Mazón diluye a Vox en el reparto de competencias de la Generalitat y le quita hasta la caza

El reparto competencial del nuevo Consell de la Generalitat valenciana sitúa al Partido Popular a una distancia sideral de Vox en cuanto al peso político y presupuestario que las dos formaciones tendrán en la gestión diaria del Ejecutivo autonómico. Ya no es solo que el barón popular haya creado una vicepresidencia segunda con mucho mayor presupuesto y peso político que la de Vox, la que ocupará Susana Camarero. Los ultraconservadores no han logrado por el momento ampliar apenas las competencias iniciales que apalabraron en la negociación con la delegación liderada por el presidente provincial, Ignacio Gil Lázaro, el hoy cabeza de lista por Valencia al Congreso, Carlos Flores, y el extorero Vicente Barrera, que salió de la reunión como vicepresidente primero y conseller de Cultura.

Solamente Barrera ha ganado espacio en el aterrizaje a lo concreto de las competencias, según el decreto de reparto de áreas que ayer publicó el Diario Oficial de la Generalitat valenciana y lleva la firma de Mazón. La Vicepresidencia Primera, que tendrá su sede en el Palacio dels Català de Valeriola, gestionará las áreas de cultura, promoción cultural, patrimonio cultural, que en principio se iba a quedar en Educación, y deporte.

El monopolio de Vox en la Generalitat sobre la cultura es, probablemente, la cuestión que más quebraderos de cabeza e incendios políticos puede terminar generando en el nuevo Consell si los ultraconservadores deciden ir al choque con algunos de los sectores culturales valencianos, mayoritariamente de sensibilidad progresista, y acometer grandes cambios. Hay inquietud en determinados ámbitos creativos, con colectivos y asociaciones profesionales de la danza, el audiovisual, las artes escénicas o el teatro, que incluso han remitido escritos al nuevo presidente autonómico mostrando su preocupación por el futuro de las industrias creativas valencianas. Ha habido casos de censura de proyectos escénicos en Castilla y León.

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Una clave importante de cómo enfoca Vox su nueva atribución cultural será el perfil de los secretarios autonómicos y directores generales. Barrera señalaba este miércoles que su partido está buscando "profesionales cercanos a nuestras sensibilidades", en lo que parece un reconocimiento de que le está costando encontrar cuadros. Uno de los nombres que suenan es el de Inmaculada Gil Lázaro, hermana de Ignacio Gil Lázaro, presidente provincial de Vox en Valencia. Inmaculada ya fue directora general de Teatres y alto cargo en la etapa del PP. Es una persona que conoce la Administración autonómica y el ecosistema cultural valenciano, lo que lanzaría una señal de bajo nivel de confrontación y aterrizaje suave.

Las otras dos conselleries en manos de Vox, Agricultura y Justicia, han sido mutiladas de forma importante con respecto a las competencias que mantenían hasta ahora. Anteayer, Carlos Flores reclamaba públicamente que mantuviesen en su "integridad" las áreas de responsabilidad. Este miércoles, Barrera insistía en que "somos un solo Gobierno", y admitía que se ha producido una discusión interna en el Consell de coalición sobre las competencias "de cada uno de los grupos", aunque "sin ninguna pelea, de forma pacífica", añadía. Una discusión fuera del foco de la discrepancia pública, pero que, visto el decreto del presidente, ha sido más favorable para los intereses del PP que para los de Vox.

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Según el mismo decreto de Mazón, medio ambiente, caza, recursos hídricos y bienestar animal, que hasta ahora estaban bajo el paraguas de la ya exconsejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica Isaura Navarro (Compromís), han pasado a engrosar las responsabilidades de la nueva consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, la popular Salomé Pradas, que llevará también urbanismo y vertebración del territorio, obras públicas, y transportes, puertos y aeropuertos. El PP logra así alejar las políticas de promoción y protección del medio ambiente, cambio climático y fomento de las renovables de las manos de los ultraconservadores, negacionistas del efecto invernadero y críticos con el proteccionismo medioambiental. Habrá que ver, en cualquier caso, pese el reparto de áreas, cómo influye Vox en la toma de decisiones, y si pese a no tener gestión directa son capaces de orientar la política del Gobierno de Mazón hacia sus postulados.

El voxista José Luis Aguirre se quedará en la Conselleria de Agricultura solamente con la parte de la relación con agricultores, ganaderos y pescadores, además de competencias en alimentación, política agraria común (PAC) y regadíos. Vox no ha logrado retener tampoco el área de caza, un universo en el que ha encontrado un filón de votantes y que el Partido Popular ha preferido tener bajo su órbita.

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También la nueva consellera de Justicia, Elisa Núñez, hereda un departamento con menos atribuciones de las que tenía Gabriela Bravo con el socialista Ximo Puig. Mazón ha desgajado la Función Pública para llevarla a Economía y Hacienda, la conselleria de la exportavoz de Ciudadanos Ruth Merino, ahora también portavoz del Consell. La relación con los sindicatos de empleados públicos es una de las áreas sensibles de la Generalitat que los populares no han querido dejar en manos de Vox, pese a las insinuaciones de Carlos Flores.

Sí se ha quedado en Justicia la responsabilidad de la gestión de las emergencias y la prevención y extinción de incendios, que durante una etapa estaba adscrita a Presidencia en el primer mandato de Puig. Hasta ahora, el director general de la Agencia Valenciana de Emergencias era el socialista José María Ángel, al que le ha tocado vivir situaciones muy complejas en los últimos ocho años, desde incendios devastadores en los bosques valencianos hasta temporales que han provocado muchos daños en ciudades costeras o aspectos de la propia pandemia del covid. Vox tendrá que designar un nuevo director y tomar decisiones sobre el cuerpo técnico de un ámbito muy jerarquizado y vinculado a los cuerpos de seguridad. Los populares confían en que al frente de la subdirección general la nueva titular del departamento, que ya fue asesora del PP en materia de inmigración a finales de la primera década del siglo (concretamente, de Rafael Blasco, condenado por el caso Cooperación), mantenga a Jorge Suárez, considerado uno de los mayores expertos en coordinación de emergencias de España.