El pacto de Mazón y Vox para eliminar patrimonio y sucesiones abrirá un agujero de 600M

El acuerdo de gobierno firmado por el Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana implica una importante rebaja de impuestos, así como un fuerte impulso al gasto público en algunas de las principales partidas autonómicas. En materia de fiscalidad, el pacto contempla la eliminación de patrimonio, sucesiones y donaciones y una “reducción drástica” del IRPF “en todos sus tramos, especialmente a los salarios medios y bajos”. En el caso de este tributo, no hay más detalles, por lo que su cuantificación es imposible, pero en la eliminación de patrimonio, sucesiones y donaciones, la Comunidad Valenciana perdería este año 615 millones de euros en ingresos, según los cálculos incorporados a los presupuestos de la Generalitat para 2023.

Solo la eliminación de estas dos figuras implicaría un esfuerzo fiscal superior a todo el incremento del gasto presupuestado para este año, que es de 471 millones de euros. Esta medida supondría añadir 0,4 puntos porcentuales al déficit de la región, esto es, solo estas dos medidas superarían el objetivo de déficit que tienen las comunidades autónomas. Y la situación de partida ya es delicada, porque la Autoridad Fiscal (AIReF) ya calculaba que la Comunidad Valenciana tendría un déficit del 1,5% del PIB este año 2023. Esto es, cinco veces por encima del nivel de referencia fijado por el Ministerio de Hacienda.

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Esta ayuda fiscal se concentrará en las rentas altas, primero porque en los impuestos que afectan al patrimonio y las donaciones están bonificados para las rentas medias y bajas, sobre todo en los casos de parentesco directo. Mientras que en el caso del IRPF, las rentas altas también se benefician de las reducciones en los tramos bajos, ya que también tributan en esos niveles inferiores.

Por ejemplo, en el tramo estatal, una rebaja de medio punto en todos los tramos hasta los 40.000 euros tendría un ahorro de apenas 20 euros para las rentas más bajas, de unos 100 euros para las rentas medias y de más de 500 euros para las rentas altas, según los cálculos del Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo de Economistas. Esta diferencia se debe a que aprovechan más la rebaja fiscal las rentas que son capaces de subir por completo los distintos tramos beneficiados.

Una herencia deficitaria

La política fiscal expansiva que plantean el Partido Popular y Vox choca con unas cuentas públicas muy delicadas en la Comunidad Valenciana. En 2022, tuvo un déficit equivalente al 3,1% de su PIB, esto es, el triple que el conjunto de CCAA. También lidera la estadística de deuda pública, ya que a finales de 2022 tenía un pasivo equivalente al 43,7% de su PIB, lo que es el doble que el conjunto de CCAA. La siguiente comunidad con la deuda más alta es Cataluña, pero en su caso es del 33% del PIB, esto es, 10 puntos menos.

Esta posición de partida deja al nuevo Gobierno con escaso margen para adoptar medidas que supongan un gran estímulo fiscal, salvo que consiga forzar una revisión del sistema de financiación autonómica. Esta era la petición recurrente del todavía presidente en funciones de la Generalitat, Ximo Puig, y el nuevo Gobierno de coalición valenciano ha cogido el testigo. El punto 4 de su acuerdo de gobierno incluye “exigir al Gobierno de la nación un nuevo marco de financiación autonómica que garantice la justa financiación de la Comunidad Valenciana”. Una exigencia que no garantiza que la región vaya a contar con más recursos.

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El acuerdo de gobierno también incluye un importante aumento del gasto público, que tampoco está cuantificado. Entre las medidas pactadas, están el aumento hasta el 30% del gasto sanitario, la educación universal y gratuita para niños de cero a tres años, la creación de ayudas para las empresas ante la crisis inflacionista, la inversión para aumentar el parque de viviendas o la mejora de las infraestructuras de transporte.

A cambio, PP y Vox se comprometen a realizar una “correcta y eficiente gestión del dinero público”. La eterna promesa de cada Gobierno. En este caso concreto, lo conseguirán “reduciendo el número de conselleries, de altos cargos y asesores. Se suprimirán los organismos innecesarios que no reportan en el bien general”. Una definición tan amplia que deja a su decisión discrecional dónde meter la tijera y qué cargos mantener.