La paradoja del 25%: la cláusula que garantiza la enseñanza del valenciano en Orihuela

Fue hace casi dos años. Miles de personas se manifestaron por las calles de Orihuela contra la ley del plurilingüismo impulsada por la Generalitat valenciana, concretamente por la Conselleria de Educación, que encabeza Vicent Marzà, uno de los referentes de Compromís. La marcha, una de las más multitudinarias en esta localidad, fue convocada por una federación de padres y madres de alumnos de la provincia de Alicante, la FAPA Gabriel Miró, y sirvió para constatar el fuerte rechazo que en una parte de la sociedad generan los programas de enseñanza en valenciano en una autonomía con dos lenguas oficiales, alimentado además por las proclamas de los partidos conservadores, que han hecho de la norma educativa aprobada en 2018 uno de los ejes de oposición al Consell del Botànic de PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos.

La ley del plurilingüismo se aprobó en 2018 e introdujo un cambio sustancial en el enfoque de los itinerarios lingüísticos en la Comunidad Valenciana. Si hasta entonces los alumnos tenían la opción elegir línea en valenciano o en castellano, la nueva norma fusionó los dos itinerarios y dejó en manos de los centros (consejos escolares) la programación del peso de cada uno de los dos idiomas en la planificación académica. Eso sí, el tiempo mínimo destinado a los contenidos curriculares en cada una de las lenguas oficiales, en el conjunto de la escolaridad obligatoria, se fijó en el 25 % de las horas efectivamente lectivas. Se introdujo, además, una horquilla mínima de entre el 15% y el 25% para el inglés como tercer idioma.

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El objetivo de la ley, según declara, es garantizar que al término de la enseñanza obligatoria todos los alumnos presentan competencias suficientes en las dos lenguas oficiales. "Hay que aplicar medidas para favorecer el equilibrio efectivo entre las dos lenguas oficiales y favorecer la normalización lingüística del valenciano; por lo tanto, hay que dotar, de cara a formar nuevas generaciones del futuro, un programa de enseñanza plurilingüe que garantice un conocimiento óptimo de las dos lenguas oficiales y al menos una lengua extranjera, sin renunciar a la incorporación de otras lenguas".

El texto no deja en principio resquicio al desborde del marco legal fijado por el Tribunal Supremo. Y paradójicamente tiene un reflejo inverso con el caso de Cataluña. La obligación de aplicar un 25% de horas en castellano en colegios catalanes, tal como establece la jurisprudencia, ha sido recibida como una agresión del universo independentista contra el modelo de inmersión lingüística de la Generalitat de Cataluña, en un conflicto político-lingüístico con el Estado que ha cristalizado paradigmáticamente en el caso de Canet de Mar (Barcelona), donde una familia ha pedido que se aplique esa reserva de la cuarta parte de las horas lectivas en castellano. Por contra, formaciones como el PP, Ciudadanos o Vox exigen al Ejecutivo de Pere Aragonès que cumpla la ley. Este sábado, miles de personas se manifestaron en Barcelona contra la reserva lingüística.

En Orihuela está ocurriendo lo mismo pero al revés. La aplicación de la ley valenciana ha generado contestación en zonas con baja presencia del valenciano, especialmente cuando ha llegado a la fase de la educación secundaria. Orihuela es la zona cero de las comarcas castellanohablantes. Capital de la Vega Baja, es también uno de los bastiones de la derecha en una autonomía gobernada por la izquierda. En las últimas generales, PP (30,8%) y Vox (24,6%) cosecharon más de la mitad de los votos. Toda la comarca es un quebradero de cabeza para los socialistas de Ximo Puig, que no saben cómo ganar espacio pese a haber destinado hasta millonarios programas específicos contra las riadas como el Vega Renhace.

Los programas lingüísticos aprobados en los colegios e institutos valencianos son públicos. Pueden verse en la guía de centros docentes de la Conselleria de Educación. El repaso por los centros de Orihuela y de otras localidades castellanohablantes de Alicante y Valencia, como Requena y Utiel, refleja que la gran mayoría ha apurado al máximo el límite legal en su planificación, con porcentajes que no superan el 25 o el 26% de enseñanza en valenciano. La supuesta invasión del valenciano en las aulas de zonas castellanohablantes no se corresponde con la realidad de los programas, que lo llevan al mínimo legal.

