El Ayuntamiento de Madrid retó a Montoro con más compras inmobiliarias prohibidas

El 28 de diciembre de 2016, día de los Santos Inocentes, el Ayuntamiento de Madrid cerró oficialmente una de las operaciones inmobiliarias que más han dado que hablar en los últimos tiempos: la compra del edificio situado en el número 45 de la calle de Alcalá, sede de las concejalías de Economía y Hacienda y Participación Ciudadana.

Pocas semanas antes, el consistorio había llamado a la puerta de Merlin Properties ofreciéndole adquirir el inmueble por 104 millones, importe que supuso pagar un sobreprecio del 14% respecto al valor en libros y que la oposición interpretó como una jugada a la desesperda del concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, por realizar inversiones para justificar el bajo nivel de ejecución presupuestaria, ya que hasta un mes antes apenas se había cumplido una tercera parte del mismo.

Precisamente, esta operación es una de las principales responsables de que el Ministerio de Hacienda haya intervenido las cuentas del ayuntamiento, al que acusa de haber incumplido la regla de gasto y de haber destinado a otros intereses (fundamentalmente inmobiliarios) un dinero que debería haberse dirigido a amortizar deuda.

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A pesar de la polémica que generó esta compra, y de las advertencias de Hacienda sobre las consecuencias de seguir por este camino, como ha terminado ocurriendo, el equipo de Manuela Carmena estaba dispuesto a seguir ampliando su patrimonio inmobiliario con más adquisiciones de edificios históricos, a pesar de que actualmente tiene una treintena de inmuebles vacíos.

En concreto, según ha podido confirmar El Confidencial, el consistorio intentó hacerse con el inmueble ubicado en el número 12 de la calle Buen Suceso, edificio protegido de grado singular, con 8.432 metros cuadrados, que lleva vacío desde 1999, aunque en su pasado figura haber sido el asilo de las Hermanitas de los Pobres y, posteriormente, la residencia de ancianos San Martín.

Desde hace tres años, este edificio es propiedad del Canal de Isabel II, empresa pública controlada en un 80% por la Comunidad de Madrid, que rechazó la propuesta que le hizo el ayuntamiento de comprar el edificio y evitar que saliera a pública subasta, según han confirmado fuentes oficiales.

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El principal motivo por el que Canal rechazó la propuesta del consistorio fue que la normativa lo obliga a realizar este tipo de desinversiones mediante subasta, sistema que, según las mismas fuentes, no impedía al ayuntamiento poder presentar ahí su oferta, eso sí, en concurrencia con el resto de interesados.

Ubicado en el barrio de Argüelles, el precio de salida del inmueble está fijado en 16 millones de euros y el nombre del ganador se conocerá el próximo 15 de noviembre, después de que el pasado lunes se cerrara el plazo para presentar ofertas, y una semana más tarde de que Hacienda haya cumplido su amenaza y haya intervenido las cuentas del Palacio de Cibeles.

La polémica del Presupuesto

El grueso de las críticas de la oposición a la gestión de Sánchez Mato radica en la bajísima ejecución presupuestaria que ha llevado a cabo en todos los ejercicios, y que el año pasado 'salvó' gracias a la compra del edificio de la calle Alcalá.

Esta operativa fue denunciada por PP, PSOE-M y Ciudadanos, ya que este tipo de operaciones no formaba parte de los Presupuestos, y como ha defendido Hacienda, todo aquel dinero que no se destine a la partida a la que se fijó solo puede ir dirigido a amortizar deuda, no a comprar propiedades inmobiliarias.

Hasta final de año, cuando se cierre el ejercicio, no se conocerán los datos finales de ejecución presupuestaria de 2017, pero, por el momento, el ayuntamiento ya se ha puesto la venda antes que la herida y ha empezado a advertir de que la ejecución de algunas obras y proyectos deberá "alargarse" a raíz de la intervención de Hacienda.