La Generalitat rectifica y vuelve a mandar a Hacienda los certificados del gasto público

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está dispuesto a mantener el pulso financiero a la Generalitat de Cataluña mientras dure su desafío independentista. Para hacerlo, mantendrá en funcionamiento las medidas adoptadas la semana pasada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAC) que quitan a la autonomía casi toda la liquidez para evitar que se destine a financiar actividades ilegales. En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Montoro ha asegurado que mantendrá la intervención del presupuesto catalán "el tiempo que sea preciso para garantizar la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de la ley".

De este modo, Hacienda se encargará de pagar directamente las nóminas de los empleados públicos de la Generalitat así como los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, dependencia, seguridad, etc.) durante el tiempo que sea necesario. Además, dejará de enviar los recursos correspondientes al sistema de financiación autonómica, por el que entrega a Cataluña cada mes algo más de 1.400 millones de euros. Para Montoro, estas medidas son proporcionales "al riesgo que combaten" y se prolongarán de forma "indefinida" hasta que este riesgo se resuelva.

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El Gobierno adoptó estas medidas de control del presupuesto catalán después de que la Intervención General de la Generalitat comunicara, el jueves 14 de septiembre, que dejaba de enviar el certificado mensual con todos los gastos incurridos. Esa decisión desencadenó esta batería de medidas del Gobierno destinadas a "preservar la estabilidad económica del país" y "acabar con la actual inestabilidad". "El Gobierno puede limitar la autonomía financiera de una comunidad autónoma, porque esa autonomía no es ilimitada, los límites están en la Constitución", ha señalado el ministro.

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Una semana despúes de que se desencadenara esta crisis por la negativa de la Generalitat a enviar los certificados de la Intervención General, esta semana se ha retomado el flujo de la información. Montoro ha informado que la interventora general mandó el lunes "las certificaciones que se negó a enviar la semana pasada y hoy mismo ha enviado las certificaciones de la última semana". Sin embargo, el Govern sacará poco rédito de este cambio de actitud, ya que Montoro mantendrá "de forma indefinida" el control de sus cuentas públicas mientras se prolongue el desafío soberanista. "El informe enviado por esta funcionaria es lo que hay que hacer, seguir cumpliendo la legalidad vigente", ha recordado Montoro, "es lo que tienen que seguir haciendo también los empleados públicos".

Las nóminas "no están en peligro"

Precisamente el pago de las nóminas de los empleados públicos en Cataluña está actualmente en el aire, ya que Hacienda no tiene la información de todos los sueldos que hay que abonar. Montoro ha querido tranquilizar a todos los trabajadores de la Generalitat: "Las nóminas no están en peligro", ha repetido. Es cierto que Hacienda todavía no dispone del listado de salarios que tiene que abonar, pero "está estudiando las fórmulas para conseguir la información y realizar los pagos", ha explicado el ministro. En su opinión, "no puede ser" que por "decisiones políticas" se queden sin cobrar su nómina los trabajadores públicos.

Las nóminas de los funcionarios no están en peligro, el Gobierno está estudiando fórmulas para realizar los pagos

La cuenta atrás para el Gobierno ha comenzado, ya que tiene poco más de una semana para conseguir toda esta información, si la Generalitat se niega a ofrecerla. Las nóminas se pagan a final de mes, en torno al 27 o 28, pero el Estado tendrá que dar la orden de pago a los bancos con un par de días de antelación. Esto significa que el margen de actuación de Hacienda es muy limitado.

¿Una maniobra ilegal?

Montoro ha recibido una crítica casi unánime de la oposición por las medidas adoptadas la semana pasada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Desde el PSOE hasta los partidos independentistas consideran que la Orden Ministerial con la que Hacienda ha aprobado unilateralmente el Acuerdo de No Disponibilidad (ANC) que recorta todos los gastos que no estén destinados a financiar los servicios fundamentales y las nóminas de los trabajadores es excesiva. "Una decisión política que se adopta con un instrumento técnico", ha criticado la oposición. "No tiene ni siquiera un informe del Consejo de Estado", ha lamentado el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Hacienda, Julián López.

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Montoro ha alegado que las decisiones adoptadas han sido proporcionales al reto iniciado por la Generalitat y que están amparadas por la Constitución Española, la Ley de Financiación Autonómica y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El ministro justifica su actuación con que el Gobierno es el encargado de forzar el cumplimiento de los objetivos de déficit acordados con Bruselas. "El Gobierno actúa en el marco de la legalidad europea y la legalidad española", ha remarcado Montoro.

La autonomía sigue funcionando a plena legalidad, lo que se ha introducido es un control de legalidad de pagos

Además, en su opinión, las medidas adoptadas "no suponen el control político de la Generalitat, ya que el Gobierno no suspende ninguna de sus competencias", ha remarcado. En su lugar, lo que hace Hacienda es "controlar la gestión de sus pagos", por lo que no estaría atentando contra la las competencias autonómicas. "La autonomía sigue funcionando a plena legalidad, lo que se ha introducido es un control de legalidad de pagos", ha señalado Montoro. En cuanto al Acuerdo de No Disponibilidad, el recorte de todos los gastos no fundamentales "trata de evitar que se puedan aprobar gastos para financiar actividades ilícitas", ha explicado Montoro. A partir de ahora, será el Gobierno quien tenga la última palabra para autorizar cualquier partida del Presupuesto que ha quedado congelado.

El diputado del PDCat, Ferran Bel, ha criticado duramente las medidas adoptadas por el Gobierno, ya que considera que sí suponen la vulneración de la autonomía catalana. "El Acuerdo de No Disponibilidad elimina 35 programas aprobados por el Parlamento de Cataluña que no fueron impgnados ante el Tribunal Constitucional y que acuerdan ustedes el cierre presupuestario", ha denunciado, "programas tan subversivos como la renta garantizada, agricultura, vivienda, ayuda al deporte, la Formación Profesional agraria, etc.". "¿Esto qué tiene que ver con el referéndum?", ha preguntado al ministro, "¿Se limita o no se limita la autonomía?". Montoro ha recordado a Bel que el Acuerdo de No Disponibilidad no significa un cierre presupuestario y que la Generalitat podrá cumplir todo su Presupuesto si asegura la legalidad de todos los pagos.

El ministro también ha advertido al Govern que caerá "todo el peso de la ley" sobre todos aquellos que hayan destinado recursos públicos a financiar actividades ilícitas. "¿Quién ha financiado las papeletas?", ha remarcado Montoro, "quien lo haya hecho tendrá que responder ante los tribunales, incluso con su patrimonio personal".