Pacto en el Botànic: se exigirá valenciano para opositar, y los sanitarios estarán exentos

Los socialistas valencianos y Compromís han alcanzado un acuerdo para implantar el requisito lingüístico del valenciano en el acceso a determinados puestos de la función pública. A partir de la próxima publicación de dos decretos pactados por la consellera de Justicia, la socialista Gabriela Bravo, y la de Educación, la valencianista Raquel Tamarit, los aspirantes a la consolidación de plazas como funcionarios tendrán que acreditar conocimientos de la lengua vernácula en distintos niveles en virtud de la categoría de la plaza.

Quedará exento de ese requisito el personal sanitario, que tiene su propia regulación aprobada en 2017 (el valenciano no es obligatorio, pero puntúa como mérito en las baremaciones), y el personal docente, con su propio modelo de capacitación. También los empleados públicos ya reconocidos y las convocatorias que ya están en marcha quedarán fuera del requisito. El resto de aspirantes a funcionarios de la Administración autonómica, ayuntamientos y personal no docente de universidades estarán sometidos a la nueva regulación, según explicaron Bravo y Tamarit en una comparecencia conjunta.

"Teníamos que dar salida al Estatuto de Autonomía. Valenciano y castellano son dos idiomas oficiales y lo que está en juego es el derecho de los valencianos a comunicarse en la que lengua que quieran, y la Administración está obligada a garantizar este derecho", señaló Bravo. "Garantizamos que la gente se dirija a nosotros en la lengua que quiera y que en la Administración tengamos la capacidad de atenderla", añadió Tamarit.

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El acuerdo contempla homologar la asignatura de valenciano que se cursa en la enseñanza secundaria y en el bachiller, algo que no ocurría hasta ahora, y que en la práctica eximirá al grueso de la población valenciana con estudios secundarios de tener que realizar un nuevo examen para opositar, el verdadero caballo de batalla de la negociación. "No será necesario hacer ningún otro examen para poder obtener la certificación", incidió Bravo.

El pacto crea un periodo transitorio hasta 2025 en el que el título de bachillerato, con la asignatura de Lengua y Literatura Valenciana aprobada, se homologará a un B2 de valenciano que servirá para optar a plazas públicas en las categorías A1, A2, B y C1. Los alumnos que hayan obtenido el título de la ESO tendrán homologado un B1 de valenciano, el que se exigirá para opositar a plazas de funcionario de categoría C2. Estas homologaciones, que se desarrollarán a través de un segundo decreto, tendrán carácter retroactivo.

C1 para altos funcionarios

A partir de 2025, no obstante, se elevará la exigencia para los puestos de funcionario más altos. Se exigirá el C1 de valenciano (el que antes se conocía como mitjà) para las plazas tipo A1 y A2. Para homologar el título de bachiller será necesario haber superado con un siete o más de nota la asignatura de valenciano en los dos cursos de bachillerato. En caso contrario, la certificación automática de valenciano será la del B2.

El decreto facilita la acreditación a los aspirantes formados en la Comunidad Valenciana. Los que procedan de otras autonomías deberán certificar sus conocimientos a través de la Junta Qualificadora de Coneiximents del Valencià concurriendo a sus exámenes.

Lo mismo ocurrirá con los diplomados de secundaria y bachillerato que provengan del sistema de excenciones de las zonas castellano hablantes. La legislación actual permite a quien lo desee no cursar asignaturas en valenciano en la comarca de Requena-Utiel, en el interior de Valencia, o en comarcas alicantinas como la Vega Baja. Tamarit aseguró que las excenciones se han ido convirtiendo en testimoniales, apenas el 0,2% del alumnado. Los decretos lingüísticos que van a entrar en vigor incentivarán en teoría que estos estudiantes decidan cursar el valenciano, toda que vez les permitirá obtener acreditaciones oficiales al terminal secundaria o el bachillerato. Un título que estará vigente toda su vida y les permitirá ahorrarse una barrera si aspiran a trabajar en la función pública.