La Comunidad Valenciana activa su propio 'procés'... para que le apliquen el artículo 156

En pleno debate sobre si una de las causas del auge soberanista catalán está en el exceso de autonomía política, los líderes valencianos se han propuesto moverse a contracorriente para exigir que la crisis abierta por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los suyos no interfiera en lo que consideran una necesidad urgente, la reforma del sistema de reparto de recursos económicos entre territorios para garantizar una mayor equidad en la prestación de los servicios públicos cuyas competencias están transferidas. Esta reformulación formaba parte de los compromisos adquiridos en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado mes de enero. Según el acuerdo suscrito entre los barones territoriales y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debía cristalizar antes de acabar el año 2017, pero el proceso independentista y la ausencia de interés entre las regiones que salen beneficiadas del modelo vigente han ido demorando la consecución de etapas. La comisión de expertos ha elaborado un documento base, otro grupo de trabajo técnico ha iniciado su concreción, y la previsión ahora es que pueda llegar al Congreso antes de que acabe el primer trimestre del año.

El artículo 156 de la Constitución forma parte del Título de la organización del Estado y garantiza la suficiencia financiera de las autonomías

El sistema actual penaliza ahora algunas autonomías como Murcia, Andalucía, Madrid o Cataluña en términos de recursos por habitante ajustados a competencias homogéneas. Pero hay un territorio especialmente castigado por la reiteración de la insuficiencia de recursos, la Comunidad Valenciana, abocada año tras año a sufrir un déficit de alrededor de 1.500 millones de euros provocado por la menor recepción de recursos a la hora de realizar el reparto de los ingresos tributarios, pese a tener una renta per cápita inferior a la media española. Aún con la respiración asistida que proporciona el Ministerio de Hacienda a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para paliar el déficit derivado de la insuficiencia, la Generalitat valenciana se sitúa en el furgón de cola en gasto per cápita destinado a servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales) y tiene uno de los menores ratios de empleados públicos por habitante de España.

La reivindicación de un reparto más justo forma parte del discurso político y empresarial desde hace varios años. Se han elaborado informes desde las Cortes Valencianas, organizaciones patronales y ámbitos académicos como el IVIE. Pero el reclamo de una nueva financiación ha cristalizado especialmente esta legislatura, cuando el Gobierno central y autonómico son de signo distinto. El asunto se ha convertido en una especie de mantra sin resolver en el debate político local, un bucle que, en ocasiones, sirve al Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra para camuflar sus propios errores y que la vez ejerce un papel aglutinador en las élites locales, porque tienen un argumento común reivindicativo.

Opinión

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En este contexto, la patronal autonómica Confederación Empresarial Valenciana (CEV), que preside Salvador Navarro, y los líderes sindicales autonómicos de CCOO y UGT, Ismael Sáez y Arturo León, respectivamente, han querido dar un paso adelante y salir a la calle este sábado 18 de noviembre. Esta marcha, a la que se han adherido el Gobierno autonómico, todos los partidos con representación en las Cortes Valencianas, a excepcion del Partido Popular (Ciudadanos dudaba, pero se ha apuntado finalmente), y distintas entidades sociales, empresariales, civiles o ayuntamientos discurre bajo el lema #finançamentjust (financiación justa). Desde la Administracion autonómica hasta los medios de comunicación locales se han alineado con el objetivo de que la marcha sea un éxito y tratar de presionar para acelerar la reforma.

Todos piden que se garantice por ley la suficiencia financiera de la Comunidad Autónoma. Si el Senado acaba de aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución Española para frenar el pulso independentista, los valencianos han puesto en marcha su particular 'procés', pero para que se cumpla el artículo 156, que forma parte también del Título VIII de la Constitución Española (el que hace referencia a la organización del Estado) y reza de forma literal en su apartado 1:

"Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles".

"Queremos hacer visible el problema valenciano y dejar claro que no solo existe Catalunya", aseguraba Navarro en la presentación de la convocatoria de la manifestación esta semana. "Queremos que el Gobierno autonómico, sea del color que sea, tenga los recursos necesarios para poder ofrecer a los valencianos los servicios que requieren, sobre todo en sanidad, educación y bienestar social", añadía León. "No se trata de victimismo ni de insolidaridad, se trata de que somos la comunidad peor financiada, doce puntos por debajo de la media, que además aporta recursos cuando deberíamos ser receptores", remataba Sáez.

Si la marcha es un éxito y reúne a decenas de miles de personas, podrá decirse que Mariano Rajoy tiene un problema en la Comunidad Valenciana

La marcha va servir de termómetro de la percepción ciudadana de un tema tan árido como es el de la financiación autonómica. Si los convocantes tienen éxito y reúnen varias decenas de miles de personas, podrá decirse que la reivindicación ha calado entre la población y que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene un problema en la Comunidad Valenciana. Que una autonomía sea capaz de salir a la calle para exigir mejoras en su relación con el Ejecutivo central en plena pugna contra el proceso independentista es un signo de que la crisis de Cataluña está tapando otros problemas de ámbito territorial que siguen sin resolverse.

