Mazón busca perfiles técnicos en el Consell para contrarrestar la huella ideológica de Vox

El Partido Popular valenciano pretende compensar con los nombramientos de sus consellers en la Generalitat valenciana la percepción de que Vox ha impuesto su ideario y su relato político en la negociación para entrar en el Ejecutivo a cambio de garantizar la investidura de Carlos Mazón. La primera semana de escenificación del acuerdo ha sido claramente favorable a los intereses políticos del partido de Santiago Abascal, con la inclusión del torero Vicente Barrera como vicepresidente primero con competencias en Cultura y las declaraciones de José María Llanos, aspirante a titular de Justicia, negando la violencia machista y de género. Las primeras señales del pacto valenciano han generado malestar en Génova, con su líder Alberto Núñez Feijóo en plena precampaña de las generales del 23 de julio. Ya hay quien considera la gestión del pacto "un error".

El PP sostiene que, una vez superada la investidura y nombrado el gobierno, se evidenciará el peso real y la capacidad de influencia en la toma de decisiones en la gestión diaria de la Administración autonómica. Mazón, que no descarta designar un vicepresidente segundo del PP para evitar bicefalias, se ha reservado las áreas de mayor peso presupuestario del Consell y su partido resalta, a raíz de las polémicas despertadas por Vox, que pretende desgajar el área de Medio Ambiente de la Conselleria de Agricultura, la relación con los funcionarios y empleados públicos (Función Pública) de Justicia y que las políticas sobre violencia de género han quedado fuera de la órbita de la extrema derecha, al quedar excluidos los ultraconservadores del área de política social, donde se mueven 2.000 millones de presupuesto. Mazón también se ha reservado la siempre sensible cartera de Educación, aunque ha mostrado coincidencias con Vox en materia lingüística y ha aceptado el veto parental en el programa de gobierno, como también el concepto de "violencia intrafamiliar".

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La prueba del algodón del peso real del gobierno, más allá del simbolismo que pretenden imprimir los de Abascal, estará en el peso específico de los consellers que nombre el PP. Mazón busca perfiles políticos, pero también técnicos para las áreas de mayor capacidad presupuestaria o de corte económico. Todo son especulaciones sin confirmar. Pero entre los nombres que se barajan en Hacienda, un puesto clave para tratar de encajar técnicamente las rebajas tributarias que quieren aplicar PP y Vox, está el del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Miguel Hernández de Elche y doctor en Dirección y Tributación de la Empresa, José Antonio Belso Martínez.

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Belso es actualmente el director de Suma Gestión Tributaria, la oficina fiscal de la Diputación de Alicante, y está considerado uno de los ideólogos de la reforma fiscal que Mazón quiere aplicar en la Generalitat. Formaron parte de ese grupo Gonzalo Maluenda, también en Suma, y dos profesores de Economía de la misma universidad que Belso, Eduardo Such y Carmen Victoria Escolano.

También la exportavoz de Ciudadanos y ahora diputada con el PP, Ruth Merino, del cuerpo de técnicos de la Agencia Tributaria, ha formado parte del equipo económico de Mazón, aunque quizás encaja más para un puesto en el segundo escalón como la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) o el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). También han formado parte del equipo el diputado Rubén Ibáñez y José Antonio Rovira, una de las personas de mayor confianza del que será nuevo president y cuyo nombre se ha manejado para la cartera de Educación, pues ya fue director general de personal docente de la Conselleria de Educación entre 2001 y 2007.

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Es habitual en los gobiernos de coalición el pacto no escrito de que cada formación que lo compone disponga de libertad para designar a sus integrantes. Sin embargo, formalmente la potestad última de nombrar y cesar consellers es del presidente de la Generalitat, que tiene el botón rojo del Diario Oficial para pulsarlo cuando lo considere. Esa asimetría en la relación de poder entre los socios es la que llevó a Vox a buscar una salida en el Congreso al que había sido su candidato Carlos Flores, vetado por los populares, a cambio de garantizarse la entrada en el Ejecutivo de la Generalitat. Del mismo modo, la necesidad de sellar el acuerdo antes de formalizar las listas a las Cortes Generales explica que el PP haya aceptado acortar los plazos de la negociación para cerrar un pacto relámpago, que incluye al torero Barrera como vicepresidente primero con competencias en Cultura y la cesión de las áreas de Agricultura y Justicia, Gobernación e Interior.

El documento del pacto, no obstante, no pone nombres a las dos últimas carteras. Sus titulares saldrán de la negociación, aunque corresponde a Vox designarlos. Mazón no hará público su gobierno al completo hasta que haya sido investido, lo que podría ocurrir entre el 17 y el 21 de julio. Sin embargo, Vox ha comenzado a deslizar nombres. Suena el del diputado José Luis Aguirre para Agricultura, una persona al que el PP valora por su conocimiento del sector. Ingeniero técnico agrícola, Vox llegó a barajar a Aguirre como candidato a la alcaldía de Valencia, aunque finalmente se decantó por el catedrático de Derecho Civil, Juanma Badenas.

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El aspirante a conseller que más polémica puede generar y que puede poner en un aprieto a Mazón ante la opinión pública y ante Feijóo es José María Llanos. Fue presidente provincial de Vox, hasta que Santiago Abascal decidió sustituirlo por Ignacio Gil Lázaro, y ocupó el segundo puesto de la lista autonómica por Valencia tras Flores. Considerado representante de la derecha religiosa valenciana más conservadora, Llanos desató la polémica el pasado viernes al manifestar en declaraciones a TVE que "la violencia de género no existe" y "la violencia machista no existe". Estas declaraciones, sumadas a la aceptación por parte del PP en el documento programático del pacto del concepto de "violencia intrafamiliar" desataron una tormenta que llevaron a Núñez Feijóo a salir al paso para censurar a Llanos, lo que forzó al PP valenciano a reaccionar en la misma línea.

Está por ver que Feijóo y Mazón acepten a Llanos en el gobierno de la Generalitat y afronten un nuevo incendio. Es doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas, pero la Conselleria de Justicia tiene bajo sus competencias la supervisión y dotaciones de los juzgados especializados en violencia de género. Es decir, de Llanos depende negociar con el poder judicial la dotación de recursos. Los populares han sido críticos con la reorganización de juzgados llevada a cabo por la actual responsable, Gabriela Bravo, que ha reagrupado las ventanas de once a cinco, eliminando las competencias sobre violencia de género en los partidos judiciales de Quart de Poblet, Carlet, Xátiva, Moncada, Catarroja y Picassent. Bravo asegura que la reorganización ha sido por razones de eficiencia y que está pactada con el visto bueno del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia valenciano y el cuerpo de letrados.