PROPONE ROMPER EL 'STATU QUO' Y RESPALDA EL PRINCIPIO DE ORDINALIDAD

Madrid se une a Cataluña y pide coherencia entre lo que las CCAA pagan y lo que reciben

Las CCAA ya han enviado a Hacienda sus propuestas para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica. El principal punto de fricción será el principio de ordinalidad

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)

Las cartas están ya sobre la mesa. Las 15 comunidades autónomas del régimen común —todas excepto País Vasco y Navarra— ya conocen el informe del comité técnico sobre la reforma de financiación autonómica. Y lo que no es menos importante, todas y cada una también tienen constancia escrita de las aportaciones que han hecho el resto de CCAA al documento inicial, lo que permite empezar a construir un puzle políticamente muy complejo en el que hay piezas casi imposibles de encajar. En particular, los agravios comparativos entre las que más aportan y las que menos reciben y el papel de Cataluña.

El informe técnico se estructura en 10 puntos. El primero aborda la financiación del Estado de bienestar, incluyendo la dependencia. El segundo, la nivelación vertical, es decir, las relaciones entre la Administración central y las comunidades autónomas.

La Comunidad de Madrid le ha hecho saber a Montoro que considera que hay que incorporar incentivos para las regiones que más aporten

El tercer punto se refiere a los recursos del sistema, y el cuarto, a la capacidad tributaria de cada parlamento regional. El quinto tiene que ver con la población ajustada (es decir, teniendo en cuenta variables como la dispersión territorial o el envejecimiento), y el sexto con los fondos de suficiencia y garantía del actual modelo de financiación; mientras que los cuatro últimos se refieren a la evaluación de cómo ha funcionado el modelo vigente, al sistema de entregas a cuenta, al régimen fiscal canario y las excepciones en Ceuta y Melilla y, por último, a lo que los expertos han denominado “otros aspectos”.

El debate de fondo vuelve a ser el de los anteriores modelos: es decir, si hay que mantener el actual 'statu quo' —como quieren las comunidades autónomas más beneficiadas con el actual sistema— o hay que cambiarlo de forma significativa. Básicamente, incorporando lo que en la jerga de los especialistas se ha denominado principio de ordinalidad, que no es otra cosa que exista correlación real entre lo que aporta una comunidad autónoma al sistema y lo que recibe posteriormente.

'Ranking' de generación de recursos

O, dicho de otra manera, si una región es la segunda o tercera que más aporta al sistema, también debe ser la segunda o tercera que más recibe, lo que no debiera ser incompatible con la existencia de instrumentos de solidaridad. Por lo tanto, la ordinalidad es un mecanismo que garantiza que una región mantenga su posición en el 'ranking' de generación de riqueza una vez se haya producido la redistribución territorial de los recursos, lo que supone, en definitiva, una especie de límite a la solidaridad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. (EFE)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. (EFE)

Esta es una de las viejas reivindicaciones de Cataluña, pero también de la Comunidad de Madrid, que es la que más aporta. Y así se lo ha hecho saber al ministro Montoro la consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, que considera que hay que cambiar el 'statu quo' actual por otro que incorpore incentivos para las regiones más dinámicas, como es el caso de Madrid. Hoy, las regiones ricas no obtienen mayores recursos si lo hacen mejor, ya que los fondos se destinan a financiar a las comunidades más dependientes de los distintos fondos de nivelación.

Cataluña, incluso, recogió ese principio en su Estatut de 2006 —que fue anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional, aunque la sentencia dejó intacto ese principio recogido en el artículo 206.5 de la norma catalana—. En esa norma se establece que “el Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación”. El trabajo teórico sobre esta propuesta ya lo ha hecho el economista Ángel de la Fuente en un estudio publicado recientemente por Fedea [ver tablas más abajo].

Hay que recordar que el modelo vigente incorpora la llama cláusula de 'statu quo', que implica que ninguna comunidad autónoma pueda lograr menores recursos de los que hubiera obtenido con el sistema anterior. Lo que se pretende ahora es que esa cláusula desparezca, pero de forma progresiva, para no dejar ninguna comunidad autónoma al pie de los caballos, tal y como sugirió la comisión de expertos creada en su día por el ministro Montoro.

Índice de financiación

Madrid y Cataluña comparten objetivo en este punto, porque ambas regiones se encuentran actualmente por debajo de la media en el índice de financiación por habitante ajustado a competencias homogéneas. Otras comunidades como Valencia, Baleares y Murcia, que salen peor tratadas con el actual modelo, también se verían beneficiadas si se acaba paulatinamente con el 'statu quo'.

En el voto particular que presentó el hacendista Jorge Onrubia, representante del Gobierno de Cristina Cifuentes en la comisión de expertos, ya se advertía de que el actual modelo, basado en asegurar fondos suficientes para cumplir con las competencias, debería cambiarse para ir hacia otro basado en instrumentos.

Onrubia, en concreto, aseguraba que la cuestión no debía plantearse en términos de si una Administración determinada dispone o no de los recursos suficientes para cumplir sus funciones, sino en términos de “si dispone o no de herramientas adecuadas para pedir tales recursos a sus ciudadanos, asumiendo en todo caso el coste político de hacerlo”. Es decir, el que quiera más recursos, que los pida a sus ciudadanos subiendo impuestos, pero no penalizando a las más dinámicas dejándolas sin incentivos.

Muy al contrario, hay regiones que se rebelan contra la aplicación de ese principio y quieren que las cosas sigan como están. Y así se manifestaron los tres expertos enviados por Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura a la comisión.

En el voto particular que presentaron al informe final se decía que aplicar el principio de ordinalidad no resulta compatible con el principio constitucional de solidaridad. Y al tiempo, se recordaba que “ni hay un precepto constitucional que recoja el principio de ordinalidad, ni tampoco una doctrina jurisprudencial consolidada del Tribunal Constitucional que defienda la vigencia de este principio”.

Este, como se sabe, es un punto que rompe al PSOE, que debe equilibrar las posiciones favorables a abandonar el 'statu quo', como Cataluña, Valencia o Baleares, y las tres comunidades del sur de España, donde históricamente ha obtenido los mejores resultados electorales.

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