SEGÚN LA SENTENCIA DEL 'PROCÉS' CONOCIDA HOY

El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, condenado a 9 años de cárcel

El 12 de junio, en su turno de última palabra, Cuixart no dudó en decir que no se arrepiente de lo ocurrido y "lo volvería a hacer"

Foto: El presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart en el juicio del 'procés'. (EFE)
El presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart en el juicio del 'procés'. (EFE)

"No tengo ningún arrepentimiento, lo volvería a hacer". En su turno de última palabra en el juicio del 'procés', el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, se negó a dar un paso atrás y lanzó esta afirmación ante los magistrados. Tras la sentencia del Tribunal Supremo dada a conocer hoy, Cuixart ha sido condenado a 9 años por sedición, pero no por malversación.

El Tribunal Supremo ha afirmado que Cuixart y Jordi Sànchez fueron "verdaderos conductores" de los episodios ocurridos el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017. También ha descartado el delito de rebelión por el que acusaba la Fiscalía y se ha decantado por el de sedición que recogía la Abogacía del Estado, que contempla penas más bajas.

[Consulta aquí el texto completo de la sentencia del Tribunal Supremo]

De los doce procesados en el juicio del 'procès', Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, conocidos también como 'los Jordis', han sido los únicos que han recibido penas más reducidas por el delito de sedición por no contar con el carácter de "autoridad" para tomar decisiones que recoge el artículo 545.1 del Código Penal, al contrario que Carme Forcadell, Josep Rull y Joaquim Forn, condenados a 11 años y medio la primera y 10 años y medio los dos últimos por contar con el "carácter de autoridad".

Por eso, ha explicado el TS, "su marco penal se mueve, por mandato del art. 545.1 del CP entre 8 y 10 años de prisión, duración reservada a los que 'hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores'. En el juicio histórico hemos reflejado su condición de líderes sociales de vanguardia que, concertados en los fines sediciosos con los demás acusados, se mostraron como verdaderos conductores de los episodios acaecidos los días 20 de septiembre y 1 de octubre".

El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, condenado a 9 años de cárcel

El líder independentista estaba acusado de ser promotor de la rebelión por la Fiscalía, que pedía 17 años de cárcel y otros 17 de inhabilitación absoluta para él. En prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017, la Abogacía del Estado solicitaba por su parte que fuera condenado a ocho años de prisión y a ocho de inhabilitación por un delito de sedición, mientras que la acusación popular ejercida por Vox pedía 62 años de cárcel por dos delitos de rebelión y uno de organización criminal.

Al igual que ocurre con el expresidente de la ANC, la Fiscalía destaca su papel en "los violentos sucesos" de la manifestación del 20 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía, fecha tras la que "ambos acusados se representaron y aceptaron la deriva violenta que pudiera producirse en las movilizaciones al incitar a los partidarios de la secesión a movilizarse en la calle y a oponerse a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desplegados en aras a impedir la celebración del referéndum". En su escrito de conclusiones definitivas, el Ministerio Público sostiene que "sus llamamientos se hicieron con conocimiento de que las movilizaciones desembocarían nuevamente en actos violentos, más aún si se consideraba la trascendencia que la votación tenía para ese sector de la población".

El 26 de febrero, en su declaración ante el tribunal del 'procés', el líder de Òmnium Cultural no dudó en lanzar una advertencia al Gobierno. "Va a pasar lo mismo si aplican más 155: el sentimiento de autogobierno va más allá del independentismo". También defendió el papel que jugó su organización en el 'procés' frente al "dilema entre la suspensión del Tribunal Constitucional o el ejercicio de derechos fundamentales". Su abogada, Marina Roig, insistió en esta idea el 12 de junio al asegurar que "en 2017 se produjo un conflicto político de gran calado en las relaciones de Cataluña y España y una parte de la ciudadanía respondió al conflicto como responde una sociedad democrática: saliendo a la calle, pidiendo a los políticos que actúen con responsabilidad y afronten el conflicto".

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