Las cartas de Hacienda que inauguran la fase de intervención de las autonomías

El Gobierno ha emprendido la intervención efectiva de las autonomías con una decisión sin precedentes en las relaciones financieras con los diferentes ejecutivos regionales que configuran la Administración del Estado. El Ministerio de Hacienda se ha hartadoy acaba de aplicar en Extremadura y Aragón los dos primeros procedimientos agravados que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012. La decisión supondrá la retención de recursos procedentes del sistema de financiación autonómica para el pago directo por parte del Estado central a los proveedores de ambas comunidades autónomas.

Extremadura y Aragón han sido dos de las comunidades que han suspendido con creces la prueba del déficit público en 2015, con unos números rojos respectivamente del 2,64% y del 2,13% del PIB, que superan de largo el objetivo previsto del 0,7%. Pero, además, y esto es lo que ha provocado la más drástica decisión de Hacienda, ambos gobiernos autonómicos se han demostrado incapaces para atender sus obligaciones de pago a proveedores dentro de los límites legales que otorgan un plazo de 30 días con otros 30 más de margen excepcional. En Extremadura se registran retrasos de hasta 113 días mientras que en Aragón han llegado a alcanzar más de 90.

A la vista de estos desvíos, y después de las primeras comunicaciones de alerta enviadas el pasado mes de marzo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se ha echado la manta a la cabeza con el envío por correo electrónico de dos cartas que abren en España la vía de la intervención fiscal en el Estado de las autonomías. El Ministerio de Hacienda se ampara en el artículo 20.6 de laLey de Estabilidad Presupuestaria para comunicar a la Junta de Extremadura y al Gobierno de Aragón “la retención de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores”.

La misiva ha sido dirigida a los respectivos responsables de Hacienda de Extremadura, la consejeraPilar Blanco-Morales, y de Aragón, el consejeroFernando Gimeno. Las dos cartas son idénticas y en las mismas se detalla el procedimiento a seguir con el fin de establecer la cuantía exacta que será objeto de dicha retención. A tal efecto, los servicios competentes del Ministerio de Hacienda solicitarán en los próximos días a la Intervención General de las mencionadas comunidades autónomas la información necesaria para “cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial que se va a pagar con cargo de los recursos del sistema de financiación sujetos a liquidación”.

Tanto Extremadura como Aragón superan plazos de 90 días en sus pagos a proveedores y habían sido apercibidas por Hacienda el pasado mes de marzo

Con posterioridad, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local notificará el importe a retener o deducir. El proceso administrativo se iniciará a partir de la comunicación de este dato.La notificación tendrá la consideración de “acuerdo de retención”para cada uno de los meses en los que se mantenga la aplicación del procedimiento, que se extenderá hasta que ambas comunidades cumplan con los plazos máximos de pago durante“seis meses consecutivos”. La carta exhorta a los gobernantes de Extremadura y Aragón a que adopten lasmedidas correctorasque permitan reconducir la desviación y que, en todo caso, serán objeto de evaluación por parte del Ministerio de Hacienda.

Ambas comunidades están regidas en la actualidad por nuevos gobiernos socialistas que se auparon al poder en detrimento del Partido Popular tras las elecciones autonómicas del 25 de mayo del pasado año. La Junta de Extremadura está presidida por Guillermo Fernández Vara, que recuperó el mando en la región de manos de José Antonio Monago, mientras que la presidencia de Aragón es ostentada ahora por Javier Lambán, que derrotó a Luis Fernanda Rudí. Otra de las autonomías que estaban también bajo sospecha era la Comunidad Valenciana, pero en este caso los niveles de morosidad se han reducido en los últimos meses, por debajo de los 60 días que marcan la línea roja para el Ministerio de Hacienda.