SEGÚN LA SENTENCIA DEL 'PROCÉS' CONOCIDA HOY

El expresidente de la ANC Jordi Sànchez, condenado a 9 años de prisión

El 12 de junio, en su turno de última palabra, el expresidente de la ANC se dirigió de forma directa a los magistrados: "El Poder Judicial no puede resolver un problema político"

Foto: El expresidente de la ANC Jordi Sànchez en el juicio del 'procés'. (EFE)
El expresidente de la ANC Jordi Sànchez en el juicio del 'procés'. (EFE)

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, ha sido condenado a 9 años de prisión por sedición, pero no por malversación, según la sentencia del Tribunal Supremo conocida este lunes por la mañana, que considera al líder de la ANC y a Jordi Cuixart como "verdaderos conductores" de los episodios ocurridos el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

De los doce procesados en el juicio del 'procès', Sánchez y Jordi Cuixart, conocidos también como 'los Jordis', han sido los únicos que han recibido penas más reducidas por el delito de sedición por no contar con el carácter de "autoridad" para tomar decisiones que recoge el artículo 545.1 del Código Penal.

[Consulta aquí la sentencia del Tribunal Supremo]

"Su marco penal se mueve, por mandato del art. 545.1 del CP entre 8 y 10 años de prisión, duración reservada a los que 'hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores'. En el juicio histórico hemos reflejado su condición de líderes sociales de vanguardia que, concertados en los fines sediciosos con los demás acusados, se mostraron como verdaderos conductores de los episodios acaecidos los días 20 de septiembre y 1 de octubre", se lee en el documento del Alto Tribunal.

El expresidente de la ANC Jordi Sànchez, condenado a 9 años de prisión

La Fiscalía destacaba en su escrito del 'procés' "la acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos": el parlamentario, el ejecutivo y el social. Según sostiene, los Jordis se encargaron de tomar las riendas del último eje. Jordi Sànchez está acusado de ser promotor de la rebelión por la Fiscalía, que pedía 17 años de cárcel y otros 17 de inhabilitación absoluta para él. En prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017, la Abogacía del Estado solicitaba por su parte que sea condenado a ocho años de prisión y a ocho de inhabilitación por un delito de sedición, mientras que la acusación popular ejercida por Vox pedía 62 años de cárcel por dos delitos de rebelión y uno de organización criminal.

La Fiscalía destacaba su papel en la manifestación del 20 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía, protesta en la que el expresidente de la ANC acabó subido a un coche de la Guardia Civil y que se considera clave a la hora de apuntalar que en el 'procés' hubo violencia. "Las convocatorias no solo publicitaron que se estaba produciendo una actuación de la Guardia Civil tendente a impedir el referéndum, sino que divulgaban el lugar donde se efectuaba el registro judicial, emplazaban a la ciudadanía a defender las instituciones catalanas, exigían que la Guardia Civil pusiera en libertad a las personas que habían sido detenidas, y alentaban a los catalanes para que se movilizaran, diciendo que no podrían con todos ellos o que las fuerzas del orden se habían equivocado, y que habían declarado la guerra a los que querían votar", sostiene el Ministerio Público en su escrito de conclusiones definitivas.

El 21 de febrero, en su declaración ante el tribunal del 'procés', Sànchez se mostró tajante: "Me considero un preso político y esto es un juicio político. [...] Estoy convencido de que todos los hechos que mantiene la Fiscalía contra mi persona son absolutamente falsos y no tengo temor a responder", lanzó en el Supremo. El 12 de junio, en su turno de última palabra, el expresidente de la ANC se dirigió de forma directa a los magistrados: "El Poder Judicial no puede resolver un problema político, pero ustedes tienen una responsabilidad, que es no agravar la crisis política", defendió Sànchez, presentándose como "víctima de una injusticia y de un dolor causado por el Estado".

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