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Sonia Terrero, de la FAPA de Alicante Gabriel Miró y de la autonómica Covapa, una de las entidades convocantes de la manifestación de enero de 2020, admite que hasta ahora se ubicaban las horas de valenciano en asignaturas de menor carga académica (música, gimnasia…). Pero ley obliga a que al menos una asignatura troncal sea en lengua cooficial. "Ahí ha venido el conflicto, que muchas familias discutimos, porque es un problema poder estudiar matemáticas en una lengua no materna", dice. Terrero habla de "adoctrinamiento" e "imposición ideológica" y "nacionalista de Compromís" y se queja de que "no se enseña valenciano, sino catalán", una diferencia idiomática que no reconoce la comunidad científica más allá de las variedades dialectales. La gramática y ortografía que figura en los currículos es la que marca la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Preguntada sobre si ha habido problemas en el rendimiento académico, Terrero admite que todavía es pronto para saberlo. Que la pandemia y la proliferación de clases 'online' durante los confinamientos ha rebajado mucho la docencia en valenciano en estos centros, pero que sufren también problemas de interinidad del profesorado, con bajas y traslados que no se reponen. El temor de los padres en estas localidades es que sus hijos vean rebajado su expediente al final del bachillerato y la nota de acceso a la universidad por tener que estudiar asignaturas en valenciano. "Además, incumplen su propia ley porque no se ha contado con la opinión de las familias para elaborar los proyectos educativos", añade la responsable de la Gabriel Miró. Otro de los factores a los que apunta como elemento que dificulta la implantación del valenciano es la elevada presencia en las aulas de alumnos inmigrantes con lenguas maternas distintas a las cooficiales. "En zonas castellanohablantes tenemos además la idiosincrasia de tantas lenguas. Si ya es complejo aprender castellano ahora tenemos el problema del valenciano", dice.

Fuentes de la Conselleria de Educación atribuyen la polémica a un conflicto artificial que no tiene reflejo real dentro de las aulas. "Los niños estudian con normalidad también las asignaturas en valenciano, y además pueden hacer los exámenes en castellano porque lo permite la ley. Su entorno cuando salen del aula sigue siendo en castellano. Lo que se busca es que puedan ser competentes en las dos lenguas", señalan desde el equipo de Vicent Marzà, que recuerda, además, el valor que aporta el conocimiento de la lengua cooficial en el desarrollo profesional posterior, por ejemplo como mérito en oposiciones públicas y requisito en determinados segmentos profesionales, como el de docente y otros funcionarios públicos. Además, recuerdan las mismas fuentes, se mantienen la exención en algunas poblaciones castellanohablantes, que permiten no tener que examinarse de valenciano, aunque lo desaconsejan precisamente porque aleja a los alumnos de los objetivos del plurilingüismo.

Escola Valenciana es la otra cara de la moneda de la FAPA Gabriel Miró. Se trata de una federación que reúne a asociaciones de defensa de la enseñanza en valenciano que agrupan a profesores y padres de alumnos. Es partidaria incluso de elevar más los porcentajes de enseñanza en valenciano en las zonas de la Comunidad Valenciana en las que está más minorizado, con el fin de reducir el desequilibrio y cumplir con el objetivo de alcanzar el bilingüismo real.

Conflicto politizado

Jaume Fullana, profesor ahora jubilado, forma parte de la ejecutiva de Escola Valenciana y colabora con la Unidad Multilingüe de la Universidad de Alicante. A su juicio, la politización del conflicto lingüístico impide establecer un diálogo sincero y útil en la comunidad educativa, entre docentes y familias, para poner en valor las ventajas del plurilingüismo. "Conforme sabes más valenciano, estás dominando dos lenguas y esto facilita el aprendizaje de una tercera, el inglés. Si este mensaje se pudiera difundir con tranquilidad a los padres y madres, que quieren lo mejor para sus hijos, entenderían que lo mejor es esta opción", explica.

Señala que el consenso académico es que para alcanzar el bilingüismo real y garantizar la competencia en las dos lenguas en territorios en situación de diglosia (donde el castellano predomina sobre el valenciano, caso de la Comunidad Valenciana) el 25% es un porcentaje insuficiente. "Esta ley permite que el alumnado tenga una buena competencia, pero será de verdad efectiva cuando se pueda vehicular más del 50% en lengua minorizada", afirma.

"Esta ley permite que el alumnado tenga una buena competencia, pero será de verdad efectiva cuando se pueda vehicular más del 50%"

Fullana advierte que a través de la excepción de los programas experimentales que permite la ley hay institutos que ni siquiera alcanzan los porcentajes mínimos. Nueve de cada diez de los que aplican este tipo de programas en la comarca de la Vega Baja tienen cursos por debajo del 25%, asegura. Pone el ejemplo del IES de Albatera, que ha pedido un aplazamiento en la aplicación de la ley.

Sobre las acusaciones de que la norma del plurilingüismo esconde objetivos políticos, Fullana recoge el guante. "Detrás de cualquier actuación siempre hay un proyecto político. Cuando se fomenta que todo el alumnado pueda dominar dos lenguas y una o dos extranjeras hay un proyecto político que nos pone en una situación de igualdad a todos". Y apunta: "También hay otro proyecto político, que es el de mantener el monolingüismo que no beneficia a nadie y que pone en situación de desventaja".