El Gobierno deja en el aire la ley de secretos oficiales tras el rechazo a la reforma del PNV
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A PARTIR DE CERO

El Gobierno deja en el aire la ley de secretos oficiales tras el rechazo a la reforma del PNV

Desde que se llevó al Congreso la modificación de la ley han pasado cinco años y el camino elegido ahora por la Moncloa amenaza con que esta legislatura vuelva a concluir sin avances

placeholder Foto: La ministra de Defensa, Margarita Robles, pasa revista a las tropas. (EFE)
La ministra de Defensa, Margarita Robles, pasa revista a las tropas. (EFE)

La modificación de la ley franquista de 1968 de secretos oficiales sigue atragantándose. La demora acumulada en el desarrollo de la nueva ley, que el Gobierno se había comprometido llevar al Consejo de Ministros antes de que finalizase el pasado año y cuyos primeros trabajos todavía han comenzado en marzo, la intención de evitar los automatismos temporales en la desclasificación de documentos, como exigen sus socios parlamentarios para apoyarla, y el rechazo a la reforma del PNV que estaba ya tramitándose vuelven a dejar en el aire la iniciativa. Desde que se intentó llevar al Congreso por primera vez la modificación de la ley han pasado cinco años y el camino elegido ahora por el Ejecutivo amenaza con que esta legislatura vuelva a concluir sin avances en esta materia.

Desde el PNV, la formación que lleva batallando desde 2016 para una reforma que sitúe a España en el marco de los estándares europeos y democráticos en lo que a tratamiento de secretos oficiales se refiere, advierten sobre el "serio riesgo" de que pueda aprobarse esta legislatura. Fuentes del grupo nacionalista vasco en el Congreso explican que de mantenerse la intención del Gobierno de partir de cero, presentando un proyecto de ley que tiene que pasar todos los trámites, incluida la necesidad de recabar informes tanto externos como internos, supondría dilatar el proceso hasta el punto de que no viese la luz antes del final de la legislatura. Todo ello, añaden estas mismas fuentes, sin tener en cuenta la inestabilidad actual por la que atraviesa el Gobierno de coalición en minoría.

Durante la última reunión que mantuvieron desde el PNV con el Gobierno, en la que se les trasladó que se habían iniciado los trabajos para desarrollar un nuevo proyecto de ley de secretos oficiales, los nacionalistas insistieron en que la reforma se realizase aprovechando su iniciativa ya aceptada a trámite para acortar los tiempos. Valoran la voluntad de avanzar en la modificación de la ley, pero entienden que el Ejecutivo puede trabajar en su propio texto, junto a otros grupos parlamentarios si lo desea, para proponerlo vía enmiendas a su proyecto de ley. "Invitamos al Gobierno a que aproveche la tramitación de nuestra proposición de ley", indican desde la formación.

Foto: La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una visita al Archivo General Militar de Ávila. (EFE)

Sin avances desde el Gobierno hasta ahora, la reforma impulsada por el PNV en el Congreso lleva bloqueada seis meses y medio. Desde que el 23 de septiembre del pasado año se cerrase el plazo para presentar enmiendas a la totalidad a dicha reforma, sin que ningún grupo lo hiciese. A partir de aquel momento, se viene prorrogando en la Mesa del Congreso semana tras semana el plazo para presentar enmiendas al articulado y, por tanto, su desarrollo un año después de que se aprobase su tramitación parlamentaria. Un bloqueo en el órgano rector de la Cámara Baja, donde tienen mayoría los dos grupos parlamentarios que sostienen al Ejecutivo, por el que no parece que el Gobierno quiera dejar la iniciativa de esta ley al PNV.

El portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, ya pidió explicaciones por este bloqueo en una reunión de la Junta de Portavoces celebrada el pasado mes de febrero. Coincidiendo con el 40 aniversario del 23-F, el resto de grupos que formaron el bloque de la investidura también urgieron al Ejecutivo al desbloqueo. Incluso Unidas Podemos, a pesar de que vota conjuntamente en la Mesa del Congreso junto al PSOE para prorrogar los plazos. Fuentes del grupo socialista achacaron la paralización a la falta de acuerdo entre el resto de grupos, poniendo como ejemplo que ni siquiera se haya podido constituir la comisión de secretos oficiales, y entienden que sería papel del PNV negociar con ellos.

