el gobierno fuerza una acusación por sedición

La discrepancia entre Abogacía y Fiscalía debilita la acusación del Estado en el procés

Mientras la Fiscalía llega al juicio sosteniendo que hay rebelión, la Abogacía del Estado, dependiente de Justicia y por orden de este Ministerio, considera que solo hubo sedición

Foto: Dolores Delgado y Pedro Sánchez. (EFE)
Dolores Delgado y Pedro Sánchez. (EFE)

Una orden del Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta a los dos brazos del Estado en el juicio del procés. Mientras la Fiscalía, independiente del Gobierno, llega al juicio sosteniendo que hay rebelión, la Abogacía del Estado, dependiente de Justicia y por decisión de este Ministerio, considera que solo hubo sedición, un escalón por debajo y con penas menos graves . El resultado será que en el juicio más mediático de la historia de España los dos representantes del Estado discreparán ante todo el país. El Gobierno se alinea con los tribunales de Alemania, Suiza y Escocia al considerar que no hubo rebelión.

En plena negociación de los presupuestos, el Ejecutivo ha ofrecido el gesto que solicitaban los de ERC. En la misma jornada, ambas acusaciones formalizarán ante el alto tribunal escritos enfrentados. Los representantes legales del Estado pedirán 14 años para Oriol Junqueras mientras que la Fiscalía reclamará casi el doble, alrededor de los 25 años. El guiño se ejecuta, además, con la oposición de los abogados personados en la causa. El escrito de la Abogacía no llevará su firma sino la de la responsable de la institución.

En plena negociación de los Presupuestos, el Ejecutivo ha ofrecido el gesto que solicitaban los de ERC. Se presentarán dos escritos enfrentados

La rebelión es un delito que exige un "alzamiento violento". Desde el inicio ha habido muchas dudas sobre el uso de ese artículo del código Penal, penado con hasta 30 años de prisión. Su imputación por parte del juez Llarena permitió que los líderes del procés no se presentaran a las elecciones autonómicas del pasado diciembre pero relevantes juristas dudaban de que fuera a prosperar en el juicio. Advertían de que incluso si el Supremo los condenaba por rebelión, serían corregidos por la Justicia europea.

Pese a todo y frente a todos, durante la instrucción, el Ministerio Público ha defendido que la rebelión se produjo y piensa acusar por ello. Ante las peticiones de los independentistas para que intentase influir en los fiscales, el Gobierno replicó que eso sería contraproducente. Los de Sánchez sabían que se toparían con una oposición frontal. Ni siquiera en la etapa del fiscal general del Estado José Manuel Maza, se dejaron influir cuando el Gobierno de Mariano Rajoy, por ejemplo, pretendió que Jordi Turull pudiese ser investido como presidente de la Generalitat.

Así que quedaba la otra pata del Estado en la sala, la Abogacía, con dependencia jerárquica de Justicia. Aunque juega un papel secundario en los procedimientos penales -se personó en febrero pasado por malversación-, es el brazo directamente dependiente del Gobierno en el juicio. La tradición en la Abogacía es adherirse a las peticiones de la fiscalía salvo en los delitos fiscales, donde representa a la Agencia Tributaria y a menudo lleva la voz cantante. En esos casos, cuando los acusados buscan un pacto de conformidad, la Fiscalía recomienda que lo acuerden antes con la Abogacía.

No era previsible que el juicio empezara con los dos brazos del Estado discrepando antes de iniciarse


Pero en el juicio del 'procés', el más importante de la historia democrática, por encima del del 23-F por las connotaciones políticas que tiene, Abogacía y Fiscalía no llegan de la mano. A pesar de la buena relación entre los fiscales y los abogados del Estado del caso, Moncloa ha impuesto a la Abogacía a través del Ministerio de Justicia una rebaja de la acusación, de forma que solo califica lo ocurrido como sedición. Justicia podría haber acusado solo por malversación, alegando que estaba en la causa solo para defender el dinero público. Pero ha optado por entrar en el fondo del asunto y descartar la rebelión. El escrito lo firma la abogada general del Estado, Consuelo Castro, un alto cargo de Justicia y ha generado malestar en el cuerpo. No solo por la acusación -son funcionarios y hay jerarquía- sino porque el Gobierno ha insistido públicamente en que no estaba dando instrucciones a la Abogacía.

Fuentes jurídicas destacan que la acusación por rebelión podía haber ido bajando a lo largo del juicio, si en las vistas se veía que era difícil argumentarlo. Pero no era previsible que empezara con los dos brazos del Estado discrepando antes de iniciarse. Eso da armas a las defensas que confiaban en que la rebaja de la Abogacía del Estado acabase arrastrando a la Fiscalía durante el juicio.

Aunque durante meses el debate público era sobre la Fiscalía, desde junio el Gobierno e independentistas hablaron sobre la Abogacía, según fuentes próximas al caso. Entonces comenzó el viraje de declaraciones de Sánchez. Si en mayo, antes de ser presidente, vio rebelión aunque no hubiera violencia. "Si no hay altercados públicos eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión como sí que se produjo. [...] Hay que reflexionar: ¿lo que se produjo el pasado seis y siete de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es", declaró en Antena 3.

En septiembre este diario adelantó que la Abogacía era la baza que manejaba Sánchez y que en realidad lo que pedían los independentistas era eso. "El gesto" con los presos del procés que pedían ERC y PDeCAT para sentarse a negociar los presupuestos generales del Estado con el PSOE y Podemos.

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