así permitió la celebración del 1-O

El plan Ágora o cómo Trapero puso a los Mossos "al servicio de los independentistas"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 11 años de prisión para el exmayor de los Mossos d'Esquadra, el exdirector del cuerpo, Pere Soler, y al exsecretario general de Interior, César Puig

Foto: Mossos ante el colegio Gili Gayà de Lleida. (EFE)
Mossos ante el colegio Gili Gayà de Lleida. (EFE)

"El día uno de octubre de 2017 debe celebrarse el referéndum de autodeterminación de Cataluña". Con esta frase comienza el correo electrónico enviado el 29 de septiembre de 2017 por el exmayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, al exdirector del cuerpo, Pere Soler, y al exsecretario general de Interior de la Generalitat, César Puig. Según recoge la Fiscalía en su escrito de acusación presentado este viernes ante la Audiencia Nacional, los tres siguieron órdenes de los líderes independentistas y pusieron en marcha una estrategia para que la consulta ilegal del 1-O pudiera salir adelante: el 'plan Ágora'.

El Ministerio Público, que pide 11 años de cárcel para los tres por rebelión, asegura que los acusados formaron una estructura en la que cada uno desempeñaba un papel concreto: Puig "alertaba de la actuación de los otros cuerpos policiales y facilitaba información a los impulsores del proceso"; Soler "daba cobertura y protección a las personas implicadas en la organización del referéndum", y Trapero "diseñó de forma deliberada unos mecanismos de actuación que impidieron que los agentes de los Mossos d'Esquadra pudieran cumplir con las instrucciones dadas".

En el caso de este último, destaca además la publicación del denominado 'plan Ágora' el 31 de agosto de 2017, del que es máximo responsable y en el que se señala que "el principal objetivo del dispositivo era el de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y evitar que se produjeran alteraciones de orden público", dejando en segundo lugar el "dar cumplimiento a los requerimientos de instituciones, autoridades judiciales, fiscalía o ciudadanos". Según defiende el Ministerio Público en su escrito, en la redacción del mismo "ya se remarcaba la idea de que la finalidad principal del operativo no era la de evitar la celebración del referéndum ilegal", para lo que se establecieron además "unos criterios muy restrictivos sobre el uso de la fuerza".

Tras publicar el 'plan Ágora', el 29 de septiembre de 2017, fecha en la que Trapero envió el correo anteriormente comentado, Soler presidió una reunión a la que acudieron 220 mandos de los Mossos y en la que se explicó el dispositivo a establecer el 1 de octubre, encuentro en el que "no se dejó constancia escrita de las verdaderas instrucciones impartidas". La Fiscalía, sin embargo, no duda respecto a lo que se ordenó en dicha sesión: "Facilitar la votación del día 1 de octubre de 2017", poniendo así "su capacidad investigadora e intimidatoria al servicio de la organización y de los fines independentistas".

El escrito de acusación subraya en este sentido cómo los Mossos difundieron públicamente las pautas que iban a seguir "para que las personas que usurparon los locales destinados a votaciones pudieran prever totalmente la actuación" y, al mismo tiempo, ignoraron "la ocupación de los espacios que iban a ser utilizados como supuestos colegios electorales" pese a ser conocedores de dicha información. Asimismo, las instrucciones que establecieron para el 1 de octubre daban lugar a una situación "compleja e inoperativa desde el punto de vista de la eficacia policial", destacando la Fiscalía las siguientes:

  • Cuando una patrulla comprobara que se estaba votando en un centro, si concluía que carecía de capacidad para cumplir su mandato, habría de comunicarlo a la Sala Regional de los Mossos d´Esquadra.
  • Caso de que esta Sala no pudiera dar adecuada respuesta a la situación, habría de comunicarlo al Centro de Coordinación Regional, también de los Mossos d´Esquadra, que mandaría un grupo de mediación para evaluar si podían pactar una solución con los congregados en el centro de votación.
  • Si la intervención del grupo de mediación no solventaba el problema, el Centro de Coordinación Regional valoraría si era conveniente enviar de refuerzo a la Policía Local del lugar donde acaecieran los hechos (cosa que nunca se hizo).
  • Si tras la intervención de la Policía Local no se corregía la situación, se habría de comunicar de nuevo al Centro de Coordinación Regional, que a su vez informaría al Centro de Coordinación Global de los Mossos d´Esquadra, para que este valorara si, finalmente, habría de pedirse el correspondiente refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De esta manera, el dispositivo organizado por los Mossos no solo ignoró las instrucciones dadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sino que además sirvió "para controlar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". En el escrito, la Fiscalía recoge cómo la policía autonómica llegó incluso a exigir la identificación profesional a los agentes de la Policía Nacional que cubrieron una concentración frente a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña el 28 de septiembre de 2017, alegando para ello que "se lo habían ordenado los jefes".

Del mismo modo, el 1 de octubre tanto mossos como bomberos catalanes siguieron los pasos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con lo que "la población activada a favor del referéndum contaba con una amplia red de información que le proporcionaba margen de tiempo suficiente para, por ejemplo, cortar accesos a los centros de votación con tractores o concentrar a personas en el acceso al inmueble". Al margen de la información proporcionada al bloque independentista, la Fiscalía destaca también la repetición de términos como "personas vulnerables" en las comunicaciones entre los Mossos, ofreciendo así "la adecuada cobertura a los responsables políticos y policiales quienes, ante las peticiones de envío de dotaciones de refuerzo hicieron caso omiso a todas ellas, precisamente amparándose en esas circunstancias".

Basándose en lo explicado en este artículo, la Fiscalía concluye que los 7.850 agentes de los Mossos d'Esquadra conformaron un dispositivo el 1 de octubre que, "pese a la mera apariencia de dar cumplimiento a las órdenes judiciales", se pusieron "al servicio de los organizadores del referéndum", ofreciéndoles para ello "la adecuada cobertura de un cuerpo armado".

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