PP, PSOE y Cs unen fuerzas en Bruselas para defender la sentencia del 'procés'

En cuestión de horas, comienza la batalla final por el relato del ‘procés’ fuera de España. O así se ve en ambos lados. La sentencia marcará un antes y un después. Para unos, será la confirmación de que existe un Estado de derecho que se aplica en el país, para otros, será la demostración de su visión de una España que coarta sus libertades y sus derechos civiles. Y después llegará el pulso del discurso, especialmente en el extranjero.

Un buen grupo de eurodiputados, funcionarios y diplomáticos españoles se lleva aplicando desde hace ya tiempo la lección aprendida hace justo dos años. En aquellos turbulentos días de octubre de 2017, las imágenes de cargas policiales durante el referéndum ilegal y el relato independentista dejaron absolutamente en fuera de juego el discurso constitucionalista en el extranjero. Los eurodiputados se vieron especialmente superados: muchos de sus colegas, incluso los que no habían demostrado ningún interés hasta el momento por el tema, les empezaron a preguntar con preocupación, mientras la imagen del país empeoraba a marchas forzadas en la capital comunitaria.

En la sala de prensa de la Comisión Europea, donde los periodistas pueden preguntar lo que deseen cada día a las 12 de la mañana, se vivieron sesiones muy tensas, a veces incluso de una hora, solamente sobre preguntas relacionadas con Cataluña. Muchos periodistas internacionales repetían algunas consignas que el independentismo había manejado: ¿por qué no se activaba el artículo 7 contra España?, ¿por qué no se hace nada si España va camino de convertirse en Turquía?

Para todo el mundo en Bruselas, era obvio que el Parlamento Europeo había sido el núcleo de la internacionalización del ‘procés’. Había ocurrido a la vista de todos, pero se había subestimado cuáles podían ser los efectos de no cuidar lo suficiente el mensaje fuera de España.

Desde entonces, los representantes en la Eurocámara de Partido Popular, PSOE y Ciudadanos han coordinado hasta el detalle todos sus movimientos en lo que respecta a contrarrestar el discurso independentista en las instituciones, han enviado cartas conjuntas cada vez que Puigdemont, fugado de la Justicia española, ha intentado organizar actos en la Eurocámara y han redoblado sus esfuerzos por informar a sus colegas sobre la situación.

También coinciden en algo: las aguas se han calmado, y mucho. La imagen de un Puigdemont acompañado solo por unos 40 fieles a las puertas del Parlamento Europeo el pasado 1 de octubre, bajo una fuerte lluvia, para conmemorar el segundo aniversario del referéndum ilegal y para protestar por no poder acceder a su acta de eurodiputado, es un fiel reflejo del estado de la cuestión.

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Iratxe García se sienta en la mesa de cristal de su amplio despacho en la 'planta noble' del Parlamento Europeo. La socialista ha ascendido hasta convertirse en líder de los Socialdemócratas en la Eurocámara y pasar a ser la española más poderosa dentro de la institución. Ahora, sobre su mesa hay muchos asuntos, mantiene reuniones continuas sobre cientos de temas distintos y los huecos en su agenda han desaparecido. Pero incluso así, García sigue teniendo en mente que mantener a raya el discurso independentista en Bruselas es un trabajo de orfebrería.

“No hay expectación aquí con el tema”, señala la líder socialista, que recuerda que la Eurocámara está en otro momento político: “Estamos envueltos con la nueva Comisión Europea y el Brexit, y esto no está ni en la agenda política ni en la cabeza de muchos eurodiputados. Eso es significativo: ha bajado el suflé”.

García señala uno de los éxitos, la coordinación entre PP, PSOE y Ciudadanos. “Era necesario estar unidos los que defendemos el Estado de derecho, aunque lo hagamos desde distintas posiciones ideológicas. Nosotros siempre hemos mostrado mucha lealtad”, apunta la líder socialista.