No en balde, tras la cuestión de la financiación hay también un mensaje añadido, el de la defensa del autonomismo y del autogobierno de los territorios que conforman el Estado español en un momento en el que algunas voces abogan por una recentralización o por la retirada de competencias como sanidad o educación como una de las soluciones a los problemas de eficiencia en la gestión del sector público o frente a los nacionalismos. “La capacidad de proteger las prestaciones del Estado de bienestar desde 2009 ha sido muy desigual entre administraciones. Las autonomías de régimen común han reducido su gasto real por habitante en servicios públicos fundamentales (SPF) de su competencia a una tasa media anual del -1,8%, acumulando ajustes negativos por 11.126 millones de euros entre 2009 y 2015. En esos años las administraciones centrales han aumentado su gasto en SPF per cápita el 1,2% anual, 13.195 millones de euros", señalaba como contraargumento a las tesis jacobinas el número dos de la publicación 'Papers de Finançament', un boletín sobre financiación autonómica que elabora el IVIE con la colaboración de la Conselleria de Hacienda.

La movilización prevista para este sábado ha cogido completamente a contrapié a la lideresa regional del PP, Isabel Bonig. Los populares han decidido desmarcarse de la marcha para no hacer un feo a Rajoy. Bonig ha tratado de cubrirse montando una reunión con el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, este martes en la que ha anunciado nuevas inyecciones vía FLA. El problema es que es precisamente ese mecanismo de préstamos el que se busca sustituir por trasferencias directas. La aspirante popular ha recibido duras críticas además porque ha insinuado que el nuevo modelo de reparto iba a depender del apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que la Moncloa tiene en suspenso por la crisis de Cataluña y la ausencia de mayoría parlamentaria.

Actualización: La manifestación por "una financiación justa" reunió en las calles de Valencia a miles de personas (60.000, según los organizadores) este sábado 18 de noviembre por la tarde. La protesta, calificada de éxito por todos los convocantes, transcurrió sin incidentes y sin banderas ni consignas para evitar "cualquier sesgo político". El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró que es un día "de alegría y concordia entre los valencianos en defensa de la Comunidad" y defendió que los valencianos tienen derecho a "visibilizarse" en todo lo que les corresponde.

Sánchez muestra su apoyo a Puig en su cruzada por la nueva financiación

Por Juanma Romero | Valladolid

Justo dos días después de la manifestación en Valencia, el próximo lunes, la dirección federal del PSOE evidenciará su apoyo al 'president' en su cruzada a favor de un nuevo modelo de financiación. 

Pedro Sánchez y parte de su comisión permanente se reunirá en la tarde del 20 de noviembre con el secretariado del PSPV –el núcleo duro de la ejecutiva– y previsiblemente comparecerá después acompañado de Ximo Puig. Como aseguran desde el entorno de Sánchez, el secretario general quiere mostrar su apoyo sin fisuras al barón y, de paso, enarbolar también él la bandera de la negociación de una nueva financiación territorial. Además, la visita se produce la víspera de que el Congreso debata la tramitación directa y en lectura única de la reforma del Concierto económico y la metodología de señalamiento del Cupo vasco para el quinquenio 2017-2021 que el Gobierno pactó con el Ejecutivo de Vitoria, liderado por Iñigo Urkullu (PNV).

Sánchez, por tanto, dice que, dado que se habla ya de los recursos necesarios para dos comunidades centrales como Cataluña y Euskadi, hay que abrir sin demora el diálogo sobre la financiación de las autonomías de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra). 

Este viernes, en Valladolid, donde la dirección federal se reunió con la ejecutiva castellanoleonesa, Sánchez fue preguntado por esta cuestión. El secretario general dijo estar dispuesto a hablar con el Gobierno de Rajoy sobre el modelo de financiación "cuando y donde quiera", aunque es a Hacienda, aclaró, a quien le corresponde poner sobre la mesa una propuesta.

El PSOE defenderá una posición "muy ligada a la autosuficiencia financiera del Estado de bienestar". Es decir, que se garantice que las autonomías tendrán recursos suficientes para desplegar sus competencias en sanidad, educación, atención a los mayores dependientes y otros servicios sociales.

La del lunes será la segunda vez que la ejecutiva del PSOE se reúna fuera de Ferraz en este segundo mandato de Sánchez, tras la de este viernes en Valladolid. La intención de la dirección es que este tipo de encuentros fuera de la sede federal se celebren cada tres meses. La cita en Valencia tiene especial significado interno dado el enfrentamiento en el pasado de Sánchez y Puig.