Una de cal y otra de arena para los Mossos: avisaron del riesgo, pero el 1-O "aparentaron"

La sentencia del 'procés' no solo afecta a los doce condenados. La Audiencia Nacional juzgará al ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero por rebelión a partir del próximo 20 de enero, por lo que el relato de hechos que presenta el Tribunal Supremo también influye de forma directa en su procedimiento. Para descartar que en septiembre y octubre de 2017 se produjo una rebelión en Cataluña, los siete magistrados del alto tribunal mencionan a los Mossos más de 70 veces, entrando así de lleno en el papel que jugó la policía autonómica en el plan independentista.

Las claves respecto a la actuación de los Mossos se recogen entre la página 50 y la 54 de la sentencia. En la primera de ellas, los siete magistrados ponen el foco en que, días antes del 1-O, los mandos de la policía autonómica avisaron al Govern de "la posible concurrencia a la votación de 2 millones de personas, con el riesgo subsiguiente de graves incidentes entre agentes policiales y ciudadanos". A continuación, el tribunal repasa la función que desempeñaron los agentes catalanes durante la celebración del referéndum, despliegue que tachan de insuficiente. En otras palabras: la sentencia del 'procés' da una de cal y otra de arena al cuerpo policial, pero complica la acusación de rebelión que mantiene la Fiscalía contra Trapero.

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Sobre el encuentro que mantuvieron el 29 de septiembre los mandos de los Mossos con Puigdemont, Junqueras y el 'exconseller' Forn, la sentencia sostiene que "tenía como finalidad poner de manifiesto el problema de seguridad ciudadana que podría plantearse el 1 de octubre, debido a la gran cantidad de colectivos movilizados en aquellas fechas". Los magistrados consideran probado que "propusieron expresamente la suspensión de la votación del día 1 de octubre", pero desde el Govern "se les transmitió la decisión de seguir adelante con el referéndum". "Se aparentó así que la ponderación bajo el principio de proporcionalidad [policial] obligaba a no utilizar la fuerza para cumplir la decisión judicial, sino de manera absolutamente exclusiva para defensa ante agresiones previas de los ciudadanos a los policías", explica el fallo.

Pese a la advertencia que trasladaron los Mossos a los mandos políticos, los siete jueces consideran que, llegado el día de la verdad, la policía autonómica se puso de perfil. "Los Mossos —que dependían administrativa y no solo políticamente del procesado Forn— no interfirieron la emisión de votos, más allá de alguna actuación aparente y en un mínimo número de centros. En algunos casos, llegaron incluso a recoger, hacerse cargo y trasladar material electoral, que les era entregado por los ciudadanos que llevaron a cabo la gestión de las correspondientes mesas de votación", explica la sentencia. "En la mayoría de los casos, ante la oposición decidida de los numerosos grupos compactados de personas que protegían el centro y que se negaban de forma rotunda a acatar la orden judicial de la que informaban los binomios de Mossos comisionados, éstos, siguiendo las instrucciones que tenían, desistían de su objetivo".

En lo que se refiere a Trapero, el tribunal también lo menciona al abordar la manifestación del 20 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía, fecha que resulta clave para condenar a nueve años de cárcel al líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez. Según explican los magistrados, el propio 'exconseller' de Interior, Joaquim Forn, reconoció durante su declaración ante el tribunal que el 20-S instó al mayor de los Mossos a que "hablara" con el "coacusado Sànchez, "atribuyéndole a éste la condición de mediador, por más que, en su legítima estrategia defensiva, sostenga que no diseñó el operativo policial al respecto". Con esta afirmación, los magistrados dan por probada la tesis de las acusaciones sobre la connivencia de la policía autonómica respecto a las principales asociaciones independentistas.

La pregunta de Marchena

Más allá de frases para el recuerdo y rifirrafes con las partes, la intervención más destacada del presidente del tribunal, Manuel Marchena, llegó el 14 de marzo, momento que se refleja en la sentencia. Tras más de cuatro horas de interrogatorio, Josep Lluís Trapero parecía haber terminado la declaración y su abogada, Olga Tubau, sentada junto a él, comenzaba a recoger los documentos para marcharse, pero entonces intervino el magistrado. Apoyándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Marchena lanzó en el descuento la pregunta clave que por un error de cálculo ninguna de las acusaciones había podido realizar: ¿avisaron los Mossos al Govern de la posible violencia en el 1-O? La respuesta del jefe de los Mossos cayó como una losa sobre las defensas, que denunciaron que el tribunal había asumido un "rol inquisitivo".

La sentencia, sin embargo, echa por tierra la protesta de los abogados y apunta a que "la iniciativa probatoria del juez penal" se justifica "siempre que tenga por objeto comprobar la certeza de los hechos discutidos en el proceso". En el caso de que los acusados no den por buena esta postura, el tribunal sostiene además que "la respuesta que dio el testigo a esa pregunta es totalmente prescindible a efectos de construir el relato de hechos probados, en tanto que esa reunión ha quedado acreditada por varias fuentes de prueba en términos esencialmente iguales".