SEGÚN LA SENTENCIA DEL 'PROCÉS' CONOCIDA HOY

El 'exconseller' de Exteriores Raül Romeva, condenado a 12 años de cárcel

El 19 de febrero, en su declaración ante el juicio del 'procés', Romeva se negó a contestar a la Fiscalía y se presentó como un "preso político"

Foto: El 'exconseller' de Exteriores Raül Romeva en el juicio del 'procés'. (EFE)
El 'exconseller' de Exteriores Raül Romeva en el juicio del 'procés'. (EFE)

El 'exconseller' de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, ha sido condenado a 12 años de prisión por sedición y malversación, un año menos de la pena impuesta al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y la misma que han recibido los 'exconsellers' Jordi Turull y Dolors Bassa.

Según la sentencia del juicio del 'procés' dada a conocer este lunes por la mañana por el Tribunal Supremo, Romeva ha sido condenado a 12 años de cárcel y de inhabilitación absoluta por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación, agravado por razón de su cuantía. En la sentencia, el tribunal rechaza el delito de rebelión por el que acusaba la Fiscalía y se decanta por el de sedición que recogía la Abogacía del Estado, que contempla penas más bajas.

En la sentencia, el tribunal rechaza el delito de rebelión por el que acusaba la Fiscalía y se decanta por el de sedición que recogía la Abogacía del Estado, que contempla penas más bajas. Romeva y sus excompañeros en el Govern Junqueras, Turull y Bassa han sido los únicos de los doce acusados en el juicio del 'procés' que han sido condenados por ambos delitos, el de sedición y el de malversación.

[VÍDEO: Estas son las condenas impuestas por el Tribunal Supremo a los doce acusados en el juicio del 'procès']

El Tribunal Supremo explica que según el artículo 545.1 del Código Penal, "los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo".

La Sala ha estimado que Junqueras, Romeva, Turull, y Bassa, en su condición de "autores del delito de sedición, han de ser reputados, a estos efectos, autoridad". Los acusados detentaron también una "autoridad funcional" gracias a la capacidad decisoria que tenían "para sumarse y condicionar el desarrollo del concierto delictivo".

Junqueras, al igual que Romeva, Turull, y Bassa, era miembro del Govern, según se lee en la sentencia: "En sus respectivos ámbitos decisorios y en función de su fecha de nombramiento como Consejeros, hicieron posible y suscribieron los acuerdos gubernativos que han quedado reflejados en el factum, que dibujaron una pretendida legalidad administrativa contraria a todos los requerimientos del Tribunal Constitucional".

Según el Tribunal Supremo, estos cuatro acusados "alentaron las movilizaciones tumultuarias convocadas para hacer visible la pérdida de poder de los órganos judiciales en Cataluña y contribuyeron con las decisiones individuales que han sido descritas en el relato de hechos probados a la realidad del referéndum reiteradamente desautorizado y prohibido por el Tribunal Constitucional".

Delito de malversación

Junqueras, Romeva, Turull y Bassa también han sido declarados autores de un delito de malversación agravada, por "la deslealtad" que representa haber puesto la estructura de sus respectivos departamentos al servicio de una "estrategia incontrolada de gasto público al servicio del referéndum ilegal". Y hacerlo, en total, en una cuantía superior a 250.000 euros, lo que supone un agravante.

La Sala ha entendido que la propuesta de la Abogacía del Estado, que ve en la relación entre los delitos de sedición y malversación un "concurso medial", es correcta. "Hay razones dogmáticas para considerar acertada esta opción, en la medida en que existe una indudable relación instrumental que atrae ese tratamiento penal. Todos los gastos estaban dirigidos a hacer realidad el plan estratégico del referéndum. Las partidas habilitadas estaban necesariamente destinadas a ese fin", concluyen los magistrados en el documento.

La Fiscalía situaba a Romeva en reuniones en las que se discutieron "los aspectos relativos al proceso para la independencia y la construcción de un Estado propio", destacando además el papel que jugó a la hora de promocionar el 'procés' en el extranjero.

"Con tal propósito, en febrero de 2016 se creó el Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, denominación impugnada por el Gobierno de la Nación y que, tras la sentencia de 21 de junio, pasó a denominarse Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores, y de Transparencia, dirigido por el acusado Raül Romeva". Según explica el Ministerio Público en su escrito de conclusiones definitivas, desde esta institución se encargó de sufragar las delegaciones del Govern en el exterior, la campaña internacional de la Generalitat y diversas páginas web, así como de la contratación y financiación de observadores internacionales para el 'procés'.

El 19 de febrero, en su declaración ante el juicio del 'procés', Romeva se negó a contestar a la Fiscalía y se presentó como un "preso político". Su abogado, Andreu Van den Eynde, le preguntó por el 1-O y su respuesta fue tajante: "Vi violencia. La que ejercieron de forma incomprensible e injustificada las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lamentablemente hubo violencia, algo que nos va a costar olvidar durante mucho tiempo por la crudeza y su carácter claramente contraproducente", lanzó en el Supremo. El 12 de junio, en su turno de última palabra, el político de ERC incidió en que "la solución que existe se llama política, y, más allá, democracia". "Seguiremos mirando a los ojos de nuestros hijos e hijas con dignidad, con la misma con la que millones de personas en todo el mundo se baten por defender los derechos fundamentales", lanzó ante los magistrados.

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