Bassa niega la estrategia conjunta y dice que siempre se buscó una independencia pactada

La exconsejera catalana de Trabajo y Asuntos Sociales Dolors Bassa ha tomado este martes ante el tribunal del 'procés' el camino de en medio. Ha sido, para empezar, la primera de los de Esquerra en contestar a las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Se ha defendido y se ha defendido bien. Con un tono más moderado que otros de los acusados, aunque firme y seguro, la 'exconsellera' ha hablado de la independencia en otros términos. Ha explicado que siempre se buscó que fuera pactada y afirmado que sus resultados nunca se consideraron concluyentes. "La prueba es que estamos aquí y no hay independencia", ha indicado.

Quizá el punto más débil de su declaración ha sido la relacionada con las autorizaciones ofrecidas a los centros cívicos para actividades durante el fin de semana del 1-O. En este punto, su explicación sonó forzada. Habló de que su departamento asumió la responsabilidad de autorizar que se abrieran esos locales durante esos días ante "la acumulación de solicitudes" de lo más variopintas, desde bailes nocturnos de mayores hasta butifarradas, ajedrez o juegos de mesa. Reconoció que las peticiones fueron superiores a las de otras ocasiones pero matizó que en Cataluña, estas solicitudes son muy habituales. En respuesta a las preguntas de su abogado negó haber animado a que se celebraran actos lúdicos: "Al revés, pedimos que a las seis de la mañana no hubiera nadie"

Con un tono más moderado que otros de los acusados, aunque firme y seguro, la 'exconsellera' ha hablado de la independencia en otros términos

Como innovación, apuntó que en su opinión no hubo desobediencia al Constitucional. Dijo, a este respecto que la ley de transitoriedad a la república catalana era sólo una previsión de cara a la posibilidad de que se alcanzara un pacto con el Estado. Sin embargo, no hubo después medidas adicionales a partir de las siguientes normas, como la de referéndum. No incumplieron así nada, y si celebraron la consulta fue por considera que no era nada ilegal desde la reforma del Código Penal de 2005. La ley de transitoriedad fue aprobada por el Parlament junto con la ley de referéndum los días 6 y 7 de septiembre de 2017 se inspiró en el programa electoral de Junts pel Sí, que a su vez estaba "copiado" del acuerdo entre Reino Unido y Escocia para la celebración de un referéndum de independencia. Para la acusada lo sucedido fue un "conflicto de competencias" con el Constitucional y nada más.

En esta teoría expuesta por la 'exconsellera', ha mencionado como prueba que el expresident Carles Puigdemont afirmó públicamente que la fecha y la pregunta del referéndum podrían ser modificadas "porque hasta el último momento" el Govern consideró la posibilidad de abrir un diálogo y alcanzar un acuerdo. El plazo de 18 meses se tomó como un periodo de referencia también a la británica. Para la acusada, lo que tuvo la Generalitat esos días de 2017 fue un "conflicto de competencias" con el Constitucional y, aunque no ha cuestionado la "utilidad" del tribunal de garantías, ha mencionado que la Carta Magna tiene "miradas más amplias" y puede ser interpretable en muchos aspectos.

Sí coincidió con la versión de todos los demás, en que la DUI fue "declarativa" o política si bien lo explicó de forma mucho más detallada que el resto. "El día 27 de octubre Puigdemont pidió garantías al Gobierno central de que no se aplicaría el 155 si convocaba elecciones, estas garantías no llegaron nunca, todo lo contrario, y el presidente informa instando al Parlamento a hacer lo que considere más conveniente. En el pleno, los grupos JxSi y la CUP presentan dos propuestas de resolución, políticas ambas, una parte declarativa con la declaración de independencia y una resolutiva contra el 155. Se vota la resolutiva, no la otra", ha indicado. También estuvo muy contundente con Vox: "Por respeto a las mujeres, tolerancia cero".