SEGÚN LA SENTENCIA DEL 'PROCÉS' CONOCIDA HOY

La 'exconsellera' de Trabajo Dolors Bassa, condenada a 12 años de cárcel

El 20 de febrero, en su declaración ante el tribunal del 'procés', Bassa aseguró que siempre buscaron una independencia pactada: "La prueba es que estamos aquí y no hay independencia"

Foto: La 'exconsellera' de Trabajo Dolors Bassa en el juicio del 'procés'. (EFE)
La 'exconsellera' de Trabajo Dolors Bassa en el juicio del 'procés'. (EFE)

La 'exconsellera' de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, ha sido condenada a 12 años de prisión por sedición y malversación, al igual que sus por entonces compañeros en el Govern de la Generalitat Raül Romeva, Jordi Turull y Oriol Junqueras, este último con una pena de un año más que los demás.

En concreto, según se puede leer en la sentencia del Tribunal Supremo dada a conocer este lunes por la mañana, Bassa ha sido condenada a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación agravado por razón de su cuantía.

Delito de sedición

En la sentencia, el tribunal rechaza el delito de rebelión por el que acusaba la Fiscalía y se decanta por el de sedición que recogía la Abogacía del Estado, que contempla penas más bajas. Dolors Bassa Romeva, Turull y Junqueras son los únicos cuatro de los doce acusados en el juicio del 'procés' que han sido condenados por ambos delitos, el de sedición y el de malversación.

[VÍDEO: Estas son las condenas impuestas por el Tribunal Supremo a los doce acusados en el juicio del 'procès']

El Tribunal Supremo explica que según el artículo 545.1 del Código Penal, "los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo".

La Sala ha estimado que Junqueras, Romeva, Turull, y Bassa, en su condición de "autores del delito de sedición, han de ser reputados, a estos efectos, autoridad". Los acusados detentaron también una "autoridad funcional" gracias a la capacidad decisoria que tenían "para sumarse y condicionar el desarrollo del concierto delictivo".

Bassa, al igual que Junqueras, Romeva y Turull, era miembro del Govern, según recalca la sentencia: "En sus respectivos ámbitos decisorios y en función de su fecha de nombramiento como Consejeros, hicieron posible y suscribieron los acuerdos gubernativos que han quedado reflejados en el factum, que dibujaron una pretendida legalidad administrativa contraria a todos los requerimientos del Tribunal Constitucional".

Según el Tribunal Supremo, estos cuatro acusados "alentaron las movilizaciones tumultuarias convocadas para hacer visible la pérdida de poder de los órganos judiciales en Cataluña y contribuyeron con las decisiones individuales que han sido descritas en el relato de hechos probados a la realidad del referéndum reiteradamente desautorizado y prohibido por el Tribunal Constitucional".

Delito de malversación

Junqueras, Romeva, Turull y Bassa también han sido declarados autores de un delito de malversación agravada, por "la deslealtad" que representa haber puesto la estructura de sus respectivos departamentos al servicio de una "estrategia incontrolada de gasto público al servicio del referéndum ilegal". Y hacerlo, en total, en una cuantía superior a 250.000 euros, lo que supone un agravante.

La Sala ha entendido que la propuesta de la Abogacía del Estado, que ve en la relación entre los delitos de sedición y malversación un "concurso medial", es correcta. "Hay razones dogmáticas para considerar acertada esta opción, en la medida en que existe una indudable relación instrumental que atrae ese tratamiento penal. Todos los gastos estaban dirigidos a hacer realidad el plan estratégico del referéndum. Las partidas habilitadas estaban necesariamente destinadas a ese fin", concluyen los magistrados en el documento.

La Fiscalía sostiene que, en los días previos al referéndum, Bassa fue una de las políticas que "hicieron reiterados y continuos llamamientos públicos -mediante entrevistas, en actos públicos y a través de las redes sociales- a la movilización de la ciudadanía para que acudieran a votar, para proteger los centros de votación y evitar que las fuerzas de orden público cumplieran con su misión de cerrar los centros e incautar el material electoral".

En su escrito de conclusiones definitivas, también apunta a que se encargó de "garantizar la disponibilidad de los centros de votación que estaban comprometidos con la celebración del referéndum" y que "desarrolló una base de voluntarios para participar en la celebración del 1-O". El 20 de febrero, en su declaración ante el tribunal del 'procés', Bassa aseguró que siempre buscaron una independencia pactada: "La prueba es que estamos aquí y no hay independencia", lanzó en el Supremo.

También dijo que la declaración unilateral de independencia en el Parlament "fue un acto político, pacífico", para lo que destacó que no se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat ni en el Boletín Oficial del Parlament. "No se hizo nada", concluyó. El 12 de junio, en su turno de última palabra, la 'exconsellera' defendió su inocencia: "Niego los hechos que me han sido imputados. Ninguna de las pruebas presentadas que hagan referencia a una actuación delictiva mía es cierta. Las acusaciones carecen de fundamento". Su alegato concluyó con un mensaje a los magistrados: "Su sentencia no será solo mi libertad, sino la de muchas generaciones".

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