Así funciona la financiación autonómica

El actual modelo entró en vigor el 1 de enero de 2009, en plena recesión, pero con una dotación generosa —que se financió vía endeudamiento— para satisfacer, sobre todo, la presión del tripartito catalán, entonces en el Gobierno de la Generalitat. El modelo (con año base en aquel año) se aplica en todo el territorio del régimen común, incluidas Ceuta y Melilla, excepto en el País Vasco y Navarra, que tienen sus propios sistemas forales al amparo de la Constitución. Y nació con 11.000 millones bajo el ala para asegurar la suficiencia del sistema. Algo que, solo en parte, se ha conseguido.

El nuevo modelo pretendía mayor corresponsabilidad fiscal, para lo cual se aumentaron los porcentajes de cesión de los tributos parcialmente cedidos a las comunidades autónomas, al tiempo que se incrementaron sus competencias normativas para reforzar su autonomía financiera. De este modo, si con el modelo anterior el 70% de todos los recursos de las regiones procedía de los impuestos cedidos parcial o totalmente por el Estado, con el nuevo sistema, este porcentaje pasó a rondar el 90%.

Las CCAA, como se sabe, gestionan totalmente los siguientes tributos: transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones e impuestos sobre el juego y las tasas afectas a los servicios transferidos. Pero, además, participan en la recaudación del resto de tributos. En concreto, recaudación del impuesto sobre hidrocarburos y del impuesto especial sobre determinados medios de transporte; además del 50% de la tarifa autonómica del IRPF; el 50% de la recaudación líquida del IVA (sin capacidad normativa) y el 58% de la recaudación líquida por los impuestos especiales que gravan la cerveza, el vino, las bebidas fermentadas, el alcohol, los hidrocarburos y las labores del tabaco. También el 100% de la recaudación líquida por el impuesto sobre la electricidad.

Ese dinero, sin embargo, no se reparte de forma homogénea. Al contrario, se utilizan diversos criterios que vienen a ser la madre del cordero del sistema. De esta manera, las CCAA pueden atender sus necesidades de gasto en sanidad, educación o servicios sociales.

Criterios de reparto

Los criterios son los siguientes. Población protegida equivalente: 38%; población: 30%; población en edad escolar (entre cero y 16 años): 20,5%; población mayor de 65 años: 8,5%; superficie: 1,8%; dispersión de la población: 0,6%, e insularidad: 0,6%.

Dividiendo la financiación de cada región por su población ajustada, se obtiene un indicador de financiación por unidad de necesidad o per cápita ajustada que suele utilizarse para valorar la equidad de la distribución de recursos entre regiones.

Como sostiene De la Fuente en un trabajo publicado por BBVA Research, el sistema —que debía haber sido evaluado quinquenalmente— no intenta cuantificar el coste en términos absolutos de prestar los servicios públicos gestionados por las comunidades autónomas a algún nivel de calidad considerado deseable, pero sí intenta fijar un criterio de reparto que asegure que las necesidades de todas las regiones se ven satisfechas en la misma proporción.

El dinero no se reparte de forma homogénea. Al contrario, se utilizan diversos criterios que vienen a ser la madre del cordero del sistema

El instrumento de nivelación es el llamado Fondo de Garantía (FG), que no existía en modelos anteriores. Este Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales pretendía que todas las CCAA recibieran los mismos recursos por habitante en términos de población ajustada, no solo en el primer año de aplicación sino también en el futuro. Se trata del fondo que canaliza el grueso de los recursos del sistema, y funciona como una especie de caja única que se distribuye entre las regiones en proporción a sus necesidades estimadas de gasto. El FG se nutre con un 75% de los ingresos tributarios estandarizados de las comunidades autónomas y con una aportación adicional del Estado. En 2014, los recursos totales del fondo ascendieron a 76.000 millones de euros (incluyendo una contribución del Gobierno central), lo que representaba el 80% de los recursos ordinarios del sistema.

Cuenta, además, con otros fondos diseñados a la carta para satisfacer las necesidades singulares de cada región. Como el Fondo de Suficiencia Global, el Fondo de Convergencia, el Fondo de Competitividad, el Fondo de Cooperación o el viejo Fondo de Compensación Interterritorial, el único que tiene garantía constitucional, pero que ha ido perdiendo peso a lo largo del tiempo.