Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación

Oriol Junqueras se ha erigido como el principal condenado en el juicio del 'procés', cuya sentencia ha dado a concocer hoy el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha impuesto al exvicepresidente de la Generalitat y exconsejero de Economía y Hacienda una pena de 13 años de prisión y de inhabilitación absoluta por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación agravado por su cuantía. La Sala ha considerado que Junqueras ocupaba, debido al puesto de responsabilidad que tenía en el Govern durante la época en la que se produjeron los hechos del 1 de octubre de 2017, "la cúspide en el organigrama político-administrativo que fue puesto al servicio del proceso sedicioso".

Por otra parte, la inhabilitación absoluta supone "la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena".

Delito de sedición

En la sentencia, el tribunal rechaza el delito de rebelión por el que acusaba la Fiscalía y se decanta por el de sedición que recogía la Abogacía del Estado, que contempla penas más bajas. Junqueras y sus excompañeros en el gobierno de la Generalitat Raül Romeva, Josep Turull y Dolors Bassa han sido los únicos de los doce acusados en el juicio del 'procés' que han sido condenados por ambos delitos, el de sedición y el de malversación.

[Estas son las condenas impuestas por el Tribunal Supremo a los doce acusados en el juicio del 'procès']

El Tribunal Supremo explica que según el artículo 545.1 del Código Penal, "los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo".

La Sala ha estimado que Junqueras, Romeva, Turull, y Bassa, en su condición de "autores del delito de sedición, han de ser reputados, a estos efectos, autoridad". Los acusados detentaron también una "autoridad funcional" gracias a la capacidad decisoria que tenían "para sumarse y condicionar el desarrollo del concierto delictivo".

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Junqueras, al igual que Romeva, Turull, y Bassa, era miembro del Govern, según se lee en la sentencia: "En sus respectivos ámbitos decisorios y en función de su fecha de nombramiento como Consejeros, hicieron posible y suscribieron los acuerdos gubernativos que han quedado reflejados en el factum, que dibujaron una pretendida legalidad administrativa contraria a todos los requerimientos del Tribunal Constitucional".

Según el Tribunal Supremo, estos cuatro acusados "alentaron las movilizaciones tumultuarias convocadas para hacer visible la pérdida de poder de los órganos judiciales en Cataluña y contribuyeron con las decisiones individuales que han sido descritas en el relato de hechos probados a la realidad del referéndum reiteradamente desautorizado y prohibido por el Tribunal Constitucional".

Delito de malversación

Junqueras, Romeva, Turull y Bassa también han sido declarados autores de un delito de malversación agravada, por "la deslealtad" que representa haber puesto la estructura de sus respectivos departamentos al servicio de una "estrategia incontrolada de gasto público al servicio del referéndum ilegal". Y hacerlo, en total, en una cuantía superior a 250.000 euros, lo que supone un agravante.

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La Sala ha entendido que la propuesta de la Abogacía del Estado, que ve en la relación entre los delitos de sedición y malversación un "concurso medial", es correcta. "Hay razones dogmáticas para considerar acertada esta opción, en la medida en que existe una indudable relación instrumental que atrae ese tratamiento penal. Todos los gastos estaban dirigidos a hacer realidad el plan estratégico del referéndum. Las partidas habilitadas estaban necesariamente destinadas a ese fin", concluyen los magistrados en el documento.

"Asumir las responsabilidades para que no las asuma nadie más"

El 14 de febrero, el mismo Junqueras, en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017, se encargó de diferenciarse del huido Carles Puigdemont ante los magistrados: "¿Qué hago yo aquí? Asumir las responsabilidades que se me quieran atribuir por el referéndum para que no las asuma nadie más". La Fiscalía pedía 25 años de prisión y 25 de inhabilitación para el exvicepresidente catalán por el delito de rebelión como promotor y por malversación de caudales públicos, mientras que la Abogacía del Estado solicitaba 12 años de cárcel y 12 de inhabilitación por sedición y malversación. La acusación popular ejercida por Vox pedía, por su parte, 74 años de cárcel al incluir dos delitos de rebelión, un delito de organización criminal y otro de malversación.

Sobre él recaía la mayor petición de condena por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En su escrito de conclusiones definitivas, el Ministerio Público destacaba las reuniones con los Mossos días antes del 1-O, en las que los mandos de la policía autonómica le avisaron de que "era altamente probable que se produjeran situaciones violentas al enfrentarse con las fuerzas policiales encargadas de cumplir el mandato judicial que prohibía el referéndum".

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Pese a ello, Junqueras y el resto de políticos que acudieron a estas citas optaron por "seguir adelante con el referendum, dando instrucciones a los mandos de los Mossos d’Esquadra para que facilitaran su realización", decisión que fue acompañada por "varios llamamientos públicos para que la ciudadanía acudiera en masa a votar".

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El 14 de febrero, en su declaración ante el tribunal del 'procés', Junqueras se negó a responder a la Fiscalía y se presentó como un pacifista."Siempre hemos rechazado la violencia. Siempre. La violencia siempre es indecente si lo que se quiere es conseguir un objetivo, aunque sea político", defendió. El político de ERC aseguró que son "independentistas respecto a Cataluña y federalistas respecto a Europa", alegato que incluyó además un mensaje que acaparó titulares: "Yo amo a España. Amo a la gente y a la cultura española. Lo he dicho mil veces porque es verdad". El 11 de junio, su abogado Andreu Van den Eynde cargó contra las acusaciones como broche final a su línea de defensa: "Tenemos dos coches rotos y ellos hablan del apocalipsis. No les gusta la realidad, les gusta el ruido", afirmó. "Se confunde la desobediencia de manual con la rebelión".

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