ANDALUCÍA, VALENCIA Y ASTURIAS PIDEN acompasar EL CUPO Y LA REFORMA DE LA LOFCA

Sánchez ataja el malestar de los barones por negociar el cupo sin atar la financiación

El líder contuvo una 'rebelión' de sus territorios impulsando en Valencia una resolución con la que apremiaba al Gobierno a poner sobre la mesa su propuesta de nueva Lofca antes de fin de año

Foto: Pedro Sánchez y el presidente valenciano y líder del PSPV, Ximo Puig, este 20 de noviembre en Valencia. (EFE)
Pedro Sánchez y el presidente valenciano y líder del PSPV, Ximo Puig, este 20 de noviembre en Valencia. (EFE)

Pedro Sánchez buscó desactivar la bomba que le podía explotar de lleno en la cara. Antes de que aumentara en las cancillerías socialistas el ruido por la tramitación ultrarrápida de la actualización del cupo vasco, intentó aplacar la tormenta por anticipado. Lo hizo empujando al Gobierno a favor de la reforma de la financiación autonómica, exigiéndole, a través de una resolución, que ponga una propuesta encima de la mesa antes del 31 de diciembre. Aun así, el movimiento de Ferraz no apagó del todo las tensiones con los territorios, que existen y que aflorarán con seguridad cuando se entre al detalle de la negociación cada Ejecutivo autonómico deba acordar con Hacienda las líneas maestras del nuevo modelo. Algunos barones creen que la aprobación del cupo debiera haber corrido paralela al diálogo sobre la reforma del sistema de financiación, e incluso en territorios como Andalucía, con Susana Díaz al frente, se lamentan de que Ferraz no haya utilizado como herramienta de presión su voto en el Congreso sobre el cupo para forzar a Mariano Rajoy a meterse ya en faena con la reforma de la financiación.

La angustia por la tardanza en cambiar el sistema de reparto de recursos económicos entre territorios para garantizar una mayor equidad en la prestación de los servicios públicos cuyas competencias están transferidas —porque en eso consiste el modelo de financiación autonómica— se ha solapado en el tiempo con la tramitación, esta semana en el Congreso, de dos textos que el Ministerio de Hacienda ha negociado bilateralmente con el Ejecutivo vasco, que comparten PNV y PSE. Uno, la modificación de la Ley del Concierto Económico, que regula esa relación especial de Euskadi con el Estado, y dos, la metodología de señalamiento del cupo para el quinquenio 2017-2021.

La incomodidad no es con la mejora del cupo, sino con el hecho de su debate no haya corrido paralelo a la del sistema de las CCAA de régimen común

El cupo es la traducción práctica del concierto: la aportación anual que hace Euskadi para financiar los servicios públicos que gestiona directamente el Estado. La cifra base del cupo es de 1.300 millones de euros anuales, pero en cada ejercicio lo que pagará realmente el País Vasco será menos, según los descuentos que se aplican por distintos conceptos —como las políticas activas de empleo, que diseña y paga el Ejecutivo de Vitoria pero que son competencia estatal— y que varían de un año a otro, y que hace que, por ejemplo, la cifra que abone este año ronde los 950 millones. Además, las dos partes pactaron que el Estado devuelva al Gobierno vasco de Iñigo Urkullu un total de 1.400 millones que se entiende que se cobraron de más en años anteriores, una cantidad que se irá descontando progresivamente de aquí a 2021. Así, el 10% de esos 1.400 millones se descontarán del pago de este 2017. En resumidas cuentas, el acuerdo pactado con Hacienda es muy ventajoso para Euskadi.

Manifestación en Valencia

En Ferraz se preveía que esta semana podía ser conflictiva y se decidió intentar poner remedio y aplacar los ánimos. Porque la tramitación del cupo en el Congreso, esta semana, coincidía con la manifestación en Valencia el pasado sábado por una financiación justa. Sánchez por eso programó una reunión de parte de su ejecutiva con el núcleo duro del PSPV, con el 'president' Ximo Puig a la cabeza, para lanzar una señal. Un guiño. El secretario general se reunía con el jefe de los socialistas valencianos en una comunidad especialmente castigada por el actual sistema, indiscutiblemente infrafinanciada. Puig, además, ha hecho bandera, desde su llegada a la Generalitat, de la necesidad de revisar el modelo por el ahogo que sufren sus cuentas públicas.

