La Fiscalía pide 25 años para Junqueras como jefe de la rebelión

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado este martes una pena de 25 años de prisión por un delito de rebelión con la agravante de malversación para el exvicepresident Oriol Junqueras al que acusa de liderar los hechos que tuvieron lugar en Cataluña el pasado año. El Ministerio Püblico ha presentado ante el alto tribunal su acusación provisional en la que detalla, además, las condenas que reclama para los otros 17 procesados en la causa por el procés. Mantiene que se produjeron episodios violentos que detalla en un extenso escrito.

[Documento: las peticiones de penas de Junqueras y los consellers]

Por su parte, los presidentes de las asociaciones soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell quedan con una solicitud de 17 años. Los cuatro fiscales solicitan penas de entre 16 años para los exconsellers que impulsaron medidas concretas a favor de la ruptura: Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa. Carles Mundó, Santiago Vila y Meritxell Borràs se enfrentan a una petición de 7 años y el resto de acusados, multas.

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La Fiscalía considera que tanto los expresidentes de la ANC y de Omnium Cultural como para la expresidenta del Parlament fueron "promotores y jefes principales" del delito de rebelión. En el caso de los 'exconsellers' Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forn pide un año menos al no considerarles "jefes" en el delito. El papel en los hechos investigados del resto de miembros del Govern fue menor que el de sus compañeros, de ahí la rebaja de la pena reclamada.

[Documento: las peticiones de Trapero y la cúpula de los Mossos]

Para los políticos que conformaban la Mesa del Parlament, la Fiscalía la acusación es de desobediencia y no pide cárcel para ellos, sino el pago de una multa de 100 euros diarios durante diez meses y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un año y 8 meses. Dicha pena afectaría a Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, todos ellos miembros de la Mesa del Parlament cuando se aprobó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Violencia

"El plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medio que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida -ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación- la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido", dice el escrito. Habla de una "fuerza intimidatoria" que representaban, por una parte la actuación tumultuaria de las grandes movilizaciones ciudadanas, y por otra, el uso de los Mossos d' Esquadra.

En este punto, el Ministerio Público destaca que este cuerpo policial, armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, acataría según mantiene en sus escritos exclusivamente las instrucciones de los acusados "como así sucedió", y se preveía que llegado el caso podría "proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional".

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Asegura que "el plan orquestado consistía fundamentalmente en orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria" con el objetivo último de declarar la independencia de parte del territorio nacional. "Estuvieron a punto de lograrlo con los actos delictivos que ejecutaron, poniendo así en grave peligro el orden constitucional", agrega el Ministerio Fiscal.

Insiste en este componente violento en varios puntos del escrito. Así, asegura que los miembros del Govern eran "plenamente conscientes de la ilicitud del proceso de secesión que venían impulsando" y de la altísima probabilidad de que "se produjeran incidentes violentos" y pese a ello, hicieron continuos llamamientos para alentar concentraciones públicas.

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La Fiscalía repasa los acontecimientos y se remonta al año 2015, donde fija el arranque de la estrategia concertada para alcanzar la independencia. Señala varios 'hitos' que considera acreditan la comisión del delito de rebelión como los enfrentamientos en los colegios electorales el 1-O, el acoso a los policías desplegados en el territorio o las manifestaciones del 20 de septiembre ante la Consellería de Economía. Adquiere un papel protagonista la reunión del expresident Carles Puigdemont y Junqueras con el jefe de los Mossos días antes del referéndum, cita en la que se demostró "la sumisión" de la policía autonómica al mandato político y la disposición de caudales públicos por cantidades millonarias.

El escrito habla de un "contexto fáctico común", constituido por la estrategia planificada y las actuaciones desarrolladas por los acusados "a fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como nuevo Estado en forma de República, segregándola de España, mediante la acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos: el parlamentario, el ejecutivo y el social", según la tesis de Fiscalía.

"Hicieron reiterados y continuos llamamientos públicos -a través de los medios de comunicación, redes sociales y concentraciones públicas-- a la movilización de la ciudadanía para que acudieran a votar y evitar que las fuerzas de orden público cumplieran con su misión de cerrar los centros e incautar el material electoral", subrayan los cuatro fiscales del caso. De hecho, apuntan en su relato a la "manipulación informativa sobre la realidad de lo que estaba sucediendo en esos días" y la "presión" a la prensa internacional para llevar a cabo su objetivo.