La OTAN insta al Gobierno a acelerar la ley de secretos oficiales para homologar normativas

El Gobierno busca tener lista la nueva ley de secretos oficiales antes de final de año. Tras acumular retrasos en una norma que ya se fijó en el plan normativo del primer año de legislatura, Moncloa ha pisado el acelerador para poder aprobar el anteproyecto de ley en Consejo de Ministros antes del parón del verano. Distintas fuentes de los grupos parlamentarios que sostienen al Ejecutivo apuntan que el desbloqueo tiene que ver con las recomendaciones de la OTAN para que los países aliados homologuen sus normativas y se facilite la cooperación en esta materia entre los distintos servicios secretos. El caso de España es excepcional, porque la actual ley que regula la desclasificación de documentos es una norma franquista de 1968.

El concepto estratégico de Madrid aprobado por la Alianza en su última cumbre no hace referencias directas a la necesidad de homologar normativas, centrándose en advertir sobre la necesidad de reforzar la ciberseguridad. "Los actores malignos pretenden degradar nuestras infraestructuras esenciales, injerirse en nuestros servicios gubernamentales, extraer información de los servicios secretos, robar propiedad intelectual y obstaculizar nuestras actividades militares", se recoge en el punto 15 para dar cuenta de que "el ciberespacio es objeto de disputa permanente". Sin embargo, en los márgenes de la cumbre se insistió en la necesidad de homologar normativas en un terreno en el que España sigue siendo una anomalía europea.

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Si en la mayoría de países de nuestro entorno los plazos para la desclasificación de documentos oficiales van de los 25 a los 50 años, en España, pese a los principios generales de transparencia, ni siquiera existe un marco temporal ni se revisa la calificación de la documentación acumulada. El anteproyecto que ya está perfilando el Ministerio de Presidencia, para acelerar la que se denominará Ley de Información Clasificada, parte del diagnóstico de que la actual regulación "ha quedado desfasada".

De ahí que se defienda "acometer una reforma estructural" y "adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las necesidades actuales y adaptarlo, asimismo, a los estándares internacionales". La filosofía de la futura ley se ciñe a las recomendaciones de la Alianza, aunque sin que ello impida complementar las desclasificaciones automáticas de documentos, con distintos grados temporales según el nivel de seguridad, con la ampliación de los grados de reserva de los documentos cuya salida a la luz sería prorrogada.

El sistema europeo también establece una revisión periódica de los niveles de clasificación de documentos cada cinco años. El Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea establece que "todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte", y aunque se establecen excepciones, el límite temporal es de 30 años.

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Desde el Ejecutivo, se concibe la futura ley como un asunto de Estado y por ello se buscará llegar a un acuerdo con el PP para sacarla adelante. Unas pretensiones que han generado desconfianza en el socio minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos. Los morados temen que el alcance de la norma sea poco ambicioso para ceñirse a los mínimos recomendados por la OTAN y no atender las reivindicaciones de la izquierda, para quien es una máxima sacar a la luz los documentos relacionados con el 23-F y los GAL, al tratar de cerrarla con los populares.

Desde el PNV, que tiene bloqueada su propuesta de reforma en la Mesa de la Cámara al prorrogarse semana tras semana el plazo de enmiendas desde hace más de dos años y medio, tampoco son optimistas. Fuentes del grupo parlamentario avanzan que el Gobierno no ha interlocutado con ellos sobre el anteproyecto que el propio Pedro Sánchez confirmó que se aprobaría este mes en su respuesta a Aitor Esteban durante el debate sobre el estado de la nación. Las mismas fuentes señalan que lo que han conocido a través de la prensa "no cumple con nuestras expectativas". Los nacionalistas vascos llevan batallando en el Congreso desde 2016 para reformar la actual ley de secretos oficiales. Su propuesta pasa por establecer un plazo máximo de 25 años para la desclasificación de documentos considerados históricos y de 10 años para los reservados.

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En un principio, la intención del Ejecutivo fue limitar las desclasificaciones a los documentos posteriores a octubre de 1978, fecha de aprobación de la Constitución. Los primeros borradores de Defensa establecían excepciones para dejar fuera hitos como el 23-F, e incluso se ponía en duda desde este departamento la existencia de documentación al respecto. Al menos, en los términos esperables por las formaciones que ponen el foco en dichos sucesos.

Fuera de las desclasificaciones, según el proyecto inicial de Defensa, se quedarían otros episodios como los relativos a la actividad de los GAL, aunque sí saldrían a la luz los documentos secretos relacionados con la Transición, incluyendo episodios represivos como los sucesos de Vitoria o los Sanfermines de 1978, como guiño a los nacionalistas vascos. Ahora, el Ministerio de la Presidencia no prevé limitar las desclasificaciones hasta un periodo concreto, al contrario de la propuesta inicial, pero sí ampliar los grados de reserva de los documentos cuya salida a la luz sería prorrogada.