El texto socialista aprobado el lunes impone dos condiciones: igualdad de acceso a los servicios públicos y suficiencia financiera para las CCAA

La dirección socialista, en consecuencia, se veía en la necesidad de lanzar un gesto hacia fuera, de exigencia al Gobierno, y al tiempo de apaciguamiento de sus barones, dado que estaba claro que se votaría sí al acuerdo sobre el cupo. Rajoy pactó en la última Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado enero, que en este año se alumbraría un nuevo sistema de financiación autonómica, ya que el actual, vigente desde 2009 —e impulsado por tanto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero—, caducó hace casi cuatro años y ha demostrado importantes déficits. Pero esa renovación del modelo aún no ha llegado, pese a que el Ejecutivo del PP se ha mostrado dispuesto a negociarlo con el PSOE, que preside siete comunidades autónomas —Andalucía, Asturias, Baleares, Aragón, Valencia, Extremadura y Castilla-La Mancha—.

El secretario de Política Económica de la ejecutiva de Sánchez, Manu Escudero, a la vista de que se avecinaba la discusión en el Congreso sobre el cupo y que se solapaba con la manifestación en Valencia —un éxito de convocatoria—, fue preparando la redacción de una resolución ad hoc [aquí en PDF] para impulsar la negociación de la nueva financiación autonómica y local con los consejeros de Hacienda socialistas. El texto final fue el que se presentó este lunes en Valencia, tras la reunión de la dirección federal con la del PSPV. Se buscó deliberadamente que fuera genérico, pero que dejase claro cuáles son los límites que pone el PSOE: que garantice la igualdad de los ciudadanos en el acceso a unos servicios públicos de calidad con independencia del territorio en el que vivan y que asegure la suficiencia financiera de las comunidades. Además, el secretario general apretó las tuercas a Rajoy: le apremió a que ponga sobre la mesa una propuesta antes del 31 de diciembre de 2017. O sea, ya.

Sánchez ataja el malestar de los barones por negociar el cupo sin atar la financiación

Lo que buscó Ferraz, tal y como reconocía un dirigente de primer nivel próximo a Sánchez, era "anticiparse al conflicto que iba a venir", calmando por anticipado los ánimos de los barones, haciéndose eco de sus demandas y urgencias. Sin embargo, este martes se apreciaron las primeras tensiones, que son solamente un prólogo de lo que vendrá, ya que cuando se entre al detalle de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), se comprobará lo difícil que es casar los intereses de los distintos territorios, incluso de aquellos gobernados por un mismo partido. Así, Andalucía, Asturias y Valencia evidenciaron una misma reclamación: que la aprobación de la mejora del cupo debería discurrir en paralelo con la negociación de la financiación autonómica.

Euskadi, "sobrefinanciada"

"Lo razonable" es que se negocie, "de manera paralela, al mismo tiempo" el cupo y el modelo de financiación —que afecta a las 15 comunidades del régimen común, todas menos Euskadi y Navarra—, "porque es lo que merecen los ciudadanos y lo que es justo", aseguró Susana Díaz desde Bruselas, después de recalcar que sería "intolerable, una barbaridad" que Rajoy no cumpla su palabra. "No tendría ningún sentido que se aprobara el cupo vasco y no se aprobara el nuevo sistema de financiación", dijo por su parte Ximo Puig en Alicante. Desde Oviedo, el presidente asturiano, Javier Fernández, fue aún más claro: "Convendría que en lugar de aprobar ahora la ley de cupo para cinco años se apruebe dentro de unos meses, cuando se esté negociando también el sistema de financiación autonómico que también sería para otros cinco años, y de esa manera veríamos la fórmula de que desde el cupo se transfirieran, porque es obligado hacerlo, porque Euskadi está muy sobrefinanciada, recursos a las CCAA del sistema de financiación de servicios públicos esenciales".

