Los hospitales de campaña valencianos, al borde del juicio por impago de la Generalitat

El contratista de los hospitales de campaña que la Generalitat compró como refuerzo de instalaciones por la pandemia y la Administración valenciana se han dado una última oportunidad antes de verse en los juzgados por la factura del encargo. Ingeniería y Desarrollos de Alta Tecnología (IDAT), la filial del grupo Hispano Vema, ha remitido un informe pericial encargado a una consultora independiente en el que cifra en 7,5 millones de euros la cantidad pendiente de pago por las labores de dotación y equipamiento de los tres centros provisionales que el Consell que preside Ximo Puig situó junto a los hospitales de referencia de las tres capitales de provincia con el fin de disponer de espacio adicional sanitario ante el colapso que comenzaba a producirse por enfermos de covid en los meses de marzo y abril del año pasado.

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La contratación de la infraestructura se produjo a través de la Agencia Valenciana de Emergencias, dependiente de la Conselleria de Justicia, que dirige Gabriela Bravo, mediante un procedimiento de urgencia, pero durante su instalación se produjeron nuevos encargos, incluso verbalmente, desde el área de Sanidad en forma de suministros médicos, además del alquiler de baños después de que los proporcionados por uno de los subcontratistas fuesen rechazados por problemas de calidad. En total, la factura se situó en los 15 millones de euros, pero alrededor de la mitad se ha quedado sin pagar por discrepancias entre las dos 'conselleries' y en las valoraciones con el contratista.

A preguntas de El Confidencial, fuentes de Justicia aseguran que están al corriente de su deuda, con un último pago realizado en el primer trimestre de 2021. A su vez, desde el área sanitaria, que dirige la también socialista Ana Barceló, se amparan en un informe del Consell Jurídic Consultiu (el Consejo de Estado valenciano) para asegurar que no tiene obligación de hacer frente a la deuda que reclama el contratista. Este informe avala la resolución de los contratos con IDAT amparándose en la demora en la entrega de los suministros médicos, que incluían desde respiradores hasta botellas de oxígeno.

"No debe confundirse la entrega tardía y fuera de plazo del suministro que realiza el contratista, que supone simplemente el deposito del material en los hospitales, con la recepción debidamente realizada por la Administración sanitaria, que se realiza mediante la preceptiva Acta de recepción, acta que no se realizó, o por lo menos, no consta en el expediente administrativo remitido a este Órgano consultivo. Debe tenerse en cuenta que el contratista está obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones que dicte la Administración contratante", señala el CJC.

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La empresa, que no comparte esta resolución, ha dado una última oportunidad a la Generalitat antes de trasladar su demanda al juzgado de lo Contencioso. Para ello, técnicos de una consultora independiente visitaron hace algunas semanas los hospitales de campaña para elaborar un informe de inventario y valoración con el fin de determinar la cuantía pendiente de desembolsar. La conclusión es que la cifra que año y medio después del contrato sigue sin liquidarse alcanza los 7,5 millones de euros. El informe ya ha sido remitido a la Administración valenciana y, según fuentes conocedoras del litigio, el departamento de Presidencia ha intervenido para tratar de evitar la reclamación judicial.

La Conselleria de Justicia está preparando la retirada de las tres instalaciones, cuyo uso ha sido muy irregular en las distintas olas de la pandemia. Los hospitales han pasado a formar parte del patrimonio autonómico y la intención es reutilizarlos para otro tipo de situaciones de emergencia, total o parcialmente, pues son de tipo modular.