Las CCAA se plantan y no harán nuevos recortes sin nuevo sistema de financiación

No habrá nuevos recortes presupuestarios por parte de las comunidades autónomas. Al menos, esto es lo que le dirán este viernes al Gobierno los consejeros de Hacienda de aquellas regiones que en 2015 han incumplido el objetivo de déficit público (todas menos País Vasco, Galicia y Canarias). Entre otras cosas, porque este año el desequilibrio -un 1,66% del PIB en 2015- bajará de forma intensa, debido a que las regiones ingresarán en julio unos 7.400 millones de euros (el 0,7% del PIB) correspondientes a la liquidación del presupuesto de 2014 en aplicación del sistema de financiación autonómica. Y ese dinero se destinará íntegramente a reducir el déficit.

Como se sabe, el objetivo para 2016 es rebajar el desequilibrio entre ingresos y gastos hasta el 0,3% del PIB, lo que significa que, en ausencia de nuevas medidas de ajustes, este año tampoco se volvería a cumplir el compromiso de déficit, tal y como ha advertido recientemente la Autoridad Fiscal (AIReF). Es decir, faltan alrededor de siete décimas de ajuste adicional para cumplir con el déficit. Pero hay que tener en cuenta que el año pasado se produjeron gastos no recurrentes que no se volverán a repetir en 2016. En particular, los costes del tratamiento de la hepatitis C y algunas partidas de ejercicios anteriores computadas en 2015, y que suman otras tres décimas.

Es decir, que el recorte adicional que deberían realizar este año los gobiernos autonómicos se situaría realmente entre tres y cuatro décimas (entre 3.000 y 4.000 millones de euros). La cantidad es pequeña respecto del presupuesto total de las comunidades autónomas (166.102 millones en 2015), pero, aun así, la gran mayoría ya ha anunciado que no habrá nuevos ajustes. Incluso algunas en las que gobierna el Partido Popular, como Castilla y León.

En palabras de una consejera de Hacienda del PP, “las comunidades no tenemos ya margen ninguno”, y recuerda que ya en 2015 han asumido gastos extraordinarios no contemplados, como los 1.094 millones que se han destinado a financiar el tratamiento de la hepatis C. Y eso mismo es lo que le ha dicho por carta al ministro Montoro el conseller de Finanzas de la Generalitat catalana, Oriol Junqueras: No habrá más recortes.

Sin embargo, en el orden del día enviado por Hacienda a las comunidades autónomas con vistas a la reunión de este viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, uno de los puntos centrales es la discusión sobre la recomendación autónoma que envió la Comisión Europea al ministro Montoro el pasado 9 de marzo.

En esa misiva, Bruselas insta a España a adoptar medidas para “garantizar una corrección oportuna y duradera del déficit excesivo”. Y para lograr ese objetivo, propone utilizar “plenamente” aquellos “instrumentos preventivos y correctivos” previstos en la Ley de Estabilidad española para controlar las desviaciones “a nivel de las administraciones locales y autonómicas” en cuanto a déficit, deuda y regla de gasto. La Comisión Europea dio plazo al Gobierno para que incluya esos recortes en el plan presupuestario de 2016 o en el Programa de Estabilidad, que el Ejecutivo está obligado a enviar a Bruselas antes de que acabe el mes.

No disponibilidad

Esa eecomendación -un hecho inusual en la Unión Europea- explica la carta enviada por Hacienda a las comunidades autónomas hace unos días, dándoles 15 días para la aprobación de nuevas medidas de ajuste. O lo que es lo mismo, la no disponibilidad de crédito presupuestario en la cuantía suficiente para cumplir con el objetivo de déficit.

Ningún Gobierno autonómico ha realizado acuse de recibo de la carta y, de hecho, plantearán una dura batalla contra Hacienda, que, a su vez, está obligada a dar una respuesta a la Comisión Europea.

El argumento que ofrecen los gobiernos regionales es simple. Es el modelo de financiación el que genera desequilibrios, toda vez que mientras los ingresos se ajustan rápidamente a la coyuntura económica, los gastos -sanidad, educación o protección social- son completamente inelásticos. Es decir, no se reducen por el hecho de que la posición cíclica de la economía española se deteriore.

Este argumento es el que puede explicar que el Gobierno central haya incluido en el orden día del Consejo de Política Fiscal y Financiera la creación de una Comisión de Expertos destinada a revisar el sistema de financiación. Una decisión sorprendente, teniendo en cuenta que se trata de un Ejecutivo con fecha de caducidad.

En el tintero queda la posibilidad de que el Gobierno pida un año más a Bruselas para cumplir con los objetivos de déficit, algo que hoy por hoy está en la nebulosa. Entre otras cosas, porque es una decisión muy política que difícilmente puede reclamar de forma oficial un Gobierno en funciones. Lo que ha dicho hasta ahora el ministro Montoro es que se trata de un asunto a discutir con el resto de fuerzas políticas que podrían formar parte de un hipotético gran Gobierno como el que propone Rajoy, y que hoy parece muy lejano.