La popular Dolors Montserrat llegó a la Eurocámara como el ‘tique español’ del PP, enviada a Bruselas para hablar, entre otros temas, de Cataluña. Para Génova, ha sido un éxito situar a Montserrat al frente de la comisión de Peticiones del Parlamento, una de las vías de entrada de peticiones del independentismo, con una gran repercusión mediática. “El intento de los políticos independentistas de internacionalizar el llamado ‘procés’ ha fracasado completamente”, asegura Montserrat.

¿Y después de la sentencia?

Está claro que la situación se ha calmado. Pero también hay bastantes voces preocupadas por el efecto imprevisible que puede tener la sentencia, no porque sea un tema del que se esté hablando, sino porque hasta el 30 de septiembre de 2017 tampoco había una especial preocupación y eso no evitó el tsunami que llegó después.

“La sentencia no preocupa en el Parlamento Europeo. Esta institución tiene claro que España es una democracia plena en la que funcionan la Justicia y la separación de poderes”, asegura Montserrat. Sin embargo, todo el mundo sabe que habrá algo más de ruido: aunque sean pocos y ahora mismo no estén muy movilizados, lo cierto es que el independentismo sigue teniendo algunos aliados en la Eurocámara.

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Diana Riba, eurodiputada de ERC y cuyo marido, Raül Romeva, está en prisión preventiva esperando la sentencia, defiende que no hay eurodiputados independentistas en la Eurocámara. Sin embargo, “sí que han surgido, por un lado, muchas voces a favor del derecho a la autodeterminación, la democracia y los derechos humanos, y por otro, en contra de la represión, la violencia policial y, en general, en contra de la actitud autoritaria que ha mostrado el Estado en los últimos años”, asegura a este periódico la eurodiputada independentista.

Esquerra se integra dentro del grupo de Los Verdes, en el que las reclamaciones independentistas siempre han recibido un buen acomodo. Es posible que los principales movimientos después de la sentencia lleguen de este grupo, del de la Izquierda Unitaria, donde se enmarca Unidas Podemos, y también de forma más aislada desde la bancada liberal, donde se sienta Izaskun Bilbao, del PNV, y del grupo ultraconservador, en el que se encuadra Vox y al que pertenecen los nacionalistas flamencos que han arropado a Puigdemont desde su llegada a Bruselas. La formación de Santiago Abascal presiona para que los belgas no se destaquen demasiado o prometen dar problemas a la dirección del grupo político.

“En función de la intensidad de la condena, el efecto será más o menos fuerte en esta sección marginal” del Parlamento Europeo, admite Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, que advierte de que “puede ser un punto de arranque para una nueva campaña de propaganda”. Pero el eurodiputado tiene claro que algo de movimiento habrá: “¿Que harán algo? Es que si no lo hacen aquí, dónde lo van a hacer”.

Pero el eurodiputado español apunta que hay una estrategia a seguir: monitorear con mucho cuidado cada paso que da el independentismo y responder como hasta ahora, pidiendo al despacho del presidente de la Eurocámara que evite la entrada de fugados de la Justicia, enviar cartas de información a todo el que haga falta y reaccionar ante los medios. “La respuesta va a ser unánime: defender el Estado de derecho y la independencia judicial”, apunta Cañas.

Nivel diplomático

A unos cientos de metros de la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, las cosas son más sencillas. En el edificio del Consejo, a nadie le gusta imaginarse que sus colegas de otros Estados miembros se puedan inmiscuir en un asunto tan interno como una parte de su país intentando independizarse. Así que no lo hacen ellos con los demás.

Los diplomáticos no son políticos, o al menos no son tan políticos: su trabajo es técnico, tienen un tratamiento casi diario con sus colegas de otros Estados miembros, trabajan y se pelean codo con codo. Así que, en general, el trabajo de sensibilización entre los cuerpos diplomáticos es bastante más sencillo.

