El Gobierno acelera la ley de secretos oficiales en la que descarta desclasificar el 23-F

Los primeros borradores de la futura ley de secretos oficiales, que pretende sustituir a la norma franquista de 1968 todavía en vigor, ya están en manos de la vicepresidencia primera. El Ministerio de Defensa, que en un principio iba a pilotar en solitario el proyecto, ya ha realizado sus aportaciones remitiéndolas a la comisión interministerial que coordina la vicepresidencia primera y en la que también participan Interior, Justicia y Exteriores. La intención pasa por desclasificar documentos oficiales posteriores a octubre del 1978, fecha de aprobación de la Constitución, que era el límite temporal que se había fijado inicialmente. Un cambio que confirman fuentes de Defensa. El Gobierno tiene previsto aprobar definitivamente en el Consejo de Ministros del 6 julio la Ley de Memoria Democrática, cuyos objetivos se quedarían cojos sin un proceso de desclasificación de documentos.

En la nueva norma se quedarían fuera hitos como el 23-F, según estas mismas fuentes, desechando las demandas de varios grupos parlamentarios que habían reclamado sacar a la luz pública la documentación secreta del golpe de Estado. Desde Defensa hasta se pone en duda que exista esta documentación, al menos en los términos esperables por las formaciones que ponen el foco en dichos sucesos.

Si los trabajos mantienen el actual ritmo, la futura ley podría llegar al Consejo de Ministros antes de que remate el año. Sin embargo, los grupos parlamentarios todavía no han sido informados sobre los avances y los socios de investidura del Gobierno son cada vez más recelosos con que la nueva norma cumpla sus expectativas. Tampoco el PNV conoce los últimos avances. Los nacionalistas vascos han llevado la iniciativa durante los últimos años para impulsar una reforma de la ley de secretos oficiales y su propuesta fue aceptada a trámite por la mayoría del Congreso. Una propuesta que ahora desechan desde el Gobierno, por lo que están impulsando un proyecto propio, mientras la Mesa del Congreso mantiene bloqueada la reforma desde hace nueve meses.

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La opción del PNV pasa por establecer mecanismos automáticos de desclasificación por plazos temporales, como sucede en la mayoría de legislaciones europeas. El Ejecutivo, por su parte, estudia algo intermedio, sin desclasificaciones automáticas, sino adaptadas según el grado de protección de los documentos. Se trata de otro de los grandes cambios respecto a la idea inicial, que pasaba por limitar las desclasificaciones hasta un periodo concreto. Según fuentes conocedoras de la redacción del proyecto, del que ahora está al mando la vicepresidencia primera, sería el Ministerio del Interior el departamento más receloso para sacar a la luz pública la documentación clasificada.

Los socialistas llegaron a abogar en la pasada legislatura por establecer un plazo para las desclasificaciones de 25 años y, en caso de prorrogarse según la protección de los documentos, hacerlo por un máximo de 10 años más, hasta los 35. Precisamente, la propuesta de los nacionalistas vascos bloqueada en el órgano rector de la Cámara Baja por la mayoría de socialistas y morados establece plazos similares: un máximo de 25 años para la desclasificación de documentos considerados históricos y de 10 años para los documentos reservados. La única excepción es que el Consejo de Ministros disponga una prórroga excepcional y motivada en el caso solo de las materias secretas, por un nuevo periodo máximo de 10 años.

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Pese al impulso de las últimas semanas, la nueva ley llevaba varios meses atascada y acumulando retrasos según lo previsto. De hecho, se había comprometido llevar al Consejo de Ministros antes de que finalizase el pasado año, pero sus primeros trabajos no comenzaron hasta hace cuatro meses. Asimismo, desde que se intentó llevar al Congreso por primera vez la modificación de la ley, han pasado cinco años.

Es el PNV quien lleva batallando desde 2016 para una reforma que sitúe a España en el marco de los estándares europeos y democráticos en lo que a tratamiento de secretos oficiales se refiere. Sus interlocutores siguen estando en Defensa, y no han recibido novedades sobre los avances en el texto desde que fue remitido a la vicepresidencia primera que dirige Carmen Calvo.

Coincidiendo con el 40 aniversario del 23-F, el resto de grupos que formaron el bloque de la investidura urgieron al Ejecutivo que se desbloquease la iniciativa de reforma del PNV. Incluso Unidas Podemos, a pesar de que vota conjuntamente en la Mesa del Congreso junto al PSOE para prorrogar los plazos. Fuentes del grupo socialista achacaron entonces la paralización a la falta de acuerdo entre el resto de grupos, poniendo como ejemplo que ni siquiera se haya podido constituir la comisión de secretos oficiales.