El Tripartito agrandó el agujero catalán y Mas estudia otra emisión de bonos ‘patrióticos’
  1. España
DELOITTE ELEVA LA DEUDA A 8.352 MILLONES

El Tripartito agrandó el agujero catalán y Mas estudia otra emisión de bonos ‘patrióticos’

El déficit que dejó el Gobierno Tripartito era mayor de lo esperado. En total, 8.352 millones de euros, el 4,2% del PIB catalán, según puso ayer

Foto: El Tripartito agrandó el agujero catalán y Mas estudia otra emisión de bonos ‘patrióticos’
El Tripartito agrandó el agujero catalán y Mas estudia otra emisión de bonos ‘patrióticos’

El déficit que dejó el Gobierno Tripartito era mayor de lo esperado. En total, 8.352 millones de euros, el 4,2% del PIB catalán, según puso ayer de manifiesto el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell. En otras palabras, uno de cada tres euros gastados no se podían cubrir con los ingresos de la Administración, por lo que hubo que echar mano de “créditos u otras vías”. El panorama, pues, es negro, ya que existen deudas contraídas hasta el año 2020 por más de 54.000 millones de euros. Los números conocidos obligan al Gobierno catalán a continuar con los recortes durante el año que viene.

Los datos están extraídos de la auditoría que Artur Mas encargó a Deloitte el pasado mayo para fiscalizar las cuentas del anterior Gobierno y se refieren a las cifras de la administración general de la Generalitat y a las de 23 entidades dependientes de ella que tienen presupuestos superiores a los 200 millones de euros. Según Mas-Colell, esta auditoría revela que hubo “un gasto muy superior a los ingresos, especialmente en sanidad e infraestructuras”. Además, destacó un ritmo de endeudamiento “insostenible”, lo que ha obligado a pagar unos 750 millones más de intereses.

El déficit previsto inicialmente por la Generalitat era de alrededor de 7.600 millones de euros, el 3,8% del PIB. Pero había partidas que no estaban contabilizadas y a las que hay que hacer frente. Entre ellas, destacan los créditos destinados al Instituto Catalán de Finanzas (ICF), la compra-venta de activos y partidas extraordinarias de 400 millones de euros aportadas para la construcción de la línea 9 del Metro de Barcelona, que finalmente ahora ha ralentizado el Ejecutivo de Mas. “Los ajustes deberían haber comenzado hace dos años”, argumentó Mas-Colell. Aún así cabe la posibilidad de reducir el déficit, a finales del 2012, al 1,3% previsto y a que obligan las directrices europeas de estabilidad presupuestaria.

Para hacer frente a las obligaciones, Mas-Colell no descarta una nueva emisión de deuda pública en los próximos meses, es decir, una nueva edición de que algunos círculos se conoce como bonos patrióticos y que van dirigidos especialmente a particulares. Fuentes del Gobierno reconocieron a El Confidencial que “en noviembre próximo vence la deuda emitida el año pasado por el Tripartito, que se sitúa en torno a los 3.000 millones de euros, y estamos estudiando varias vías de financiación para hacer frente a esos pagos. No se descarta ninguna de las herramientas de las que podamos disponer”.

Cautela con la deuda pública

La vía más probable, según estas fuentes, será la emisión de una nueva remesa de bonos, ya que la venta de activos (el Gobierno ha puesto a la venta varios edificios de su propiedad para poder tener ingresos, pero ello no le supondrá, en el mejor de los casos unos ingresos más allá de 500 millones) es insuficiente para hacer frente a los compromisos adquiridos. Ahora, falta por determinar el volumen de la emisión, aunque en este terreno el Gobierno quiere ser cauto y echar mano de esta solución sólo en último extremo, “ya que, de lo contrario, estaremos cargando más la partida de intereses a pagar”. De todos modos, la remesa podría superar los 3.000 millones de euros.

Al margen de la emisión de bonos y de la venta de edificios, la Generalitat no descarta utilizar otras vías de financiación, como el incremento de algunas tasas o la creación de nuevas, aunque descarta, de momento, una subida de los impuestos que de ella dependen.

El informe de Deloitte incluye también algunas recomendaciones para racionalizar la Administración, entre ellas una reordenación de los servicios territoriales, que suponen un gasto extraordinario para las finanzas catalanas. El redimensionamiento de las sedes de las consejerías podría redundar en un importante ahorro. Además, aconseja estudiar un modelo de compras centralizado para aprovechar sinergias y abaratar costes, además de modificar los modelos de ayudas y subvenciones. Mas-Colell señaló que este capítulo será utilizado “como una fuente de ideas y un instrumento más para la optimización y mejora del funcionamiento de la Administración”.

Aunque las cuentas de Deloitte coinciden con las de la Intervención General del Estado (la firma auditora también se basó en las cuentas de ésta para realizar su informe), la oposición (es decir, los que antes estaban en el Gobierno) niegan que las cosas hayan cambiado. Laia Bonet, portavoz adjunta del PSC en el Parlamento autonómico, rechazó minutos después que haya más déficit que el anunciado. Para Bonet, la diferencia de cuatro décimas en los números se debe al cambio del sistema de cálculo empleado por la Intervención General del Estado. Además, subrayó que los pagos aplazados “son un instrumento normal en cualquier Gobierno”. Los otros socios del Tripartito justificaron también el elevado endeudamiento acusando al Gobierno central de no cumplir sus compromisos de financiación y destacando que el Gobierno del que formaban parte apostó por políticas sociales y por la reactivación de la economía.

PP y Ciudadanos, sin embargo, fueron críticos con el anterior Ejecutivo. Para el portavoz popular, Enric Millo, lo que hizo el Tripartito fue una desastrosa gestión económica. “Ésta es una situación que clama al cielo y pone de manifiesto la falta de planificación, la ineficacia del anterior Gobierno y que obliga al actual a tomar medidas”. Y puso al PP a disposición de Mas para negociar algunas de estas medidas. La diputada de C’s Carmen de Rivera, por su parte, se mostró tajante: “La situación de la Generalitat es casi de quiebra”, enfatizó, al tiempo que señalaba que “quienes deben dar explicaciones son el ex presidente Montilla y el conseller Castells [Antoni Castells, antecesor de Mas-Colell]”. Sin embargo, añadió que el informe “será utilizado por el Gobierno para justificar los recortes con la complicidad del PP”.

Ambas formaciones recamaron la comparecencia de Mas-Colell ante el Parlamento para dar explicaciones, aunque el consejero, por precaución, ya había anunciado minutos antes su intención de solicitar, motu proprio, esta comparecencia.