Vox se atasca con los nombramientos en la Generalitat valenciana y pide ayuda al PP

La conformación de los equipos de gestión en los departamentos sobre los que tiene competencias en la Generalitat valenciana se le está haciendo bola a Vox. Los ultraconservadores apenas han designado hasta este viernes a tres de los 19 altos cargos que les corresponden entre secretarios autonómicos, directores generales y subsecretarios en la Vicepresidencia primera y Conselleria de Cultura, en Justicia y en Agricultura, las áreas pactadas con el Partido Popular del nuevo president, Carlos Mazón.

El pleno del Consell se reunió este viernes por tercera vez desde su toma de posesión hace diez días para nombrar una nueva tanda de directores generales. Ninguno de Vox. La portavoz del nuevo Gobierno, la también consellera de Hacienda, Ruth Merino, se vio obligada a contestar en su comparecencia a preguntas sobre el aparente atasco de socios de los populares. "Cada uno tiene su ritmo. Se está esperando a elegir a las mejores personas. No es en ningún caso por enfrentamiento o disputa interna. Estamos realizando propuestas entre todos para buscar a los mejores", dijo, dando a entender que incluso el resto del gobierno, incluidos los consellers del PP, estaba colaborando en la búsqueda de perfiles.

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Además de sus tres consellers (el vicepresidente Vicente Barrera, Elisa Núñez y José Luis Aguirre), el partido de Santiago Abascal ha designado a dos de los tres subsecretarios, María Eugenia Vives y Luis Manuel Martín Domínguez, y al secretario autonómico (figura equivalente al de secretario de Estado en los ministerios) de Justicia, el exdiputado en el Congreso por Alicante, Eduardo Luis Ruiz Navarro.

Sin embargo, pese a que hace casi mes y medio que se firmó el acuerdo de gobierno y sabe cuál iba a ser su función en el Consell, el extorero Barrera sigue sin poner nombre a su número dos en Cultura. Este nombramiento está generando mucha inquietud en los sectores culturales valencianos, para interpretar por su perfil el tipo de políticas que Vox quiere aplicar en materia cultural. Por debajo de él cuelgan además la Dirección General de Cultura, la de Patrimonio Cultural y la de Deporte, también vacantes.

En situación similar se encuentra la Conselleria de Agricultura, a la que corresponden una secretaría autonómica y las direcciones generales de Producción Agrícola y Ganadera, Desarrollo Rural, Industria y Cadena Agroalimentaria, Política Agraria Común (PAC) y Pesca. Aguirre está tratando de buscar perfiles en asociaciones de agricultores. En Justicia hay sin nombrar cargos que en el actual contexto veraniego son muy relevantes, como el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias o el director general de Prevención de Incendios Forestales. Está en funciones el socialista José María Ángel. El subdirector, Jorge Suárez, es probable que permanezca en el puesto tras el cambio de gobierno. La Comunidad Valenciana se encuentra en situación de alerta por posibles incendios.

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La demora en la conformación de equipos obedece a la dificultad para armar cuadros de un partido sin ninguna experiencia de gestión y en que, en algunos casos, se han recibido negativas por parte de personas que han recibido la oferta.

El atasco contrasta con la celeridad de algunos de los consellers del PP, especialmente los que acumulan más experiencia en la Administración. Es el caso del titular de Sanidad, Marciano Gómez, que ha nombrado ya prácticamente a todo el equipo, o el de Educación, José Antonio Rovira. También la vicepresidenta segunda y consellera de Igualdad, Susana Camarero, ha conformado el grueso de su departamento, con Asunción Quinzá como secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, y Emilio Argüeso, un ex de Ciudadanos cercano a Fran Hervías que ha estado varios años colaborando con el PP en la captación de cuadros naranjas, como secretario autonómico del Sistema Sociosanitario.

Algunos de los nombramientos de los populares llegan con polémica, como el del director general de Relaciones con las Cortes, el exdiputado autonómico Jorge Bellver, que se vio salpicado en el caso Azud por haber recibido regalos (relojes de lujo) del empresario clave en la trama, Jaime Febrer. Bellver figura en el sumario y la instructora de la causa preguntó a las Cortes por su condición de aforado la pasada legislatura. Sin embargo, nunca llegó a solicitar su imputación al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y tampoco lo ha citado por ahora a declarar una vez perdido el fuero al quedar fuera de las listas autonómicas. Bellver dependerá directamente del área de Presidencia de Carlos Mazón.