En la reunión de grupo, los diputados andaluces eluden expresar críticas, y los valencianos Císcar y Campos intervienen en la línea de Puig

Díaz, Puig y Fernández se encuadran dentro del sector de barones críticos con Sánchez, aunque las tensiones del pasado con el secretario general no son ni mucho menos las mismas. De hecho, en la reunión del Grupo Socialista en el Congreso de este martes, antes del pleno que abordó la tramitación en lectura única del cupo, los diputados andaluces optaron deliberadamente por no verbalizar su reclamación de que se acompase la reforma de la Lofca con la mejora del sistema de Euskadi, "precisamente para que no se lea en clave interna, como un ataque a Pedro", manifestaba uno de los parlamentarios del PSOE-A con más peso. "Nos tuvimos que morder la lengua, dejando al Gobierno elevar la voz". Y es que en la federación de Díaz se siente que Ferraz no ha hecho valer toda su capacidad de presión: creen que de haber puesto más distancia con el acuerdo de Hacienda y el Ejecutivo vasco, Rajoy se habría puesto más las pilas con la Lofca.

Pero esa reflexión más crítica no emergió en la reunión de grupo. El coordinador de los diputados andaluces, Antonio Pradas, habló sobre financiación local —otra de las preocupaciones de los socialistas—, y el granadino Gregorio Cámara incluso recordó que el concierto económico y el cupo no son "privilegios", sino un hecho diferencial recogido en la Constitución. Por su parte, los parlamentarios valencianos Ciprià Císcar y Herick Campos trasladaron la visión de su jefe de filas, Ximo Puig, en el sentido de apremiar a Rajoy a negociar ya la Lofca. Nadie se desmarcó de la posición fijada por la dirección: apoyar el trámite de la ley del concierto y de la actualización del cupo. En la votación, ya por la tarde, tampoco hubo fugas de voto. De hecho, ambos textos fueron respaldados por todo el Congreso, salvo por los 32 diputados de Ciudadanos y los cuatro de Compromís, socios de gobierno de Puig en Valencia.

Sánchez ataja el malestar de los barones por negociar el cupo sin atar la financiación

"No estamos en el Gobierno"

En otros territorios como Castilla-La Mancha también se comparte la reflexión de los presidentes de Andalucía, Asturias y Valencia. Otros, como el extremeño Guillermo Fernández Vara, se atienen a la posición federal y Aragón, dirigida por Javier Lambán, prefiere resguardarse. En Baleares, otra región castigada, la presidenta Francina Armengol sí pide canalizar cupo y Lofca a la vez, pero no culpa a Ferraz, porque no es Sánchez quien está en La Moncloa y en Euskadi el PSE está en el Ejecutivo del PNV. En este debate, pues, también se cruzan variables propias de cada autonomía, ya que el impacto del sistema no es homogéneo.

"Decimos lo mismo que las federaciones: tanta prisa para tramitar el cupo y ninguna para el resto de las comunidades", observan en Ferraz

En Ferraz dicen entender los lamentos de sus federaciones y sus medidos reproches sobre la presión ejercida por Sánchez. "En realidad, estamos diciendo lo mismo. Tanta prisa para tramitar el cupo y ninguna para el resto de las comunidades, que no cuentan con un modelo estable y sostenible. Pero todo tiene su tiempo en política, y lo que no podemos hacer es, por recalcar la inquietud justa de esas 15 CCAA, obstaculizar la aprobación del sistema vasco pactado entre los dos Ejecutivos. No somos un partido irresponsable. Lo único que podíamos pedir es otra Lofca y a plazo fijo, antes de que acabe el año", razonaba ayer martes uno de los miembros más destacados de la cúpula. Además, en la dirección federal se respondía a Andalucía recordando que no es el PSOE quien marca los tiempos de la tramitación del cupo: "Nosotros no estamos en el Gobierno, no es nuestra responsabilidad".

Sánchez ataja el malestar de los barones por negociar el cupo sin atar la financiación

Ferraz tiene claro que permitirá a las CCAA socialistas que realicen sus propias propuestas para la reforma de la financiación autonómica, pero no será a costa de las comunidades forales. “Somos un partido federal, tiene que haber cierta flexibilidad para los territorios”, explica a este diario Manu Escudero. Esto no significa que la formación vaya a oponerse a la actualización del cupo que aprobará el jueves el Congreso.

