El músculo de Vox obliga al Gobierno a mover ficha con los cazadores

El Gobierno ha pasado a la ofensiva con los cazadores. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, recibió este lunes al presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo. Un encuentro “cordial”, según ambas partes, que se produce un mes después de la gran manifestación de agricultores, ganaderos y cazadores en Madrid, que reunió el pasado 20 de marzo a más de 400.000 personas, según los organizadores, contra el Gobierno y que supuso el inicio de una semana negra para el Ejecutivo, seguida de las protestas de los transportistas. Todo además en un contexto en el que la fuerza de Vox parece imparable en un colectivo que solo en Andalucía, la próxima comunidad en celebrar elecciones, supone medio millón de votos.

El ministro Planas presentó al responsable de la Federación Española de Caza la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, que se aprobó por unanimidad, con apoyo de todas las comunidades autónomas, el pasado 7 de marzo en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. El plan, que no tiene memoria económica, despliega una serie de medidas para convencer a los cazadores de que "este Gobierno no quiere acabar con la caza en España" sino potenciarla como actividad económica clave en el medio rural. Al ministro Planas le toca poner la cara, pero los cazadores tienen claro que 'sus tiros' van contra las ministras Ione Belarra (Podemos) y Teresa Ribera (PSOE).

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En el Gobierno se quejan de que esa política 'anticaza' es “un bulo” que Vox ha extendido en el medio rural, donde el partido de Santiago Abascal es muy fuerte, según los sondeos en comunidades como Andalucía. Si las elecciones de Castilla y León se jugaron entre ganado y remolacha, en la región andaluza el medio rural volverá a ser clave. Para Vox, es un nicho electoral determinante y el PSOE tenía en los pueblos de esta última autonomía su semillero de votos más fiel hasta hace unos años.

Una "deriva ecoanimalista"

La Federación de Caza enumera una serie de políticas anticaza del Gobierno de España. No son bulos, advierten, sino legislación que consideran que atenta contra su actividad. En el punto de mira están el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en manos de Podemos, y el Ministerio para la Transición Ecológica, del PSOE. Señalan la tramitación de la Ley de Derechos de los Animales o la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal, junto a la prohibición de la caza de la codorniz. “El 20-M nació un movimiento social que no se va a detener hasta anular las distintas legislaciones y ataques del Ejecutivo a la actividad cinegética”, señalan desde el sector, donde denuncian una “deriva ecoanimalista” y un Ejecutivo rendido “al 'lobby' animalista”.

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Desde la Federación de Caza, aseguraron que el encuentro con el ministro Planas fue “una reunión cordial y positiva”, donde se abordaron distintos asuntos, pero “sin concretar ninguno”. El próximo 21 de abril, la entidad tiene convocada una concentración frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para exigir que se retire la proposición para declarar la codorniz “especie en peligro de extinción” en el próximo Comité de Flora y Fauna, lo que supondría el fin de su caza. En la solicitud de SEO-BirdLife en que se basará esta declaración, no se ha tenido en cuenta al sector cinegético, ni al Ministerio de Agricultura ni a la comunidad científica, sostiene la federación.

Un 30% de federados andaluces

El plan del Gobierno defiende la caza como una actividad económica que genera aproximadamente 187.000 puestos de trabajo y 6.475 millones de euros, el 0,6% del producto interior bruto (PIB). En la actualidad, en España hay 825.373 licencias vigentes, la mayor parte en Andalucía (30%), seguida por Castilla y León (12%) y Castilla-La Mancha (11%). Es la tercera actividad federada con mayor número de licencias, por detrás del fútbol y del baloncesto.

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En comunidades como Andalucía, hay más de 230.000 cazadores federados. Eso supone muchos votos, casi medio millón, admiten en los partidos, que multiplican “como mínimo por dos” los afectados por estas políticas, en una autonomía al borde de sus elecciones. Es un voto clave además en el medio rural, antes feudo socialista, y en provincias como Jaén, Córdoba, Cádiz o Sevilla. No solo el Gobierno de la nación se acerca a los cazadores, también el PP se ha puesto las pilas con guiños a este sector. El Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno aprobó una nueva ley de tasas y precios públicos que supone una rebaja a la mitad de estos tributos en 2022. Los cazadores federados pagarán un 50% menos por su licencia de caza, un permiso que pasa a ser gratuito para los menores de 18 años y para los mayores de 65 años en general.

El plan nacional incluye como quinto objetivo la “mejora de la imagen social de la caza y promoción de sus beneficios medioambientales y socioeconómicos, así como la formación de los cazadores y fomento de buenas prácticas en el sector”. Un señuelo claro para recuperar el apoyo de un colectivo que se siente maltratado por un Gobierno que señalan rendido al 'lobby' animalista.

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La estrategia cinegética habla de fomentar la caza sostenible y de apostar por el medio rural, ha sido consensuada con el sector, además de con las comunidades autónomas, y defiende esta actividad como un motor económico en muchos pueblos de España. Entre ellos, muchos de Andalucía, donde los alcaldes, incluidos los socialistas, llevan tiempo advirtiendo de la penetración de Vox en sus pueblos con la caza como bandera frente a medidas del Gobierno que el sector considera lesivas o directamente un atentado contra su actividad.

El choque con Podemos

El sector también pide al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Ione Belarra, la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica del Código Penal, que “podría acabar con la actividad cinegética al extender la tipificación de maltrato animal a todos los animales vertebrados”. El presidente federativo, Manuel Gallardo, envió una carta a los portavoces de todos los grupos parlamentarios del Congreso para trasladarles su preocupación por la inseguridad jurídica que genera el texto para los cazadores y solicitando su rechazo y oposición total al texto.

Los cazadores denuncian que el Ejecutivo, “entre otras cosas, ha prohibido la caza deportiva en los parques nacionales; ha incluido al lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial; quiere considerar la tórtola como una especie amenazada; así como incorporar nuevos y radicales conceptos en el currículo educativo, como la empatía con los animales y los seres sintientes, tendenciosos y que responden a planteamientos ideológicos que no deben estar presentes en el currículo educativo”, señalan desde la federación.