PENÚLTIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN

La condonación de deuda autonómica se abre paso en la comisión de expertos

La condonación parcial —mediante quitas— de la deuda autonómica está sobre la mesa de los expertos. Valencia y Murcia, las regiones más endeudadas con el Estado, lo reclaman

Foto:  Vista general de una reunión que celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera. (EFE)
Vista general de una reunión que celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera. (EFE)

La batalla está servida. Los expertos que asesoran al Gobierno en la reforma de la financiación territorial han abierto el melón de la condonación —mediante quitas— de la deuda autonómica contraída con la Administración central. La propuesta ha sido impulsada, fundamentalmente, por los representantes de los gobiernos regionales más endeudados con el Estado, en particular la Comunidad de Valencia y Murcia.

También existen otras seis comunidades autónomas (Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Cataluña) cuya dependencia de la financiación del Estado es muy relevante. El año pasado, el 53,7% de la deuda autonómica, según el Banco de España, estaba en manos del Gobierno central, pero en el caso de Murcia y Valencia, ese porcentaje supera ligeramente el 75%, lo que explica la búsqueda del perdón financiero.

La propuesta de la mayoría de los expertos no es vinculante para el Gobierno, pero cuenta con un cierto aval del Grupo Popular en el Congreso, que en marzo alcanzó un acuerdo con el Partido Socialista y Ciudadanos destinado a compensar a las comunidades autónomas que han visto elevar su endeudamiento como consecuencia de un déficit de financiación.

La Lofca (Ley Orgánica de Financiación Autonómica) permite esa compensación, tal y como aseguró en ese debate la portavoz popular, Susana López Ares. El artículo dos de la Lofca establece, en concreto, la posibilidad de que haya “compensaciones” en caso de que determinadas actuaciones legislativas del Estado puedan suponer una merma de los ingresos de las CCAA. La norma fía al siguiente sistema de financiación —el que se está discutiendo ahora— las “medidas compensatorias”.

Lo que está en juego es mucho dinero. Nada menos que 148.694 millones de los 276.899 millones de euros (el 25% del PIB) que adeudaban las comunidades autónomas al finalizar el año 2016. Ese dinero está incluido en el llamado Fondo de Financiación de las CCAA, que excluye al País Vasco y Navarra por su singularidad fiscal, lo que les ha permitido no haber recibido ningún préstamo de la Administración central. El fondo incorpora la llamada Facilidad Financiera (para las regiones cumplidoras), el Fondo de Liquidez Autonómico y el Fondo Social, que financia deudas contraídas por las CCAA con los ayuntamientos.

Lo que plantean los gobiernos que reclaman la condonación es que el actual modelo ha generado desigualdades desde el minuto uno, toda vez que existe un déficit de financiación de partida que explica en parte los elevados endeudamientos. Cinco comunidades autónomas tienen una deuda claramente superior a la media. Comunidad Valenciana (41,5% de su PIB), Castilla-La Mancha (36,5%), Cataluña (35,2%), Baleares (30,4%) y Murcia (28,8%).

Financiarse en los mercados

En el lado contrario están las regiones que no quieren oír ni hablar de una condonación, aunque sea parcial, y que esgrimen que ellas han hecho los ajustes que otras regiones no han realizado. Este es el caso de Madrid, que tiene la menor dependencia de la Administración central a la hora de endeudarse. De hecho, ha continuando financiándose en los mercados en los años más duros de la crisis. También Galicia y Asturias, según fuentes de la negociación, son reacias a perdonar la deuda. Al igual que el director de Fedea, Ángel de la Fuente, muy cercano al ministro Cristóbal Montoro.

La Comisión de Expertos tenía previsto finalizar ayer, miércoles, su trabajo, pero finalmente habrá una nueva reunión la semana próxima. Y es muy probable que el documento que salga cuente con numerosos votos particulares. Entre otras cosas, por el método de selección de los especialistas, uno por comunidad autónoma (menos Cataluña, que ha renunciado, aunque lo hace a través de Baleares). Esto da pie a que haya numerosas posiciones y a que cada uno de los expertos traslade la opinión de sus respectivos gobiernos regionales. Algún estudio, como el del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), estima una insuficiencia de financiación del conjunto del territorio —sin comunidades forales— equivalente a 16.674 millones de euros.

Junto a la propuesta de una quita de la deuda, los expertos continúan con su idea de avanzar en la creación de un IVA colegiado, aunque esta idea no cuenta con la bendición de algunos miembros, como el catedrático Manuel Lagares, cercano al Gobierno.

Este IVA sería homogéneo en todas las regiones —ya que la propia UE impide territorializar los tipos impositivos—, pero se deja la puerta abierta a que la mayoría proponga una revisión al alza (e improbablemente a la baja), lo que afectaría a todas por igual.

Lo que está en discusión ahora es qué institución sería la encargada de adoptar la revisión. Entre las que se barajan, están la Comisión General de Comunidades Autónomas —dependiente del Senado y compuesta por 54 senadores— o el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En todo caso, sería un brindis al sol debido a que con que haya solo una comunidad en contra, la propuesta no saldría adelante.

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