Los empleados públicos prometen batalla si Montoro ignora sus demandas en los PGE

El inicio del curso político viene marcado siempre por la negociación presupuestaria. Este año, el Gobierno es víctima de su propio optimismo, ya que lleva meses presumiendo de los buenos datos económicos y todos sus interlocutores quieren aprovechar la coyuntura para apuntarse victorias. El ministro de Economía, Luis de Guindos, abrió la puerta a salir este año del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, celebró "la primavera” del empleo. Estas palabras se repetirán durante las próximas semanas en el despacho del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien tendrá que gestionar las expectativas creadas por los distintos miembros del Ejecutivo.

Para empezar, en la tarde del miércoles se reunirá con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, para dar el primer paso de la negociación, en una reunión a la que también acudirá la ministra Báñez. Será una primera toma de contacto, por lo que no se espera ningún acuerdo concreto, pero los dos líderes sindicales tendrán la posibilidad de poner sobre la mesa sus exigencias de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Montoro es consciente de que contar con el apoyo de los trabajadores públicos es fundamental de cara a la negociación presupuestaria, como ya ocurrió con los PGE de 2017, por lo que tendrá que escuchar (y atender) sus demandas.

Las exigencias básicas que comparten CCOO, UGT y CSIF son cuatro y para el Gobierno serán difíciles de asumir, por lo que se avecina una negociación tensa. Además, los sindicatos están preparando un otoño 'caliente' después de que fracasara la negociación colectiva para la subida de los salarios, y no dudarán en convocar en las calles a los trabajadores públicos si Montoro no atiende sus peticiones. La mecha está preparada. “Hay mucho cabreo entre los trabajadores públicos, no podemos descartar nada”, explican fuentes de CSIF. “Si la negociación con el Gobierno no avanza, tenemos la intención de acompañar el proceso con movilizaciones”, señala Raúl Olmos, secretario de acción sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. De momento, las esperanzas están centradas en las conversaciones, pero ningún escenario es descabellado.

La primera exigencia que plantearán los sindicatos es la recuperación de “una buena parte” del poder adquisitivo que han perdido los trabajadores públicos durante los últimos siete años. Aunque las cifras no son homogéneas para todos los empleados, todos ellos han perdido entre un 12% y un 14% desde 2010, explica Olmos. En 2017, la subida salarial ha sido del 1%, por lo que los empleados públicos han vuelto a perder poder adquisitivo. La intención de los sindicatos es fijar un acuerdo para recuperar la mayor parte del nivel salarial perdido a lo largo de la legislatura y “que el primer año tenga un incremento significativo”, señala Olmos.

Si la negociación con el Gobierno no avanza, tenemos la intención de acompañar el proceso con movilizaciones

Este acuerdo tendría que incorporar una cláusula de inflación, ya que para recuperar poder adquisitivo es necesario que la subida salarial sea superior al IPC, un extremo que no contempla el Gobierno. La OCDE, la Comisión Europea y el FMI estiman que los precios avanzarán un 1,4% en 2018, lo que significa que para conseguir una “recuperación sustancial” del poder adquisitivo perdido, la subida salarial tendría que superar el 3%. “El 1% de 2017 es claramente insuficiente y no lo aceptaremos”, indican fuentes de UGT.

Recuperar el empleo perdido

La 'primavera' económica que vive España también exige eliminar la tasa de reposición en todos los sectores públicos para, al menos, no perder efectivos y, en algunos ámbitos, elevar el número de trabajadores. Así lo consideran los sindicatos, que pedirán al Gobierno un plan de recursos humanos para el sector público que permita gestionar la 'avalancha' de jubilaciones que tendrá lugar en los próximos años. En los próximos 10 años se tendrán que renovar un millón de plazas, lo que supondrá un gran reto para las diferentes administraciones, por lo que piden que se prepare con tiempo.

La última línea roja de los sindicatos es recuperar la jornada de 35 horas semanales. El Gobierno eliminó la negociación colectiva de cada Administración con los sindicatos para establecer la jornada laboral e impuso el mínimo de 37,5 horas semanales para todos los trabajadores públicos (aunque en algunos municipios nunca llegó a aplicarse). En estos años, algunas comunidades han tratado de reducir su horario, pero el Gobierno siempre ha recurrido al Constitucional y ha terminado ganando los litigios. Los sindicatos confían en que el Gobierno rebaje la jornada en la Administración General del Estado o, al menos, que permita que cada Administración realice su propia negociación. Montoro sí está dispuesto a negociar este último punto, ya que no supondría un aumento del gasto para el Estado, sino que tendrían que soportarlo las comunidades que lo aceptaran.

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Otra de las peticiones que trasladarán los sindicatos al Gobierno es la de revertir los descuentos en el salario que se producen en los primeros días de las bajas médicas, reforma que introdujo el Gobierno en 2012. Ese año, el Ejecutivo modificó la normativa de las retribuciones de la incapacidad temporal de modo que los trabajadores pasaron a cobrar el 50% de su salario durante los tres primeros días de baja, el 75% hasta el día 20 y a partir del 21 ya el 100% de su retribución. De esta forma, Hacienda intentaba luchar contra el absentismo laboral penalizando a los empleados que se cogieran la baja. Para los sindicatos, este es otro de los puntos calientes, ya que consideran que un trabajador en situación de incapacidad temporal tiene derecho a cobrar íntegramente su salario.

Las exigencias de los sindicatos superan claramente lo que el Gobierno quiere conceder, por lo que la negociación se prevé tensa

Los distintos responsables del Ministerio de Hacienda han repetido en los últimos meses que quieren mejorar la situación de los trabajadores públicos en los PGE. El problema es que las exigencias de los sindicatos superan claramente lo que el Gobierno está dispuesto a conceder, por lo que la negociación se prevé más tensa que la de los últimos Presupuestos. Además, el acuerdo de 2017 apenas provocó incremento del gasto para el Estado, ya que la subida salarial se limitó al 1% y las plazas convocadas son, casi todas, sustitución de interinos por indefinidos. Sin embargo, este año los sindicatos quieren una subida considerable de la retribución, menos horas de trabajo y más empleos, lo que obligará a Hacienda a realizar un importante esfuerzo presupuestario. La negociación puede comenzar.