REBELIÓN CONTRA EL ACUERDO PP-PNV

El cupo vasco y la creación de un IVA autonómico rompen la comisión de expertos

El pacto sobre el cupo vasco y la creación de un recargo en el IVA a cargo de las CCAA han elevado las tensiones en la comisión de expertos que debaten la financiación autonómica

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)

La reforma del actual modelo de financiación autonómica echó a andar a principios de año tras la creación de una comisión de expertos, pero nada indica que vaya a llegar a buen puerto. Al contrario. Asuntos como el cupo vasco o la creación de un recargo sobre el IVA destinado a financiar las CCAA han disparado las tensiones. Hasta el punto de que uno de sus miembros, el hacendista Carlos Monasterio, presentó el viernes de la pasada semana su dimisión por el acuerdo suscrito entre el Gobierno vasco y el ministro Montoro. Según Monasterio, el acuerdo sobre el cupo convertía a este órgano en "irrelevante”.

Más significativo, sin embargo, es el hecho de que la 'extrema politización' de la mayoría de los miembros de la comisión, como sostiene uno de los ponentes, llevará a que las conclusiones vayan a estar preñadas de votos particulares. En particular, en asuntos como la creación de un IVA autonómico que permitiría a las regiones financiarse mediante un recargo de uno o dos puntos sobre los tipos estatales.

La idea, defendida por el economista y director general de Fedea, Ángel de la Fuente, uno de los expertos propuestos por el Ministerio de Hacienda, cuenta con la oposición de numerosos miembros de la comisión, entre ellos Manuel Lagares, también propuesto por el Gobierno, y pretende ser una especie de incentivo a la corresponsabilidad fiscal.

La implantación del IVA colegial, sin embargo, requiere consenso, y nada indica que vaya a salir adelante. Entre otras cosas, porque como sostiene uno de los comisionados, el nuevo IVA “erosionaría” los recursos del Estado.

Otro de los consejeros, Guillem López Casasnovas, que representa a Baleares (quien a su vez ha creado una comisión de enlace con Cataluña —que decidió quedarse fuera de los trabajos de la comisión—), ha llegado a calificar las intenciones del Gobierno como ‘martingala’. Es decir, un proceso encaminado al engaño, como lo define la RAE. Según López Casanova, es absurdo el sistema elegido por el Gobierno para nombrar a los comisionados: uno por comunidad autónoma más seis miembros designados por el Consejo de Ministros, sin que el presidente, Manuel González Sánchez, profesor de derecho tributario, sea un especialista en financiación autonómica.

La dimisión de Monasterio es relevante porque se trata de uno de los especialistas que han criticado con mayor dureza el sistema de cálculo del cupo vasco, toda vez que supone una merma de recursos del Estado en favor de las tres diputaciones forales vascas, que en última instancia son quienes gestionan el presupuesto. Algo que explica que el presidente de Aragón, Javier Lambán, haya dicho que el acuerdo sobre el cupo vasco “imposibilita el pacto de financiación autonómica”.

El cupo cuesta 2.500 millones al Estado

Según un estudio de Monasterio, cuando se analiza en términos cuantitativos el conjunto de flujos financieros entre la Hacienda Foral del País Vasco y la Hacienda central, “la cantidad pagada minusvalora en más de 2.500 millones de euros anuales la contribución de la Hacienda Foral para el último periodo quinquenal sobre el que se dispone de datos (2002-­2006)”.

Aunque formalmente la encomienda que dio el Gobierno a la comisión fue que solo diera propuestas sobre un nuevo modelo de financiación respecto del régimen común (todas las CCAA menos los sistemas forales), lo cierto es que muchos miembros piensan que es imposible abstraerse de ello, toda vez que los recursos del Estado son vasos comunicantes. Lo que ingresen de más el País Vasco y Navarra sale del resto del erario público.

El Gobierno emplazó a la comisión a que tuviera listo su informe a finales del mes de junio. Sin embargo, y pese a que se reúne prácticamente un día por semana, nada indica que se vaya a cumplir el calendario. La intención de Hacienda es que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del mes de julio ya se distribuyan las propuestas para que posteriormente las discutan las regiones y se plasmen en una ley antes de que finalice el año. Su entrada en vigor sería, por lo tanto, en enero de 2018.

Precisamente, este miércoles se reúne la comisión mixta del Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco, lo que supone poner cifras concretas al acuerdo firmado hace unas semanas que permite al Gobierno seguir tramitando los Presupuestos Generales de 2017 con el voto a favor de los cinco diputados del PNV.

El acuerdo, como se sabe, fija el cupo vasco de este año en 956 millones —192 millones menos que el año pasado— y contempla la devolución a Euskadi de 1.400 millones en un plazo de cinco años por el coste de las políticas activas de empleo transferidas al Gobierno de Vitoria hace unos años, y que no tenían dotación presupuestaria.

El cupo es la aportación que hace Euskadi cada año a las arcas comunes del Estado por las competencias no transferidas al Gobierno autonómico, como infraestructuras (aeropuertos, puertos, ferrocarriles), defensa y representación exterior. Con este dinero se contribuye también al mantenimiento de las instituciones comunes, como el Congreso y el Senado.c

La cuantía del Cupo se determina en leyes quinquenales —Ciudadanos ha anunciado que votará en contra— pactadas por los gobiernos central y vasco. La última fue aprobada en 2007 y debía haberse renovado en 2011, pero no ha sido posible hasta ahora por las discrepancias en la metodología para calcularlo.

Quedará pendiente la renovación de la Ley Quinquenal del Cupo, aunque este asunto se retomará en otra reunión de la comisión mixta a celebrar en julio. La idea es que la nueva norma se apruebe antes de fin de año.
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