El 'exconseller' de Presidencia Jordi Turull, condenado a 12 años de prisión

El 'exconseller' de Presidencia, Jordi Turull, ha sido condenado a 12 años de prisión por sedición y malversación, según la sentencia del Tribunal Supremo dada a conocer hoy, que fija penas de entre 13 y 9 años para los acusados 12 acusados en el juicio del 'procés' y que ha descartado el delito de rebelión.

Turull ha sido condenado a 12 años de cárcel y de inhabilitación absoluta por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación agravado por razón de su cuantía, según ha sentenciado el Alto Tribunal, presidido por el magistrado Manuel Marchena. Es la misma pena que han recibido sus entonces compañeros en el gobierno de la Generalitat Raül Romeva y Dolors Bassa, y un año menos que a los que ha sido condenado Oriol Junqueras, quien ocupaba según el Supremo "la cúspide en el organigrama político-administrativo que fue puesto al servicio del proceso sedicioso". Ellos cuatro son los únicos que han sido condenados por ambos delitos, el de sedición y el de malversación.

La inhabilitación absoluta supone "la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena".

[Estas son las condenas impuestas por el Tribunal Supremo a los doce acusados en el juicio del 'procès']

Turull estaba acusado de rebelión con distracción ilegal de caudales públicos por la Fiscalía, que pedía 16 años de prisión y otros 16 de inhabilitación absoluta para él. En prisión preventiva desde el 23 de marzo de 2018, la Abogacía del Estado solicitaba por su parte que fuera condenado a 11 años y 6 meses de prisión y al mismo tiempo de inhabilitación por sedición y malversación, mientras que la acusación popular ejercida por Vox pedía 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

La Fiscalía sostuvo que participó en el diseño del plan del 'procés' y autorizó a los diferentes departamentos del Gobierno catalán a realizar las acciones y contrataciones necesarias para el 1-O. "Con miras a publicitar el referéndum ilegal y a favorecer la participación en el mismo se articularon desde el departamento de Presidencia, dirigido por el acusado Jordi Turull, campañas y acciones", explica en su escrito de conclusiones definitivas, en el que se le relaciona con la financiación de la creación de páginas web, la publicidad institucional, la cartelería, el gasto en papeletas, el censo electoral y las citaciones a los miembros de las mesas de votación.

Autor de la sedición y con autoridad por su puesto en el Govern

El Tribunal Supremo explica que según el artículo 545.1 del Código Penal, "los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo".

La Sala ha estimado que Junqueras, Romeva, Turull, y Bassa, en su condición de "autores del delito de sedición, han de ser reputados, a estos efectos, autoridad". Los acusados detentaron también una "autoridad funcional" gracias a la capacidad decisoria que tenían "para sumarse y condicionar el desarrollo del concierto delictivo".

Turull, al igual que Junqueras, Romeva y Bassa, era miembro del Govern, según se lee en la sentencia: "En sus respectivos ámbitos decisorios y en función de su fecha de nombramiento como Consejeros, hicieron posible y suscribieron los acuerdos gubernativos que han quedado reflejados en el factum, que dibujaron una pretendida legalidad administrativa contraria a todos los requerimientos del Tribunal Constitucional".

Según el Tribunal Supremo, estos cuatro acusados "alentaron las movilizaciones tumultuarias convocadas para hacer visible la pérdida de poder de los órganos judiciales en Cataluña y contribuyeron con las decisiones individuales que han sido descritas en el relato de hechos probados a la realidad del referéndum reiteradamente desautorizado y prohibido por el Tribunal Constitucional".

Delito de malversación

Junqueras, Romeva, Turull y Bassa también han sido declarados autores de un delito de malversación agravada, por "la deslealtad" que representa haber puesto la estructura de sus respectivos departamentos al servicio de una "estrategia incontrolada de gasto público al servicio del referéndum ilegal". Y hacerlo, en total, en una cuantía superior a 250.000 euros, lo que supone un agravante de la pena.

La Sala ha entendido que la propuesta de la Abogacía del Estado, que ve en la relación entre los delitos de sedición y malversación un "concurso medial", es correcta. "Hay razones dogmáticas para considerar acertada esta opción, en la medida en que existe una indudable relación instrumental que atrae ese tratamiento penal. Todos los gastos estaban dirigidos a hacer realidad el plan estratégico del referéndum. Las partidas habilitadas estaban necesariamente destinadas a ese fin", concluyen los magistrados en el documento.

El 19 de febrero, en su declaración ante el tribunal del 'procés', Turull defendió que "no es un delito hacer un referéndum" y que "no es ninguna anormalidad hacer por la vía pacífica" lo que prometieron a los ciudadanos. "Los ciudadanos de Cataluña no están militarizados, no son ovejas. Tienen criterio, da igual que sean independentistas o de extrema derecha. Es de un desconocimiento total de la sociedad catalana...", lanzó en el Supremo. Respecto a la supuesta malversación, aseguró que no gastaron "ni un euro público en el referéndum". El 12 de junio, en su turno de última palabra, se dirigió de forma directa a los magistrados: “En este juicio está en juego la amplitud que damos a los derechos y las libertades fundamentales para nosotros y nuestros hijos”.

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