La oferta del PSC para condonar la deuda de Cataluña compromete a barones del PP infrafinanciados

La posibilidad de introducir una quita de la voluminosa deuda que Cataluña tiene acumulada con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en pleno debate sobre la gobernabilidad de España ha puesto en guardia a los territorios más castigados por el actual sistema de financiación. Los socialistas catalanes, que lidera Salvador Illa, pusieron encima de la mesa del Ministerio de Hacienda hace varios meses una propuesta para realizar una reestructuración del pasivo de la Generalitat con el Estado con el fin de avanzar en el encaje fiscal catalán, en teoría en el bando de los territorios menos favorecidos por el actual reparto de recursos entre las autonomías. Cataluña tiene el 84% de sus más de 85.400 millones de deuda comprometidos con el Estado a través del FLA, el mecanismo que inventó Cristóbal Montoro en 2012 para dar oxígeno financiero a los territorios que no encontraban dinero prestado en el mercado por los desequilibrios en su balance.

La idea de compensar de alguna forma esos más de 71.000 millones de deuda como parte del paquete de actualización del sistema de financiación ha resucitado en pleno contexto de una posible negociación de la investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes, ERC y Junts. El Mundo avanzaba este domingo que podría ser uno de los elementos puestos sobre el tablero por el PSC. Fuentes de los socialistas catalanes niegan que se haya formalizado una propuesta en ese sentido oficialmente, aunque admiten que forma parte de su agenda y que tienen previsto elevar propuestas en este sentido al Ministerio de Hacienda antes de finalizar este año.

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La actual ministra, la socialista María Jesús Montero, ha acogido con frialdad la iniciativa. Preguntada por el asunto este lunes en una entrevista en La Sexta, calificaba de "precipitado" el debate, que enmarca dentro de una negociación de la reforma de la financiación autonómica que parece cada vez más complicada de abordar con la actual composición de mayorías en el Congreso. Aun así, Montero admitió que hay una situación "asimétrica en diferentes comunidades" en relación con la deuda con el FLA, es decir, que los pasivos con el Tesoro español de los territorios con más problemas de financiación son mucho mayores que aquellos que disponen de más independencia financiera. "Es un compromiso de este Gobierno y hacerlo en el menor tiempo posible", afirmó Montero sobre la reforma del sistema. "Hay muchas derivadas dentro del sistema, que no solo Cataluña, sino que otras comunidades también han puesto encima de la mesa y, evidentemente, el Gobierno tiene que abordar todos los componentes de ese puzle", defendió.

La ministra se refería así a las reiteradas peticiones de condonación o reestructuración de la deuda con el FLA que han hecho las autonomías más castigadas. La Región de Murcia, con el 84% de sus 11.506 millones de euros de deuda comprometidos con el FLA, y la Comunidad Valenciana, con 46.274 millones de deuda con el Estado, el 83% de sus 55.439 millones de deuda acumulada, son, con Cataluña, los territorios más dependientes del Tesoro. Andalucía, también a la cola en financiación, tiene un 68% de su pasivo con el FLA, 25.276 millones. Las tres regiones tienen presidente del Partido Popular. La Generalitat valenciana acaba de relevar al socialista Ximo Puig por el conservador Carlos Mazón.

Que la condonación de la deuda con el FLA entre en la ecuación de una negociación con los partidos independentistas (Esquerra Republicana de Cataluña es la más dispuesta a poner sobre la mesa el diálogo fiscal) compromete a estos barones del PP, porque difícilmente pueden negarse a la extensión de una quita cuyos territorios vienen reclamando desde hace años, siempre con la resistencia del Ministerio de Hacienda.

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Este mismo lunes, a preguntas de El Confidencial, fuentes de la Consejería valenciana de Hacienda señalaban que, si se está planteando una condonación de deuda, "no hay duda de que la Comunidad Valenciana debe de recibir el mismo trato". "Desde nuestro de punto de vista no es algo que debería ser tratado de forma bilateral, sino en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con todos los territorios", afirmaban desde el departamento que dirige ahora la independiente Ruth Merino.

"Cualquier reforma del sistema de financiación, así como la reestructuración de la deuda causada por la infrafinanciación, debe estar liderada por el Estado, en coordinación con las comunidades autónomas y en el marco de las instituciones, y no ser objeto de negociaciones particulares con el secesionismo", añadían fuentes de la Consejería de Hacienda de la Región de Murcia, que recordaban que el presidente murciano, Fernando López Miras, ha planteado en varias ocasiones la necesidad de abordar la deuda acumulada.

La propia consellera valenciana abogaba el pasado viernes, antes de que se abriese el debate esta semana, por estudiar formas de amortiguar el peso de la deuda de la Generalitat acumulada con el Estado como consecuencia de la infrafinanciación. "No sé si la condonación absoluta o una reestructuración, hay muchas opciones", afirmaba Merino.

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Lo cierto es que, aunque sea en el marco de una negociación de investidura, tanto el Gobierno de López Miras como el nuevo Consell del PP y Vox tiene complicado oponerse a las quitas de la deuda del FLA si se hacen extensiva a las autonomías más castigadas por el sistema. La reclamación de la condonación del pasivo, dentro de una negociación de reforma del sistema de financiación, está en el argumentario de las fuerzas políticas valencianas y murcianas desde hace años. La comisión de expertos de las Cortes Valencianas ya la planteó en el informe fechado en diciembre de 2017. En esa comisión estaba Eusebio Monzó, actual secretario autonómico de Hacienda designado por el PP. Monzó es ahora el número dos y hombre fuerte de la conselleria con Merino.

En ese documento, que lleva la firma de Monzó junto con la de Francisco Pérez, Rafael Beneyto, José Antonio Pérez y José Ismael Fernández Guerrero, se escribe: "No hay un exceso de gasto, sino una insuficiencia de ingresos, circunstancia muy relevante para evaluar el riesgo moral de la condonación". Y añadía: "Algunas comunidades discriminadas financieramente en el pasado arrastrarán los efectos de la injusticia padecida si no se mutualizan sus deudas". Como tercer argumento planteaba: "No es realista pensar que, sin ningún tipo de reducción de deuda, las comunidades más endeudadas puedan volver al mercado a medio plazo, teniendo en cuenta cómo funciona la industria financiera". Una propuesta similar de "saneamiento" de la deuda autonómica es la que plantea el PSC a traves del profesor Antoni Zabalza.

Fuentes de los socialistas valencianos, que hasta la toma de posesión de Mazón ocupaban la cartera de Hacienda en el Consell del Botànic, recordaban que el Ejecutivo de Ximo Puig ha reclamado en varias ocasiones la quita de deuda con escaso éxito ante el Ministerio de Hacienda. Los expertos designados por el Parlamento valenciano sostienen que en torno al 70% del pasivo de la Generalitat, el más alto de España en relación con el PIB, es consecuencia de la insuficiencia de recursos económicos derivada de los sistemas de financiación de 2002 y 2009, este último caducado desde 2014. "En el PSPV, siempre hemos estado comprometidos con las dos cosas, con la reforma de la financiación y con una solución para la deuda. Es bueno para las comunidades autónomas y para el estado de bienestar", señalan.