Sánchez llama a todos sus barones para cerrar una postura única

Este miércoles, cuando varios medios, incluido El Confidencial, informaban de las discrepancias en el seno del PSOE a cuenta de la tramitación del cupo y la llamada desesperada por una nueva financiación autonómica de los barones, Pedro Sánchez descolgó el teléfono. Llamó por la mañana uno a uno a todos los líderes territoriales. Según informaron fuentes oficiales de Ferraz, "todos mostraron su apoyo" al secretario general y al documento que aprobó el lunes la ejecutiva. Quien destapó la liebre fue Susana Díaz, con agenda en Bruselas, donde adelantó que había hablado con Sánchez y que compartía su posición de que se abra ya la negociación del nuevo modelo de reparto. 

La dirección del PSOE reconoce que le hubiera gustado que se tramitara la reforma de la Lofca antes que el cupo. "Pero no podíamos bloquearlo", advierten. 

 

Además, fuentes del Ministerio de Hacienda reconocieron este miércoles que no habrá propuesta encima de la mesa antes del 31 de diciembre, ya que no quieren que la presentación del modelo coincida con las elecciones del 21-D y se interprete como un intento de contentar a los catalanes, informa EFE. 

La posición de Ferraz es clara: “La Constitución de 1978 reconoce los fueros y los derechos históricos de Euskadi”. Por tanto, el cupo tiene que actualizarse y respetar el sistema del que goza la comunidad. El PSOE no se opone a que se pueda revisar en un futuro el concierto vasco y el convenio navarro, “siempre con diálogo y más diálogo”, pero lo que toca ahora es actualizar el cupo, que lleva sin modificarse desde el año 2007. “No significa que no se pueda avanzar en el futuro, pero no se puede resolver de un día para otro y por una ley ordinaria”, sentencia Escudero.

Pedro Sánchez y su número dos, Adriana Lastra, junto con Ximo Puig y la presidenta del PSPV, Juana Serna, este 20 de noviembre en Valencia. (EFE)
Pedro Sánchez y su número dos, Adriana Lastra, junto con Ximo Puig y la presidenta del PSPV, Juana Serna, este 20 de noviembre en Valencia. (EFE)

El PSOE considera que la mejora del cupo no guarda relación con la financiación de las comunidades de régimen común, sino que las dos pueden producirse de forma paralela. Ferraz reconoce que la revisión de las leyes del cupo y del concierto es urgente dado el retraso que lleva, pero también lo es la financiación del resto “y con mayor razón, puesto que se trata de 15 comunidades autónomas”.

La siguiente cita importante: el 4 de diciembre en el Senado y en la 'comisión del 155'

Tras acordar este martes el pleno del Congreso la tramitación directa en lectura única de la modificación del concierto económico vasco y la metodología del señalamiento del cupo, ambas normas se debatirán, sin pasar por tanto por la discusión en ponencia y comisión, este mismo jueves, 23 de noviembre, en la Cámara Baja, en sesión plenaria. De ahí ambas viajarán al Senado donde, si no hay cambios, se publicarán en el BOE. Hacienda ya ha programado que la actualización del cupo entre en vigor el 1 de enero de 2018, aunque surtirá efectos desde el 1 de enero del presente año

La siguiente cita parlamentaria importante tendrá lugar el 4 de diciembre en la Cámara Alta. Entonces el Gobierno dará cuenta de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en la comisión creada ad hoc, compuesta por 27 senadores procedentes de la Comisión General de las Comunidades Autónomas y de la Constitucional. El Grupo Socialista, que dirige el burgalés Ander Gil, había pedido que el Ejecutivo acudiera a explicar la intervención de Cataluña desde que se acordó el cese del Govern, el pasado 27 de octubre. El Ejecutivo entonces confirmó que iría al Senado el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, el lunes 4 de diciembre. 

Sin embargo, la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, se quejó del rango de la comparecencia ofrecida por el Gobierno. "En una materia tan importante cuanto más transparencia y normalidad democrática se le dé, muchísimo mejor", dijo la diputada. Después, fuentes parlamentarias informaron de que la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió acudir a la 'comisión del 155' el 4 de diciembre, coincidiendo con la comparecencia de Bermúdez de Castro, informa EFE. No obstante, será la Cámara Alta quien fije la fecha definitiva. 

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