Trapero culmina la ruptura con Puigdemont: asegura al juez que le instó a "cumplir la ley"

El major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero da la espalda al 'expresident' Carles Puigdemont. En un escrito presentado ante la Audiencia Nacional, donde se enfrenta a once años de cárcel por rebelión, el mando de la policía autonómica asegura que él y sus hombres instaron "al Govern de la Generalitat a que cumpliera con la legalidad" el 1-O, dejándoles en todo momento claro que "no se compartía desde el cuerpo policial el proyecto independentista". Trapero sigue así la misma estrategia de defensa que expuso en su declaración ante el Tribunal Supremo y culmina la ruptura con el Govern, ante lo que pide su absolución porque "los hechos relatados no son constitutivos de delito alguno".

En un escrito de 47 páginas al que ha tenido acceso El Confidencial, el mayor subraya las reuniones del 26 y 28 de septiembre con Puigdemont, Junqueras y Forn, encuentros en los que les avisaron de "los eventuales problemas graves que para la seguridad ciudadana y el orden público podían producirse" durante el 1-O. Trapero asegura que el mensaje que les trasladaron fue tajante: "La firme voluntad y decisión de todos ellos, como responsables del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, de respetar la legalidad vigente y de cumplir con los mandatos judiciales tendentes a evitar la celebración del referéndum".

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El mayor incide además en que las declaraciones de los políticos previas al 1-O, fechas en las que pintaban a los Mossos como una pieza más de la maquinaria independentista, no sentaron bien a sus hombres. El 26 y 28 de septiembre, él mismo se encargó de avisar a Puigdemont, Junqueras y Forn de "su discrepancia y malestar con determinadas manifestaciones públicas por parte de miembros del Govern de la Generalitat en las que se hacían referencias a los Mossos d’Esquadra". Mientras en las manifestaciones independentistas los mossos eran recibidos al grito de "esta es nuestra policía", sus mandos trataban de frenar el 1-O en las reuniones que se celebraban a puerta cerrada.

En lo que se refiere a su actuación durante el referéndum, el mayor dedica casi una página entera a las cifras que cosecharon sus operaciones: "El cuerpo de Mossos d’Esquadra evitó que 24 centros se constituyeran como centros de votación a primera hora de la mañana, en 110 locales se interrumpió la actividad de votación, se decomisaron 423 urnas, unas 90.700 papeletas de votación, unos 64.800 sobres de votación...". En la misma línea, asegura que se investigó a aquellos agentes que no se emplearon a fondo durante la jornada, pero no menciona que se haya sancionado a ninguno de ellos. "La Dirección General de la Policía, en fecha 3 de octubre, incoó una información reservada con el objeto de investigar dichas conductas y depurar, en su caso, eventuales responsabilidades disciplinarias".

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El mayor se refiere en todo momento al 1-O como "referéndum ilegal" y recuerda además que tras la declaració unilateral de independencia del 27 de octubre se puso a disposición de las autoridades judiciales. Trapero confirma por tanto una de las confesiones más duras que lanzó durante su declaración ante el Tribunal Supremo: tenían un plan para detener a Puigdemont y el resto del Govern. "Los responsables políticos implicados en la declaración unilateral de la independencia de Cataluña no podían contar con el cuerpo de los Mossos d’Esquadra en sus designios secesionistas", defiende.

Además de desmarcarse de los líderes independentistas, Trapero responde también en el escrito a la Policía Nacional y Guardia Civil, cuerpos que aseguran que los mossos protagonizaron seguimientos a sus agentes en los meses más duros del 'procés'. "El mayor Trapero no ordenó a los Mossos d’Esquadra labores de seguimiento o vigilancia a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que intervinieron en el operativo", sostiene su defensa, asegurando a continuación que tampoco se llevaron a cabo "acciones de vigilancia, contravigilancia o protección a miembros del Gobierno o de la Administración de la Generalitat de Cataluña sometidos a procedimientos judiciales".