EN LA AUDIENCIA NACIONAL

El juicio contra Trapero por rebelión arranca el 20 de enero: Fiscalía pide 11 años de cárcel

La abogada de Trapero y de la que fuera intendente del cuerpo, Teresa Laplana, no puso en duda la competencia del tribunal para juzgar a sus clientes, pero otros dos de los acusados sí lo hicieron

Foto: El jefe de los Mossos d'Esquadra durante el 1-O, el mayor Josep Lluís Trapero. (EFE)
El jefe de los Mossos d'Esquadra durante el 1-O, el mayor Josep Lluís Trapero. (EFE)

La Audiencia Nacional juzgará al ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero por rebelión a partir del próximo 20 de enero. Así lo anuncia el Juzgado Central de Instrucción número 3 en una providencia emitida este martes, que apunta a que el procedimiento se alargará al menos hasta el 19 de marzo. Además de Trapero, se sentarán también en el banquillo el exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig, el exdirector de los Mossos Pere Soler y la intendente Teresa Laplana. La Fiscalía acusa a los tres primeros de rebelión y pide 11 años de cárcel por la actuación de la policía autonómica durante los sucesos de septiembre de 2017 y del referéndum del 1-O, mientras que a la intendente la acusa de sedición y rebaja la pena solicitada a cuatro años de prisión.

La providencia explica que el tribunal estará formado por los magistrados Concepción Espejel como presidenta, Ramón Sáez Valcárcel como ponente y Francisco Javier Vieira. Respecto al calendario fijado para el juicio, del 20 al 23 de enero se celebrarán los interrogatorios a los acusados, del 3 al 20 de febrero los de los testigos y del 2 al 19 de marzo tanto la prueba documental como la presentación de los informes. Todas las sesiones se celebrarán en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, en Madrid.

El anuncio de la Audiencia Nacional llega después de que su Sala de Apelación ratificase la competencia de este tribunal para enjuiciar el caso. A diferencia de Puig y Soler, la abogada de Trapero y de la que fuera intendente del cuerpo, Teresa Laplana, no puso en duda la competencia de la Audiencia Nacional en la vista del artículo de previo pronunciamiento celebrada el 5 de febrero: "No voy a formular ninguna alegación para esta cuestión", se limitó a decir la letrada Olga Tubau.

Pero el abogado de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, sí puso en duda la competencia del tribunal para juzgar a su cliente. Durante su intervención ante el tribunal, el letrado se preguntó incluso cómo sería "interpretado en instancias europeas" que juzgase estos hechos "como un tribunal de excepción para un caso concreto”, lanzando así el mensaje de que llevarán la sentencia hasta Estrasburgo. Pau Ferrer, abogado de Soler, mostró a continuación una postura similar a la de su compañero y defendió que los delitos de rebelión y sedición no son "contra la forma de gobierno", por lo que la Audiencia Nacional no debe hacerse cargo del caso, pero sus argumentos han sido rechazados.

El escrito de la Fiscalía

En el escrito, la Fiscalía carga contra el papel desempeñado por los Mossos, policía que, según explican, tuvo "especial relevancia" por "su capacidad investigadora e intimidatoria al servicio de la organización y de los fines independentistas", para lo que llevaron a cabo "funciones impropias de un cuerpo policial como fue la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y, en algunos casos, incluso, oponerse físicamente".

El Ministerio Público subraya además que Carles Puigdemont "realizó profundos cambios en los mandos de los Mossos d'Esquadra así como en la Consejería de Interior del Gobierno de Cataluña" antes del 1 de octubre de 2017, destacando en este sentido los nombramientos de Joaquim Forn como nuevo 'conseller' de Interior en julio de 2017, de Josep Lluis Trapero como nuevo mayor del cuerpo policial en abril de ese mismo año y de Pere Soler, quien pasó a estar al frente de la Dirección General de la Policía poco antes del referéndum. Asimismo, en el escrito se recoge también la participación del secretario general de Interior, César Puig, quien ostentaba el cargo desde julio de 2015 pero alegan que no dudó en seguir las órdenes de su nuevo jefe.

La Fiscalía considera que con estos nombramientos se formó una estructura en la que cada uno desempeñaba un papel concreto: Puig "alertaba de la actuación de los otros cuerpos policiales y facilitaba información a los impulsores del proceso"; Soler "daba cobertura y protección a las personas implicadas en la organización del referéndum", y Trapero "diseñó de forma deliberada unos mecanismos de actuación que impidieron que los agentes de los Mossos d'Esquadra pudieran cumplir con las instrucciones dadas".

A la hora de explicar las labores que llevó a cabo cada uno de ellos, el Ministerio Público recoge además varios correos electrónicos que estos enviaron a diversos líderes independentistas: Puig informó al secretario de Vicepresidencia de Economía y Hacienda, Josep María Llové, sobre el registro de la Guardia Civil en la empresa Unipost de Tarrasa el 19 de septiembre; Soler prometió en septiembre "medidas de contravigilancia" a Francesc Sutrias, detenido por la presunta adquisición de material para el referéndum, y Trapero se cruzó mensajes con Carme Forcadell en los que le avisaba de que el 7 de agosto se procedería a "una búsqueda de medios técnicos" en su despacho.

En base a dichos mensajes y a la propia actuación del cuerpo policial durante los meses que precedieron y siguieron al 1 de octubre, la Fiscalía concluye que los Mossos d'Esquadra se pusieron "al servicio de los organizadores del referéndum", ofreciéndoles para ello "la adecuada cobertura de un cuerpo armado".

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