pide las mismas penas para soler y puig

La Fiscalía acusa a Trapero de rebelión y pide 11 años de cárcel para él

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, encargada del caso, procesó a Trapero, Soler y Puig por organización criminal y dos delitos de sedición el pasado abril por los mismos hechos

Foto: Fotografía de archivo del mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero. (EFE)
Fotografía de archivo del mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero. (EFE)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa al exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero de un delito de rebelión y pide 11 años de cárcel para él por lo ocurrido entre el 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la Consellería de Economía en Barcelona y por los preparativos que llevó a cabo para permitir el referéndum ilegal del 1 de octubre. El Ministerio Público pide las mismas penas para el exdirector de los Mossos, Pere Soler, y para el exsecretario general de Interior de la Generalitat, César Puig, mientras que en el caso de la intendente de ese cuerpo, Teresa Laplana, rebaja la acusación a sedición y tan solo tiene en cuenta los hechos ocurridos entre el 20 y 21 de septiembre, ante lo que pide 4 años de prisión.

El Ministerio Público ha presentado este viernes de forma simultánea sus escritos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, donde se juzga a Oriol Junqueras y los otros 17 procesados en la causa que investiga el 'procés'. Aunque en ambos procedimientos ha incluido el delito de rebelión para parte de los investigados, en el caso de Trapero ha solicitado menos años de cárcel porque considera que se trata de "mandos subalternos", para los que el Código Penal contempla penas que van hasta los 15 años de prisión y no hasta los 25 de "los jefes principales".

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, encargada del caso, procesó a Trapero, Soler y Puig por organización criminal y dos delitos de sedición el pasado abril por los hechos ocurridos entre el 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía en Barcelona y por la jornada del 1 de octubre, asegurando en su auto que los indicios "revelan la existencia de una estructura de dirección perfectamente definida" con Puigdemont al frente. La Fiscalía, sin embargo, va ahora un paso más allá en su acusación e incluye el delito de rebelión.

Los Mossos y su "especial relevancia"

En el escrito, la Fiscalía carga contra el papel desempeñado por los Mossos, policía que, según explican, tuvo "especial relevancia" por "su capacidad investigadora e intimidatoria al servicio de la organización y de los fines independentistas", para lo que llevaron a cabo "funciones impropias de un cuerpo policial como fue la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y, en algunos casos, incluso, oponerse físicamente".

El Ministerio Público subraya además que Carles Puigdemont "realizó profundos cambios en los mandos de los Mossos d'Esquadra así como en la Consejería de Interior del Gobierno de Cataluña" antes del 1 de octubre de 2017, destacando en este sentido los nombramientos de Joaquim Forn como nuevo 'conseller' de Interior en julio de 2017, de Josep Lluis Trapero como nuevo mayor del cuerpo policial en abril de ese mismo año y de Pere Soler, quien pasó a estar al frente de la Dirección General de la Policía poco antes del referéndum. Asimismo, en el escrito se recoge también la participación del secretario general de Interior, César Puig, quien ostentaba el cargo desde julio de 2015 pero no dudó en seguir las órdenes de su nuevo jefe.

La Fiscalía considera que con estos nombramientos se formó una estructura en la que cada uno desempeñaba un papel concreto: Puig "alertaba de la actuación de los otros cuerpos policiales y facilitaba información a los impulsores del proceso"; Soler "daba cobertura y protección a las personas implicadas en la organización del referéndum", y Trapero "diseñó de forma deliberada unos mecanismos de actuación que impidieron que los agentes de los Mossos d'Esquadra pudieran cumplir con las instrucciones dadas".

A la hora de explicar las labores que llevó a cabo cada uno de ellos, el Ministerio Público recoge además varios correos electrónicos que estos enviaron a diversos líderes independentistas: Puig informó al secretario de Vicepresidencia de Economía y Hacienda, Josep María Llové, sobre el registro de la Guardia Civil en la empresa Unipost de Tarrasa el 19 de septiembre; Soler prometió en septiembre "medidas de contravigilancia" a Francesc Sutrias, detenido por la presunta adquisición de material para el referéndum, y Trapero se cruzó mensajes con Forcadell en los que le avisaba de que el 7 de agosto se procedería a "una búsqueda de medios técnicos" en su despacho.

En base a dichos mensajes y a la propia actuación del cuerpo policial durante los meses que precedieron y siguieron al 1 de octubre, la Fiscalía concluye que los Mossos d'Esquadra se pusieron "al servicio de los organizadores del referéndum", ofreciéndoles para ello "la adecuada cobertura de un cuerpo armado".

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