La Audiencia Nacional rechaza que el juicio contra Trapero por rebelión pase a Cataluña

La Audiencia Nacional juzgará al ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero por rebelión. La Sala de Apelación ha ratificado la competencia de este tribunal para sentar en el banquillo tanto a él como al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig, al exdirector de los Mossos Pere Soler y a la intendente Teresa Laplana, desestimando así el recurso presentado por Puig y Soler para que la causa recayera en un juzgado catalán porque no son "delitos contra la forma de gobierno". La Fiscalía acusa a los tres primeros de rebelión y pide 11 años de cárcel por la actuación de la policía autonómica durante los sucesos de septiembre de 2017 y del referéndum del 1-O, mientras que a la intendente la acusa de sedición y rebaja la pena solicitada a cuatro años de prisión.

A diferencia de Puig y Soler, la abogada de Trapero y de la que fuera intendente del cuerpo, Teresa Laplana, no puso en duda la competencia de la Audiencia Nacional en la vista del artículo de previo pronunciamiento celebrada el 5 de febrero. "No voy a formular ninguna alegación para esta cuestión", se limitó a decir la letrada Olga Tubau. Pero el abogado de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, sí puso en duda la competencia del tribunal para juzgar a su cliente. Durante su intervención ante el tribunal, el letrado se preguntó incluso cómo sería "interpretado en instancias europeas" que juzgase estos hechos "como un tribunal de excepción para un caso concreto”, lanzando así el mensaje de que llevarán la sentencia hasta Estrasburgo. Pau Ferrer, abogado de Soler, mostró a continuación una postura similar a la de su compañero y defendió que los delitos de rebelión y sedición no son "contra la forma de gobierno", por lo que la Audiencia Nacional no debe hacerse cargo del caso.

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Beatriz Parera

Con su última resolución, los magistrados de la Sala de Apelación desestiman el recurso planteado por César Puig, al que se adhirió Pere Soler, contra el auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal del 22 de febrero que confirmó su competencia para enjuiciar los hechos. Los jueces dan así por buenos sus argumentos al considerar que la atribución de la competencia en estas materias a un órgano centralizado y especializado es conforme a la Constitución. En el auto que se publicó en febrero, la Audiencia Nacional subrayaba para ello que “el legislador puede decidir la determinación de competencias de acuerdo a los intereses de la justicia y asignar a un órgano judiciales centralizado la instrucción y enjuiciamiento de ciertos supuestos, en atención a su naturaleza materia, amplitud del ámbito territorial o trascendencia para el conjunto de la sociedad, sin que ello afecte a la prohibición de jueces de excepción”.

La resolución de la Sala de Apelación, sin entrar a considerar la veracidad o no de los hechos, hace suyos los “muy acertados y fundados” argumentos expuestos con “enorme profusión” en la resolución de la Sección Primera, para lo que subraya que la Sala es competente para enjuiciar presuntos delitos de rebelión. En cuanto al punto del recurso en el que se denunciaba un supuesto cambio de criterio frente a otras resoluciones dictadas en el pasado por la Sala de lo Penal, los magistrados defienden que el auto de febrero funda la competencia de este órgano de forma correcta, apoyándse en las normas que “son las que expresamente se la atribuyen sin carácter extensivo alguno, como una manifestación clara de la especialización de la Audiencia Nacional en materia de delincuencia grupal organizada”.

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Trapero declaró como testigo en el juicio del ´procés' el 15 de febrero, una comparecencia en la que la pregunta clave llegó en el último minuto. Tras más de cuatro horas de interrogatorio, el mayor y su abogada comenzaron a recoger los documentos para marcharse, pero entonces intervino Manuel Marchena, el presidente del tribunal. Apoyándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el magistrado lanzó en el descuento la pregunta clave que ninguna de las acusaciones había podido realizar: ¿avisaron los Mossos al Govern de la posible violencia en el 1-O?

La cuestión era vital para las defensas de los acusados y, en especial, para el 'exconseller' de Interior Joaquim Forn. Los dos mandos de los Mossos que comparecieron como testigos antes que Trapero, Manel Castellví y Emilio Quevedo, ya habían dejado claro que advirtieron a la cúpula política de que el referéndum podía implicar una escalada de violencia. Según explicaron, así se les trasladó a Puigdemont, Junqueras y Forn en dos reuniones celebradas el 26 y 28 de septiembre de 2017, pero por un error de cálculo de la Fiscalía y Vox, ninguna de las acusaciones pudo preguntar ayer sobre estos encuentros a Trapero.

Finalizado el turno de las defensas, el magistrado tomó entonces la palabra: "Mire, señor Trapero, antes de marcharse, la ley de enjuiciamiento criminal, en el artículo 708 en su párrafo segundo, dice textualmente que el presidente por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del tribunal podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre que se declaren". La pregunta clave estaba a punto de realizarse: "¿Qué preocupación motiva que usted convoque esa reunión? ¿Qué mensaje quiere usted transmitir a esos responsables políticos y qué respuesta obtiene?".

La respuesta de Trapero fue demoledora para los acusados. Uno tras otro, el mayor fue soltando ganchos a la mandíbula del Govern: "Les emplazamos a un cumplimiento de la legalidad", "les dijimos que evidentemente la íbamos a cumplir, que no se equivocasen con nosotros", "les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad ni la Constitución"... Ahora queda por ver si mantiene la misma estrategia de culpar a los políticos en su declaración como acusado ante la Audiencia Nacional.