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El BdE apoya a Montoro y se declara "fan" de la regla de gasto
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ACUSA A PP Y PSOE DE HACER POLÍTICAS FISCALES ERRÁTICAS

El BdE apoya a Montoro y se declara "fan" de la regla de gasto

La regla de gasto sigue desatando polémicas. El director del servicio de Estudios del Banco de España se ha mostrado fan de su aplicación. Critica las políticas fiscales de PP y PSOE

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)

“Yo soy un fan de la regla de gasto”. Así de contundente se ha manifestado este jueves el director del servicio de Estudios del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sobre el mecanismo que restringe el aumento del gasto público al crecimiento del PIB potencial. Utilizando un estudio previo del propio banco central, estima que, si se hubiera aplicado una regla similar en los años anteriores a la crisis, en vez de alcanzar el Estado un superávit del 2% en 2007, hubiera llegado al 8,5% del PIB, lo que hubiera protegido al sector público de la crisis.

Hernández de Cos, sin embargo, admite que la regla de gasto que se aplica en España es muy diferente a la que se utiliza en la Unión Europea, donde la inversión pública no se contabiliza en un solo año, sino que se hace el promedio de cuatro ejercicios. Precisamente para evitar que una política presupuestaria muy restrictiva estrangule el crecimiento económico.

En España, por el contrario, la ley de estabilidad no discrimina, lo que explica que muchos ayuntamientos se hayan alzado contra los límites que impone Hacienda en un contexto de superávit presupuestario (más de 7.000 millones de euros en 2016). Es por eso que, según Jorge Martínez-Vázquez, catedrático de la George State University, la regla de gasto solo debiera aplicarse “en momentos desesperados”, pero nunca cuando hay estabilidad presupuestaria. Al tiempo que se pregunta por lo que hubiera pasado en España si en los años ochenta, en pleno despegue económico, se hubiera aplicado una regla de gasto tan restrictiva.

Admite que la regla de gasto que se aplica en España es muy diferente a la que se utiliza en la UE, donde la inversión pública no se contabiliza

El director del servicio de Estudios del BdE ha hecho estas manifestaciones durante el primer Diálogo España-Portugal, inaugurado por el ministro de Economía portugués, Manuel Caldeira, y celebrado en Baiona (Pontevedra), en el que se ha puesto en duda que los países más descentralizados —como es el caso español— sean más propensos al gasto público que los fuertemente centralizados. “Los países más descentralizados no lo hacen peor, no hay evidencias empíricas”, ha asegurado Hernández de Cos.

En todo caso, recuerda un hecho singular. España pasó de un superávit fiscal del 2% del PIB a un déficit del 11% apenas dos años más tarde Ocurrió entre 2007 y 2009, lo cual revela, según Hernández de Cos, que la sostenibilidad de las cuentas públicas era inviable. El BdE, de esta manera, respalda las políticas de ajuste avaladas por el BCE durante los años más duros de la crisis. Entre otras cosas, porque la estructura institucional de la UE impedía políticas de mutualización fiscal. Pero dicho esto, achaca la intensidad de los recortes a las políticas erráticas practicadas desde el estallido de la crisis tanto por el PSOE como por el Partido Popular. Y pone un ejemplo.

El BCE y los testigos de Jehová

En 2010, en plena recesión, la política presupuestaria de Zapatero —medida en términos de saldo estructural primario ajustado por el ciclo— fue restrictiva; un año más tarde (elecciones), fue expansiva, mientras que entre 2012 y 2014 (ya con un nuevo Gobierno de Rajoy), fue fuertemente restrictiva (principalmente en el primer año), mientras que en 2015 y 2016, ha sido expansiva. ¿No habría sido mejor hacer una política fiscal más equilibrada a lo largo de los años?, se pregunta Hernández de Cos.

En su opinión, lo que han hecho los gobiernos no es enfrentarse al problema estructural de la sostenibilidad de las cuentas públicas. Por el contrario, han optado por lo más sencillo, como es recortar la inversión pública, cuyo impacto en términos sociales (a corto plazo) es menor, aunque a largo plazo es una mala noticia debido a los multiplicadores de crecimiento que impulsa la inversión. Como ha recordado Hernández de Cos, “la mitad del ajuste que ha hecho España ha sido a costa de la inversión futura”.

placeholder El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. (Reuters)
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. (Reuters)

Esta política de recortes ha sido fruto, según el economista Antón Costas, de la “desastrosa” política monetaria del BCE durante los primeros años de la crisis, que hizo lo contrario que la Reserva Federal. Costas lo ha expresado muy gráficamente: lo que se hizo en tiempos de TrichetDraghi cambió de estrategia— “fue como poner a un testigo de Jehová al frente de un banco de sangre, cuando lo que tienen que hacer los bancos centrales es hacer transfusiones cuando las necesita la economía”.

Hay consenso, sin embargo, y pese al ‘riesgo moral’ que supone, en la necesidad de avanzar hacia los eurobonos como el instrumento más adecuada para aumentar la integración financiera de las economías europeas. Y ello pese a que todavía hay problemas para cerrar la unión bancaria, para reducir la fragmentación del mercado de capitales y para la creación de un fondo de garantía de depósitos europeo. “Los eurobonos son factibles y necesarios”, ha dicho Hernández de Cos, aunque siempre con límites. A partir de un determinado nivel de deuda, los gobiernos nacionales serían los únicos responsables de las emisiones, y no el conjunto de la UE.

“Yo soy un fan de la regla de gasto”. Así de contundente se ha manifestado este jueves el director del servicio de Estudios del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sobre el mecanismo que restringe el aumento del gasto público al crecimiento del PIB potencial. Utilizando un estudio previo del propio banco central, estima que, si se hubiera aplicado una regla similar en los años anteriores a la crisis, en vez de alcanzar el Estado un superávit del 2% en 2007, hubiera llegado al 8,5% del PIB, lo que hubiera protegido al sector público de la crisis.

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