PP y PSOE ignoran a 'sus expertos' y pactan renovar el cupo sin enmiendas

Al inicio del año, el Gobierno prometió tener lista la reforma de la financiación autonómica a lo largo de 2017, que lleva pendiente de revisión desde 2014. Desde entonces, los meses han ido pasando y el Ministerio de Hacienda ha dejado plantadas a las 15 comunidades del régimen común, ya que ni siquiera ha iniciado las negociaciones para la reforma ni ha realizado una propuesta. A estas alturas, ya nadie espera que vaya a haber una reforma este año, todo lo contrario de lo que ocurre con el cupo y el concierto del País Vasco.

Aunque no estaba entre los objetivos que se marcó el Gobierno para este año, será una de las pocas medidas que apruebe en 2017. Los votos del PP, PSOE y PNV serán más que suficientes para sacar adelante la revisión de las dos leyes y lo harán por lectura única, esto es, sin permitir que el resto de grupos introduzca enmiendas parciales.

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La actualización del cupo supone que tanto PP como PSOE ignorarán las recomendaciones de 'sus expertos'. El Gobierno convocó una comisión de expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica que estaba formada por sabios designados por Hacienda y por todas las comunidades autónomas del régimen común (salvo Cataluña, que se negó a participar). Esto es, todos ellos nombrados por gobiernos del PP o el PSOE.

Estos expertos realizaron un informe con sus recomendaciones y, a pesar de las diferencias, consiguieron unanimidad en algunos puntos. Uno de ellos fue precisamente el que se van a saltar el PP y el PSOE con esta revisión del cupo. Los expertos solicitaron que País Vasco y Navarra contribuyan a la solidaridad interregional, ya que son dos de las regiones con mayor renta per cápita de España. “Las comunidades forales deberían comenzar de forma inmediata a contribuir a la nivelación interterritorial”, establece el informe final. La solidaridad de vascos y navarros se repartiría a través de algún tipo de fondo autonómico que en ningún momento iría al Estado, sino que serviría simplemente para reducir las diferencias de financiación de las diferentes autonomías.

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Los expertos nombrados por el Partido Popular y por el PSOE votaron a favor de este punto, ya que supone estimular la solidaridad dentro del país sin renunciar a los derechos históricos del País Vasco reconocidos en la Constitución española. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha ignorado esta petición y ha pactado con el Gobierno vasco una actualización del cupo que no incorpora ni un euro de solidaridad territorial. Una decisión que ha generado malestar entre los expertos que formaron parte de la comisión.

“Hubo unanimidad entre los expertos, ninguno tuvo dudas sobre la necesidad de contribuir a la solidaridad interterritorial”, explica Alain Cuenca, profesor de Economía Pública de la Universidad de Alcalá y experto de la comisión designado por Aragón. Hacienda ha ignorado la opinión de los expertos, y también de la oposición, al tramitar la actualización de las normas con urgencia y sin aceptar enmiendas parciales.

Las comunidades forales deberían comenzar de forma inmediata a contribuir a la nivelación interterritorial

El PSOE también defiende el cupo vasco y dará su apoyo a Hacienda para culminar el acuerdo alcanzado con el Gobierno vasco. Ferraz considera que ahora toca renovar el cupo que lleva pendiente de revisión desde 2012, pero está abierto a estudiar posibles mejoras, como puede ser la solidaridad territorial. Tanto la Constitución española como el Estatuto autonómico recogen los derechos forales de la comunidad y no incluyen ninguna aportación al resto de comunidades, por lo que sería necesario modificarlos, explica el partido. Para hacerlo, sería necesario iniciar un diálogo que culminara en un acuerdo entre las partes, algo que Ferraz no descarta para el futuro. En cualquier caso, pedir al País Vasco que aporte al resto de España es un riesgo para cualquier formación política por la cantidad de votos que hay en juego en la región.

Una comunidad rica

El reparto de los recursos públicos entre las regiones es uno de los puntos calientes de la financiación autonómica, tanto para las comunidades del régimen común como para las forales. La solidaridad territorial no es un tema de moda en un momento en que cada región piensa en 'qué hay de lo mío'. Actualmente hay cuatro comunidades que aportan (su saldo fiscal es negativo), que son Comunidad de Madrid, Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana.

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Todas ellas, salvo Comunidad Valenciana, se sitúan en los puestos altos en cuanto a PIB per cápita, por lo que se respeta la solidaridad territorial. Sin embargo, no ocurre lo mismo con País Vasco y Navarra, que se sitúan en segunda y tercera posición por renta per cápita, solo superadas por Madrid. En su caso, no existe solidaridad territorial, lo que supone un beneficio respecto al resto de regiones.

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El PIB per cápita del País Vasco en 2016 fue de 31.805 euros anuales, el segundo más elevado de todo el país y un tercio superior a la media de España, según los datos del INE. Si se compara con Extremadura, el PIB per cápita del País Vasco es casi el doble (un 94,3% superior).

Esta diferencia es la que apoya el discurso de la solidaridad regional. Sin embargo, este discurso es simplista, ya que no evalúa la eficiencia del gasto público de las diferentes administraciones, los resultados de las políticas públicas o si la redistribución genera algún efecto de convergencia entre las regiones.