatenderlo o para desentenderse de él", ha señalado Erkoreka esta mañana.

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Las relaciones entre los dos Gobiernos han sido fluidas durante estos meses, pero en las últimas semanas se han enfriado ante el avance de la tensión en Cataluña y la respuesta de Moncloa. El lehendakari, Iñigo Urkullu, acusó el domingo a Rajoy de "no valorar las consecuencias futuras de las decisiones judiciales, penales y policiales que está impulsando" para frenar la votación del 1-O. Unas declaraciones que muestran hasta qué punto el desacuerdo político entre las dos formaciones puede dar como resultado el enfrentamiento en la cuestión económica, que tan encarrilada estaba hasta agosto.

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La tarea de Montoro se complica a medida que pasan los días. Las negociaciones con el PNV están atascadas y no están mejor con los sindicatos de la función pública. La foto con los representantes de los trabajadores públicos que consiguió Montoro para los Presupuestos de 2017 fue uno de sus grandes apoyos, pero ahora no está consiguiendo cerrar un pacto. El ministerio ha propuesto una subida salarial en tres años del 8%, una cuantía que es insuficiente para los sindicatos. Tampoco cede el Gobierno en la exigencia de permitir la negociación colectiva a nivel autonómico y municipal para conseguir la jornada de 35 horas semanales allí donde se pacte.