El Govern azuza el fuego en Canet pero se blinda: hace un mes que acató el fallo del TS

Cuando este jueves el consejero de Educación catalán, Josep González Cambray, acudió a la escuela de Canet de Mar a caldear los ánimos por la obligatoriedad de que el centro ofrezca el 25% de sus clases en castellano, hacía un mes que la secretaria general y número dos del departamento, Patricia Gomà, había enviado a la dirección del colegio la orden para cumplir el mandato judicial. La Generalitat ya había acatado el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establecía dicho umbral, pero González Cambray decidió posicionarse, una vez más, arengando a los sectores independentistas y amparando con su actitud el señalamiento y hostigamiento a la familia que había reclamado una escolarización bilingüe para su hijo. De hecho, el propio TSJC pidió este viernes que se proteja a los padres y al menor que han sido acosados en redes sociales y en su entorno más próximo.

Se ha preguntado al 'conseller' por esta circunstancia y por el sentido de acudir a la escuela y de su petición de que se convocasen movilizaciones o el pronunciamiento asegurando que la Generalitat no acataría la sentencia. No ha habido respuesta.

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Fuentes del independentismo explican que ERC llevaba tiempo buscando movilizar a los sectores secesionistas alrededor de la defensa del catalán. El movimiento a favor de la ruptura con España estaba mostrando debilidad en la calle y cuando el Tribunal Supremo hizo pública su providencia respaldando la sentencia del TSJC se vio la ocasión para revertir la situación. Era el Tribunal Supremo, el mismo que había condenado a los presos del 'procés'. Era perfecto para un pueblo que dice defender el catalán para mantener su identidad, pero cuya idiosincrasia en la última década ha estado más vinculada al victimismo que a otra cosa. Tras los indultos, la Generalitat se había quedado sin la batalla de los presos. Así que se aferró a la cuestión lingüística. Empezó a publicar informes en los que se asegura que el catalán estaba a punto de desaparecer. De ahí a que lo más importante de los Presupuestos Generales del Estado sea la cuota de las lenguas cooficiales en Netflix. Hay que repetir a los catalanes una y otra vez que su idioma está al borde de la extinción, aunque sea mentira.

Pero sin correr riesgos legales. No por parte de la Generalitat, ni del Govern ni tampoco del 'conseller', reconvertido en bombero pirómano de esta crisis. Por eso se emitió la orden el 11 de noviembre. La Administración autonómica quedaba cubierta mientras se invitaba a los docentes y a la población a la desobediencia. Galvanizar sin peligro para los dirigentes políticos, pero con un alto precio: dividir más a la sociedad, en especial a una localidad tan pequeña como Canet de Mar, con poco más de 14.000 habitantes y donde todo el mundo se conoce. Incluyendo al niño de cinco años y sus compañeros puestos ahora en el ojo del huracán.

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Fuentes del PSC censuraron la visita de González Cambray por irresponsable. Curiosamente, el independentismo asegura que la sentencia amenaza el modelo de la inmersión lingüística en la enseñanza, algo que no es verdad. En realidad, cumplir ese umbral del 255 solo supone dar otra asignatura en castellano. De hecho, en muchas escuelas de élite en Cataluña se da una clase menos en catalán… para impartirla en inglés. Y la Generalitat nunca ha abierto la boca. Ahora sí, porque se trata de hacer ver que todos los catalanes son víctimas de España vía Tribunal Supremo.

Manifestación lejos del colegio

Ayer mismo el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), vinculado a la CUP, y el sindicato independentista de funcionarios Intersindical-CSC convocó a 300 personas en Canet de Mar. La manifestación iba a ser a las puertas del colegio. Al final no fue allí porque los propios padres se dieron cuenta de la dimensión que estaba tomando y el impacto que podía tener en los menores y así lo pidieron a través de los medios de comunicación. Fueron los progenitores, no la Generalitat, no el 'conseller', que evitó en todo momento censurar la protesta.

Al final, los padres pidieron al sindicato SPEC que alejara la protesta del colegio para no estigmatizar aún más a los niños

Todo resulta muy artificial. Pensado para que el 18 de diciembre haya una gran manifestación en Barcelona para defender el catalán. De paso se invita a la gente a acudir a un concierto de Lluís Llach para recaudar fondos para la entidad que está redactando una nueva constitución para la Cataluña independiente. La Generalitat no puede subvencionarles legalmente así que hay hacer pasar a los votantes por caja. Las últimas movilizaciones han tenido poco tirón, y en cuatro años el soberanismo ha perdido 700.000 votos. La independencia ya no llegará, pero hay que inventarse otra cosa para que dos millones de personas sigan votando en clave soberanista y no se queden en casa en las municipales.

Dinero privado

La campaña está tan orquestada que hasta se ha sumado el dinero privado. La compañía de telecomunicaciones Parlem lanzó este viernes un vídeo con la misma idea y lo han hecho viral en redes. La empresa es propiedad de Ernest Pérez-Mas, muy cercano al soberanismo. Cuando el pasado mes de junio la firma salió a bolsa allí estaba el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró. Ahora esta misma compañía difunde un vídeo en el que se afirma sin tapujos: “Los lingüistas aseguran que el catalán ya ha entrado en proceso de extinción”.

Curiosa extinción, con diez millones de hablantes, récord de personas que saben leer y escribirlo, con una televisión en catalán que cuenta con un 14% de audiencia, TV3; con dos emisoras de radio que son líderes —RAC y Catalunya Ràdio— y que juntas suman más de 1,5 millones de oyentes, según el último EGM. Y donde uno de cada tres libros que se venden son en catalán. Pero eso sí, el tono del vídeo de Parlem es de hondo drama.

El experimento sociológico en una sociedad ya muy fracturada por el 'procés' resulta muy irresponsable. En 2017, se dijo a los catalanes que la independencia era posible, que estaba a la vuelta de la esquina y que sería rápida, fácil y barata. Y no era verdad. Ahora resulta que el fin del catalán está cerca por culpa del Tribunal Supremo. Ingeniería social a la máxima potencia.