Dos meses y medio después de que el Congreso aprobase su admisión a trámite, el Gobierno incluyó en su plan anual normativo el compromiso del Ministerio de Defensa de elaborar una nueva ley. La propuesta de la que se partía era que se pudiesen desclasificar los documentos históricos hasta diciembre de 1978, coincidiendo con la ratificación de la Constitución. Se excluían así los automatismos temporales que el propio PSOE había propuesto en sus enmiendas a la ley del PNV en 2018 y que finalmente no finalizó su tramitación al decaer la legislatura.

placeholder La ministra de Defensa, Margarita Robles, junto al diputado del PNV, Aitor Esteban. (EFE)
La ministra de Defensa, Margarita Robles, junto al diputado del PNV, Aitor Esteban. (EFE)

El PSOE abogaba entonces por desclasificaciones a los 25 años, y en caso de prorrogarse extenderse por un máximo de diez años. La iniciativa del PNV que duerme el sueño de los justos en el Congreso establece un plazo máximo de 25 años para la desclasificación de documentos considerados históricos y de 10 años para los documentos reservados.

Aprovechado el 40 aniversario del golpe de Estado, ERC, JxCAT, EH Bildu, PDeCAT, CUP y BNG sembraron dudas sobre el relato y las supuestas sombras del 23-F. "Más allá de la versión oficial, existen fundados indicios de que el golpe del 23-F fue algo planificado y orquestado no por cuatro militares descontentos sino por toda una operación de Estado que permitiese salvar el régimen del 78 hasta nuestros días. Es hora de conocer todo lo ocurrido en nombre de la verdad y la memoria democrática", plantearon a través de un manifiesto. En esta línea, registraron una iniciativa conjunta en el Congreso para exigir que "se conozcan con exactitud cada documento, cada grabación, cada información significativa que obre en poder del Estado español y que aporte 'luz y taquígrafos' a los verdaderos acontecimientos que alumbraron el golpe de Estado del 23-F".

Foto: La ministra de Defensa, Margarita Robles. (EFE)

Con la iniciativa que baraja el Gobierno saldrían así a la luz los documentos secretos relacionados con la Transición, incluyendo episodios represivos como los sucesos de Vitoria o los Sanfermines de 1978 con los que se pretende realizar un guiño al PNV. Sin embargo, se quedarían fuera de estas desclasificaciones otros episodios como el propio 23-F o los GAL.

La ley de secretos oficiales franquista de 1968 ha convertido España en una anomalía europea. Si en la mayoría de países de nuestro entorno los plazos para la desclasificación de documentos oficiales van de los 25 a los 50 años, en España, pese a los principios generales de transparencia, ni siquiera existe un marco temporal ni se revisa la calificación de la documentación acumulada. La ausencia de automatismos o plazos para la desclasificación en la futura ley podría suponer un nuevo cierre en falso, según han advertido especialistas, historiadores y los grupos que hasta ahora han promovido sin éxito en el Congreso una reforma de la ley.

La modificación de la ley franquista de 1968 de secretos oficiales sigue atragantándose. La demora acumulada en el desarrollo de la nueva ley, que el Gobierno se había comprometido llevar al Consejo de Ministros antes de que finalizase el pasado año y cuyos primeros trabajos todavía han comenzado en marzo, la intención de evitar los automatismos temporales en la desclasificación de documentos, como exigen sus socios parlamentarios para apoyarla, y el rechazo a la reforma del PNV que estaba ya tramitándose vuelven a dejar en el aire la iniciativa. Desde que se intentó llevar al Congreso por primera vez la modificación de la ley han pasado cinco años y el camino elegido ahora por el Ejecutivo amenaza con que esta legislatura vuelva a concluir sin avances en esta materia.

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