Hacienda y sindicatos discrepan en su postura

La negociación para subir el sueldo de los funcionarios encalla en el momento decisivo

Función Pública abre la puerta a permitir la jornada de 35 horas y ampliar la oferta de empleo extraordinaria, pero insinúa una subida salarial del 2%

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso. (EFE)

En la última semana se han filtrado a la prensa muchas cifras sobre la subida salarial que prepara el Gobierno para los trabajadores públicos y varias fórmulas de hacerlo. La mayor parte de ellas eran muy ilusionantes para el cuerpo de funcionarios, pero a la hora de la verdad, cuando la negociación se ha puesto seria, han surgido rápidamente las discrepancias. El jueves se reunió la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, con los representantes de las tres principales organizaciones sindicales, CCOO, UGT y CSIF, para acelerar las conversaciones, pero la realidad es que se consiguieron pocos avances.

La cuestión salarial, que es la que más preocupa a los empleados públicos, es la que genera mayor discrepancia entre las dos partes, por lo que el acuerdo está ahora más lejos que hace dos días. Y solo queda una semana para la Mesa General, en la que se definirán las condiciones que pondrá el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. “Existen diferencias importantes en cuanto a las subidas retributivas”, explica Antonio Cabrera, secretario general de la FSS-CCOO, “cuando hemos hecho nuestras propuestas, la secretaria de Estado ha indicado que distaban mucho de sus previsiones presupuestarias”.

Los sindicatos han propuesto un plan a tres años para garantizar que se recupera una parte del poder adquisitivo perdido durante la crisis, un plan que no ha sido bien aceptado por Hacienda. Primero, porque quieren desindexar cualquier subida de la inflación, por lo que no existiría una ganancia fija de renta real. Segundo, porque todavía queda un camino importante de reducción del déficit y considera que, sencillamente, las cuentas públicas no dan para más.

Existen diferencias importantes en cuanto a la subida salarial: nuestras propuestas distan de sus previsiones presupuestarias

Una de las propuestas de los sindicatos consiste en establecer un mínimo en función del IPC, de modo que se garantice que no se pierda poder adquisitivo, y un variable referenciado a la evolución del PIB. De este modo, “si la economía crece en términos nominales, se generarán más ingresos públicos que permitirán sufragar esta subida de los salarios”, explica una fuente presente en la negociación, “pero ni aun así se han conseguido avances, somos poco optimistas”.

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Hacienda no contempla este escenario, al menos para los Presupuestos de 2018. En su lugar, prefiere realizar otras concesiones que tengan un impacto menor sobre las cuentas públicas y centrarse en garantizar que los trabajadores públicos no perderán poder adquisitivo este año. Collado “deslizó” una subida salarial del 2% anual, una cifra que superaría la inflación, pero que permite ganancias muy reducidas del poder adquisitivo. Esta contención de la retribución permitiría a Hacienda afrontar con garantías el ajuste presupuestario que exige Bruselas para 2018. España tendrá que rebajar el déficit público del 3,1% (objetivo para este ejercicio) al 2,2%. Un reto importante, próximo a los 10.000 millones de euros (en 2017, el ajuste se situará en el entorno de los 14.000 millones).

Para los sindicatos, la subida salarial es el punto clave de la negociación, por lo que si no hay acuerdo en este punto, no aceptarán sentarse con Montoro a firmar un pacto para los PGE de 2018, como sí hicieron con los de 2017. En caso de que las conversaciones fracasen, plantearán también un 'otoño caliente' en la función pública, a pesar de conseguir concesiones en el resto de puntos de la negociación. Collado acordó con los sindicatos volver a reunirse el próximo martes y, esta vez sí, el ministerio presentará una oferta concreta de revisión salarial.

Mariano Rajoy, reunido con Unai Sordo, secretario general de CCOO. (EFE)
Mariano Rajoy, reunido con Unai Sordo, secretario general de CCOO. (EFE)

Tampoco se produjeron avances en cuanto a la revisión de la incapacidad temporal (IT). En el año 2012, el Gobierno redujo la cuantía del salario que cobran los trabajadores cuando están de baja médica para combatir el absentismo laboral. Ahora, los empleados públicos cobran el 50% de su salario durante los tres primeros días de baja, el 75% hasta el día 20 y, desde el 21, el 100%. Los sindicatos propusieron a la secretaria de Estado recuperar el 100% del salario en estos periodos de incapacidad temporal y combatir el absentismo con planes específicos de control e inspección. “Este punto también dista mucho de las previsiones del Gobierno”, explica Cabrera, “que prefiere mantener las cuotas de reducción, pero con un calendario homogéneo para todo el territorio [incluyendo CCAA y corporaciones locales]”.

Las 35 horas están más cerca

Uno de los puntos que parecen más próximos es el de la jornada de 35 horas para los trabajadores públicos. Los sindicatos exigen que Hacienda permita que cada Administración pueda negociar con los trabajadores las condiciones de su jornada laboral, de modo que puedan rebajar su horario. “No ha habido una negativa rotunda y es posible que haya alguna posibilidad de acuerdo”, señala Cabrera. Varias comunidades autónomas ya han mostrado su voluntad de recuperar las 35 horas semanales de jornada, pero todas las que lo han intentado se han encontrado con la oposición del Gobierno.

También se han producido avances en la negociación sobre la recuperación del empleo perdido durante la crisis. Los sindicatos exigen eliminar la tasa de reposición en todo el sector público y empezar a sumar algunos puestos de trabajo. Hacienda ya aceptó un pequeño aumento del número de plazas en determinados sectores y, después de reunirse con las comunidades autónomas, considera que es el momento de ampliar el abanico para mejorar el servicio público a la ciudadanía.

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Las dos partes acordaron el jueves crear un grupo de trabajo que desarrolle una oferta pública de empleo (OPE) extraordinaria en 2018 que permita elevar el número de trabajadores públicos en los sectores que se consideren prioritarios. Este grupo de trabajo se encargaría de elaborar una nueva convocatoria de plazas para el año 2018 que tendría respaldo presupuestario en las cuentas que presentará el Gobierno el viernes 22 de septiembre.

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