trapero se desmarca del resto de acusados

El fiscal de la AN cuestiona la "imparcialidad" de tribunales catalanes para juzgar el 'procés'

El fiscal lo ha puesto en duda durante la vista celebrada este martes en la Audiencia Nacional, a la que han acudido las defensas de Josep Lluís Trapero, César Puig, Pere Soler y Teresa Laplana

Foto: La Fiscalía cuestiona la imparcialidad de los tribunales catalanes para juzgar el 'procés'. (EFE)
La Fiscalía cuestiona la "imparcialidad" de los tribunales catalanes para juzgar el 'procés'. (EFE)

"¿Puede haber imparcialidad y serenidad si se mandan la rebelión y la sedición a Cataluña?". La pregunta la ha lanzado el fiscal Pedro Rubira durante la vista celebrada este martes en la Audiencia Nacional, en la que se ha discutido la competencia del tribunal para juzgar a la antigua cúpula de los Mossos d'Esquadra por el 'procés'. El representante del ministerio público ha defendido así que la causa se quede en Madrid y no pase a la Audiencia Provincial de Barcelona como piden algunos de los investigados, para lo que ha cuestionado que los tribunales catalanes estén preparados para hacerse cargo del juicio con el clima de tensión que se vive en el territorio.

A la vista del artículo de previo pronunciamiento de este martes han acudido los abogados del exjefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; del secretario general de Interior de la Generalitat de Cataluña, César Puig; del exdirector de los Mossos, Pere Soler, y de la que fuera intendente del cuerpo, Teresa Laplana. En el caso de los tres primeros, la Fiscalía pide 11 años de cárcel por un delito de rebelión, mientras que con Laplana el ministerio público rebaja su acusación a 4 años de cárcel por sedición.

El fiscal: "La Audiencia Nacional no es competente para todo delito de sedición y rebelión, pero sí para los que afectan al gobierno de la nación"

A diferencia de los abogados de Puig y Soler, la defensa de Trapero y Laplana no ha puesto en duda la competencia de la Audiencia Nacional para juzgarles, desmarcándose así del resto de acusados que solicitan que la causa recaiga en un tribunal de Cataluña. "No voy a formular ninguna alegación para esta cuestión", se ha limitado a decir este martes la abogada Olga Tubau, que representa a ambos.

Una vez finalizado su turno, el fiscal Pedro Rubira ha tomado la palabra, insinuando durante su exposición que, dada la tensión que se vive en Cataluña, sus tribunales no deben asumir la causa: "¿Puede haber imparcialidad y serenidad si se mandan la rebelión y sedición a Cataluña? ¿Ustedes piensan que puede haber esta serenidad? ¿Que puede haber esa imparcialidad?”. Para plantear estas preguntas, el representante del ministerio público se ha apoyado en la querella que interpuso en 2017 el fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, documento en el que se defendía "la necesidad de asegurar un clima de serenidad en el enjuiciamiento, como presupuesto de imparcialidad".

Frente a los argumentos de Rubira, el abogado de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, ha sido el primero en poner en duda la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar a su cliente. "Sería la primera vez que para una causa concreta se daría una interpretación diferente a la que se ha dado hasta la fecha", ha argumentado el letrado, apuntando en este sentido a que la rebelión y la sedición nunca han sido competencia de la Audiencia Nacional por no ser "delitos contra la forma de gobierno". Durante su intervención ante el tribunal, el letrado se ha preguntado además cómo sería "interpretado en instancias europeas" que la Audiencia Nacional juzgase estos hechos "como un tribunal de excepción para un caso concreto”, lo que implica una advertencia de que llevarán la sentencia hasta Estrasburgo.

Pau Ferrer, abogado de Soler, ha mostrado a continuación una postura similar a la de su compañero y ha defendido que los delitos de rebelión y sedición no son "contra la forma de gobierno", por lo que la Audiencia Nacional no debe hacerse cargo del caso: "No es competente para el conocimiento de los hechos por los que se sigue la presente causa. No lo era para su instrucción ni tampoco lo es ahora para su enjuiciamiento", ha asegurado. "La Audiencia Nacional debió inhibirse a favor de los juzgados de instrucción de Barcelona y ahora debe inhibirse a favor de la Audiencia Provincial de Barcelona", ha concluido.

En respuesta a ambos letrados, el fiscal Pedro Rubira ha argumentado que "la Audiencia Nacional no es competente para todo delito de sedición, pero sí para los delitos de sedición y rebelión que afectan al gobierno del Estado". Según sostiene el representante del ministerio público, resulta innegable que el proceso independentista tuvo consecuencias a nivel nacional: "¿Cómo no va a afectar cuando se quiere formar una república independiente a través de un referendum ilegal? ¿Cómo no va a ser competente ante estos gravísimos hechos?", ha subrayado.

La Fiscalía matiza las palabras de Rubira

Horas después de la celebración de la vista, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha aclarado que "en ningún caso duda de la profesionalidad de los magistrados que ejercen sus funciones en Cataluña y en el resto del territorio nacional", manifestando además la "confianza en la independencia de jueces y tribunales en Cataluña, así como la imparcialidad de cada juez en cada caso que se somete a su jurisdicción". Con este comunicado, el ministerio público ha tratado de matizar las palabras de Rubira, para lo que ha argumentado que "en el presente caso también se observa la conveniencia de preservar la necesaria serenidad en el enjuiciamiento de unas conductas que están generando un sentimiento de fractura social que no se puede desconocer".

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