Hacienda paraliza los PGE de 2018 y deja en el aire salarios, IVA al cine y bajada del IRPF

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado que el Gobierno no aprobará este viernes, 29 de septiembre, el borrador de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 ante la negativa de sus 'socios' de cerrar un acuerdo a tiempo. Montoro necesita más tiempo para seguir negociando y, lo más importante, necesita que se rebaje la tensión del referéndum del 1-O para que el PNV se sienta cómodo votando con el Gobierno. El ministro seguirá negociando la próxima semana con los partidos con los que firmó las cuentas de 2017, y confía en alcanzar un acuerdo antes de noviembre que permita remitir el borrador al Congreso con tiempo para que puedan debatirse y aprobarse antes del primero de enero. Esta es la intención actual, pero nadie sabe cuál será dentro de una semana, dado el ritmo al que improvisa sus medidas.

Lo que sí está claro es que el retraso en la aprobación de los Presupuestos deja en el aire todas las medidas fiscales que irían incluidas en los mismos. Montoro no cederá ni un ápice en este punto: si no hay unos nuevos PGE, no aprobará por separado ni una sola de las medidas que ya ha ido anunciando.

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La medida más importante, desde el punto de vista presupuestario, es la subida del salario de los funcionarios y trabajadores públicos que está negociando Función Pública con los sindicatos. La última propuesta del ministerio era realizar una subida del 8% en los tres próximos años, a razón de un 2% cada año, pero sin los Presupuestos, los trabajadores no tendrían esta mejora.

Otra medida que se queda en el aire es la rebaja de impuestos que ha pactado con Ciudadanos y que tendría que articularse en los PGE. El acuerdo entre las dos formaciones alcanza los 2.300 millones de euros y tiene varias vertientes. En primer lugar, una exención total de la tributación para las rentas inferiores a 14.000 euros anuales y una reducción progresiva hasta los 17.000 euros.

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En segundo lugar, una ayuda para las familias con dependientes a su cargo. En tercero, una bonificación de 1.000 euros anuales para los hogares con rentas bajas que escolaricen a sus hijos hasta los tres años de edad. Por último, tampoco se concretaría la bajada del IVA del cine, que pasaría del 21% al 10% según el acuerdo alcanzado con Ciudadanos.

Otra de las medidas que se perderían sin los Presupuestos es la del nuevo permiso de paternidad de cinco semanas. Montoro acordó con Ciudadanos elevar en una semana el periodo de baja de los padres, que pasaría de cuatro a cinco. Esta medida tendría un impacto presupuestario de unos 110 millones de euros para las arcas públicas y también tendría que venir recogida en los PGE.

También se queda en el aire toda la negociación pendiente con Nueva Canarias que serviría para desbloquear las ayudas a los billetes de avión entre la Península y el archipiélago. Aunque este punto todavía no está acordado, para la formación era una línea roja, por lo que se entiende que hubiese encontrado apoyo en el Gobierno. En concreto, Nueva Canarias exige a Montoro que se ponga un tope en el precio de los billetes de avión a las islas, incluyendo una parte subvencionada, que reduzca el coste de los viajes dentro del territorio nacional.

¿Y la Constitución?

Esta decisión del Gobierno de retrasar la aprobación del borrador de Presupuestos también es muy polémica. No solo porque sea inédita, también porque se salta el artículo 134 de la Constitución española. En concreto, en su tercer punto, determina que “el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Esto significa que su margen se acaba este próximo sábado, fecha en la que es seguro que no estarán listos.

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El Gobierno quiere garantizarse los apoyos para asegurar que la Cámara no le devuelve las cuentas; sin embargo, la Constitución dice que es su obligación presentarlos ante las cámaras a tiempo. Por ejemplo, en 1995, el Gobierno de Felipe González presentó sus Presupuestos ante el Congreso aunque todavía no tenía cerrados los acuerdos para su aprobación. Finalmente, sus negociaciones con CiU fracasaron y la formación, entonces liderada por Jordi Pujol, decantó la balanza a favor de la oposición, liderada entonces por José María Aznar. Con esta decisión, CiU forzó la convocatoria de nuevas elecciones, que dieron inicio a la época de Aznar. La Constitución no distingue de mayorías en este punto, simplemente determina los plazos, y Montoro está dispuesto a saltárselos. ¿Será una decisión impune?