Los socios de Sánchez plantan los actos del 23-F al vincularlos con el "régimen del 78"

Los principales socios de la investidura de Pedro Sánchez, de ERC a PNV, plantarán hoy los actos de homenaje organizados en el Congreso para conmemorar el aniversario del 23-F, a los que acudirán tanto el rey Felipe VI como el presidente del Gobierno. La ausencia de los nacionalistas vascos no se debe a la presencia del monarca, según ha matizado su portavoz Aitor Esteban, sino al propio hecho de que "se conmemore un golpe de Estado" y a que no se ha contado con el resto de grupos para un acto que "teóricamente organizada el Congreso". El PNV da cuenta así del deterioro de su interlocución con el Ejecutivo, como se viene visibilizando en los últimos plenos del Congreso, y ha aprovechado, como el resto de fuerzas que conformaron el bloque de la investidura, para urgir a la reforma de la ley de secretos oficiales cuya tramitación lleva cerca de cinco meses bloqueada.

Las formaciones independentistas ERC, JxCat, EH Bildu, PdeCAT, CUP y BNG han realizado una declaración conjunta "por la ruptura democrática" en la que interpretan el homenaje como una defensa de los pilares que sostendrían el "régimen del 78" y que vinculan al "candado que impide que la ciudadanía catalana, vasca, gallega, así como las clases populares de este Estado, avancemos hacia un escenario democrático basado en la libertad nacional y la justicia social".

El manifiesto "por la ruptura democrática" define el 23-F como "una operación de Estado que reforzó y blindó los pilares y valores del régimen establecido en la mal llamada transición democrática española, con la figura del Rey y el Ejército como sus mayores garantes. Pilares y valores antidemocráticos de donde nacen la represión, la desigualdad, la injusticia, la corrupción, la conculcación de derechos y el recorte de libertades que se mantienen hasta el día de hoy". Y concluyen que "una democratización real solo será posible desde la ruptura con la herencia, los privilegios, bases y valores que representa el régimen del 78".

Las dudas sobre el relato y las sombras del 23-F también han estado presentes en los discursos de los partidos que han apoyado al Gobierno, por lo que han aprovechado para urgir a una reforma de la ley de secretos oficiales. "Se habla de transparencia, pero hasta ahora nada de nada y hoy mismo la Mesa del Congreso ha prorrogado el plazo de enmiendas para una posible modificación de la ley de secretos oficiales", ha lamentado Aitor Esteban, para quien es necesario "levantar el velo" sobre sucesos como el 23-F desclasificando la documentación de la época.

"Más allá de la versión oficial, existen fundados indicios de que el golpe del 23-F fue algo planificado y orquestado no por cuatro militares descontentos, sino por toda una operación de Estado que permitiese salvar el régimen del 78 hasta nuestros días. Es hora de conocer todo lo ocurrido en nombre de la verdad y la memoria democrática", han planteado las formaciones independentistas. En esta línea han registrado este mismo martes una iniciativa conjunta en el Congreso para exigir que "se conozcan con exactitud cada documento, cada grabación, cada información significativa que obre en poder del Estado español y que aporte 'luz y taquígrafos' a los verdaderos acontecimientos que alumbraron el golpe de Estado del 23-F".

Iglesias: "No puede ser que existe una ley mediante la que se pueda ocultar a los ciudadanos lo que pasó"

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que ha acudido a los actos de homenaje en representación del Ejecutivo, junto al presidente y las otras tres vicepresidencias del Gobierno, se ha sumado a las voces que piden una reforma de la ley de secretos oficiales porque "no puede ser que existe una ley mediante la que se pueda ocultar a los ciudadanos españoles lo que pasó". En esta línea, ha avanzado que desde su formación defenderán tanto en el Congreso como en el Gobierno que "esa ley deje de estar ocultando información que los españoles tienen derecho a conocer". Iglesias también ha lanzado un guiño a las razones que algunos de los socios de investidura esgrimieron para ausentarse del acto de homenaje, asegurando que "40 años después (del 23-F) es difícil decir que la monarquía sea una condición de posibilidad para la democracia. Hay que reconocer que ese debate social existe en España y creemos que se abre un horizonte de república".

A esta reivindicación se ha sumado también Más País. Para su líder, Íñigo Errejón, es necesario establecer plazos de desclasificación automática y ha calificado de "maniobra de dilación" las prórrogas que desde el pasado mes de septiembre viene decretando la Mesa del Congreso a la reforma. "Después de 40 años tenemos derecho a saber la verdad", ha concluido. Desde que terminó el plazo el pasado 23 de septiembre para presentar enmiendas a la totalidad a la iniciativa de reforma promovida por el PNV, sin que ningún grupo lo hiciese, se viene prorrogando semana tras semana el plazo para presentar enmiendas al articulado. La propuesta de los nacionalistas vascos se tramitó el pasado mes de junio, con un amplio respaldo de la Cámara Baja y el único rechazo de Vox y la abstención de Ciudadanos.

Desde Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, que forma parte de la Mesa del Congreso, ha asociado al Ministerio de Defensa la decisión de mantener en el cajón la reforma. "Está en manos del Ministerio de Defensa, pero compartimos que debe hacerse con la máxima celeridad", ha añadido, en línea con la urgencia demandada por los socios de la investidura.

El 23-F, fuera del proyecto del Gobierno

El departamento que dirige Margarita Robles está promoviendo la redacción de una nueva ley, con la intención de que se puedan desclasificar los documentos históricos hasta diciembre de 1978, coincidiendo con la ratificación de la Constitución. Saldrían así a la luz los documentos secretos relacionados con la Transición, incluyendo episodios represivos como los sucesos de Vitoria o los Sanfermines de 1978 con los que se pretende realizar un guiño al PNV, que lleva batallando desde 2016 para que se reforme la ley de secretos oficiales que data de 1968 y cuya última reforma se produjo hace más de 40 años. Sin embargo, se quedarían fuera de estas desclasificaciones otros episodios en los que ponían el foco los nacionalistas vascos, principalmente los GAL, pero también los episodios del 23-F.

El proyecto de reforma de los nacionalistas vascos, por el que llevan batallando desde 2016, establece un plazo máximo de 25 años para la desclasificación de documentos considerados históricos y de 10 años para los documentos reservados. Su pretensión es que de forma general se establezcan plazos máximos para las desclasificaciones. Asimismo, en su proyecto se otorgaría como atribución exclusiva al Consejo de Ministros la facultad para clasificar o desclasificar asuntos, dejando así al margen a la Junta de Jefes de Estado Mayor. Por otra parte, se eliminaría el secreto de las sesiones del Congreso en que se reciban informaciones sobre materias clasificadas.

La ley de secretos oficiales franquista de 1968 ha convertido España en una anomalía europea. Si en la mayoría de países de nuestro entorno los plazos para la desclasificación de documentos oficiales van de los 25 a los 50 años, en España, pese a los principios generales de transparencia, ni siquiera existe un marco temporal ni se revisa la calificación de la documentación acumulada. La ausencia de automatismos o plazos para la desclasificación en la futura ley podría suponer un nuevo cierre en falso, según han advertido especialistas, historiadores y los grupos que hasta ahora han promovido sin éxito en el Congreso una reforma de la ley. Desde el sector de Unidas Podemos en el Ejecutivo, apuestan por establecer un automatismo temporal, aunque de momento han evitado concretar los plazos a partir de los cuales los documentos se desclasificarían automáticamente siempre y cuando no se solicitase una prórroga para un documento concreto, previa revisión de su calificación.