Montoro amplía hasta 4.500 millones el recorte del presupuesto catalán

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no iba de farol cuando advirtió al 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont, que si no aprobaba él el Acuerdo de No Disponibilidad (AND) para recortar todos los gastos que no estuvieran ya comprometidos, él mismo lo haría. La cuenta atrás se acabó el martes sin que Puigdemont cumpliera con lo dispuesto en el BOE y Montoro no quiso dar ni un día más de margen a la Generalitat. El ministro firmó anoche el Acuerdo de No Disponibilidad, con fecha de 20 de septiembre, por el cual que corta todos los gastos de la Generalitat que no vayan destinados a financiar los servicios básicos (sanidad, educación, dependencia, seguridad, etc.) y las nóminas de los funcionarios para lo que resta de año, que ahora se encarga de abonar la Administración general.

Fue el propio ministro quien firmó este Acuerdo de No Disponibilidad por el que la Generalitat perderá 4.500 millones de euros procedentes del sistema de financiación autonómica o cualquier otra transferencia de una Administración a la comunidad. Los primeros 1.400 millones (que ya estaban anunciados) se corresponden a las transferencias de lo que resta de mes de septiembre y los 3.100 millones restantes serían las entregas de octubre, noviembre y diciembre.

A partir de ese momento, cualquier gasto que quiera realizar la comunidad tendrá que solicitarlo al ministerio, que será quien tenga la última palabra. La Orden firmada por Montoro dicta que "el Acuerdo de No Disponibilidad supondrá la emisión de los correspondientes certificados de retención de crédito que garanticen el cumplimiento del acuerdo". De este modo, el Gobierno se garantiza que Cataluña no disponga de cientos de millones de euros de liquidez con los que podría financiar la celebración del referéndum del 1-O. El Aacuerdo solo podrá revertirse a solicitud de la Intervención General de Cataluña, y siempre que se justifique "la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad", dicta la Orden. La última palabra la tendrá siempre el propio Ministerio de Hacienda.

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El Ministerio de Hacienda informará este miércoles al Govern del Acuerdo de No Disponibilidad aprobado, para que tenga comunicación oficial de la decisión, y también a la Intervención General de Cataluña. Montoro ha argumentado que solo con este control del gasto podrá vigilar que el dinero público no se destina a financiar un acto ilegal (el referéndum). Pero ha ido más lejos, al asegurar que el descontrol de la Generalitat, que ya no comunica al ministerio cuáles son sus gastos, pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. En otras ocasiones, Hacienda ya ha obligado a distintas administraciones a firmar AND como consecuencia de un mal control de las cuentas públicas, con la diferencia de que siempre el recorte del gasto se producía después de conocer la ejecución presupuestaria, y nunca antes.

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A partir de este miércoles, la Generalitat ya no podrá ejecutar el presupuesto que le queda pendiente para el resto del año, una decisión que paraliza futuras inversiones, gastos en servicios no fundamentales, programas de estímulo, etc. En esto consiste el "novedoso control de pagos" elaborado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que anunció Montoro el pasado viernes.

La Generalitat ha tratado de frenar esta medida con un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando la aplicación de medidas cautelares para tratar de disponer de todo su presupuesto hasta el referéndum. El Supremo ha admitido a trámite el recurso, pero no se han aprobado medidas cautelares. Para el 'vicepresident' económico de la Generalitat, Oriol Junqueras, la decisión del ministerio no cumple la legislación, ya que utiliza la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera para conseguir "objetivos políticos".

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De esta forma, Montoro completa la intervención total de la liquidez de la Generalitat, después de que el sábado ya perdiese el control del gasto destinado a financiar los servicios públicos fundamentales y a pagar las nóminas de los funcionarios. De esta forma, el Gobierno controlará directamente todos los recursos procedentes de la Administración central, esto es, las transferencias del sistema de financiación autonómico, el pago de los servicios básicos y los mecanismos extraordinarios de liquidez (principalmente el FLA). Los únicos recursos que todavía tendrá la Generalitat son los procedentes de los impuestos cedidos, como Patrimonio o ITP y AJD. Esta liquidez la controlará de forma indirecta, a través de los bancos. Como todos los movimientos se realizan empleando el canal bancario, el control de las cuentas será máximo.