Hay muchos otros españoles, y también extranjeros, que no están a la vista pública pero que hacen un trabajo igualmente importante en el pulso del relato. Son jefes de gabinete —la más importante Clara Martínez, del actual presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker—, asesores y expertos a los que los políticos escuchan y hacen caso.

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Ellos son seguramente los que mejor han desarrollado su papel. Todo ese engranaje de nombres desconocidos y personas anónimas es la base de que el independentismo no haya logrado ninguna reunión ni ninguna foto durante los últimos años, un bien preciado para la internacionalización. Nadie les ha abierto la puerta, y eso ha sido crucial en el medio plazo.

Ha habido un trabajo silencioso de otros nombres como el de Miguel Arias Cañete, comisario de Acción por el Clima y Energía, que se ha encargado de que nadie en el colegio de comisarios mostrara simpatía: había otros 26 comisarios que podían llegar a comprar algunas partes del mensaje independentista, pero los trabajadores españoles en el Ejecutivo comunitario, y Arias Cañete al máximo nivel, han sido los encargados de que eso no ocurriera.

Donde España ha cojeado realmente ha sido a nivel de información, sensibilización y explicación de una realidad enormemente compleja. Ahora, los eurodiputados también han sido clave y muy activos en este campo.

“Hemos hecho pedagogía, que era algo que faltaba. Un trabajo que estaba pendiente de hacer: una explicación de una realidad”, señala García. “Las mentiras y la propaganda solo prosperan en el silencio”, asegura Cañas, que apunta a que ahora sí hay una respuesta para cada mensaje que llegue desde el independentismo mientras que durante mucho tiempo “ha podido lanzar su propaganda sin oposición”.

Y el problema es que el Gobierno y muchos sectores guardaron demasiado silencio en 2017, incluso cuando la situación se fue de las manos. Cuando un corresponsal llamaba a la Generalitat, podía contar casi de forma inmediata con una charla telefónica con algún alto cargo del Gobierno autonómico. Moncloa ofreció un par de sesiones de información que los corresponsales internacionales no terminaron de entender, y algunos altos funcionarios que debieran haber estado explicando la situación abroncaban, visiblemente cabreados y con un inglés mediocre, a unos corresponsales internacionales que no habían recibido prácticamente ninguna versión más que la de la Generalitat.

Ahora todo eso ha cambiado bastante. Irene Lozano se puso al frente de la secretaría de Estado de España Global con la orden de mejorar la visión exterior del país. Debajo de esa capa, la realidad es que la gran batalla de Lozano es contrarrestar los esfuerzos del independentismo de mostrar España como un país atrasado, no democrático y que viola los derechos de las minorías. Durante mucho tiempo, este discurso no tuvo una respuesta real. “La idea de España Global, aunque tarde y limitada, es lo mejor que se ha hecho” en el campo de la batalla mediática del ‘procés’, según señala Cañas.

“Teníamos claro desde el primer día que había que contrarrestar sus campañas de desinformación. No podemos dejar que descalifiquen nuestro país impasibles. Ningún país lo haría”, señala a El Confidencial la secretaria de Estado. “Hemos tenido que empezar por explicar las cosas más básicas, como que más de la mitad de los catalanes están en contra de la independencia. Ellos han hecho creer que la sociedad catalana está unida y la realidad es que el diálogo más urgente es el que ha de tener lugar entre catalanes”, defiende Lozano, que ha convertido Bruselas en una de sus prioridades.

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“Hemos encontrado en las instituciones europeas, porque nos hemos reunido con todas, un alineamiento con la posición del Gobierno español, y la demostración es la negativa del Parlamento a que tome asiento en él un prófugo de la Justicia”, apunta Lozano. La Comisión Europea ha defendido continuamente el mensaje de que en España hay democracia y un Estado de derecho que debe protegerse. El socialista holandés Frans Timmermans ha sido el encargado de dar la cara una y otra vez.

“Hay cierta fatiga informativa y, sobre todo, un hecho: el aparato independentista ha perdido mucha credibilidad”, asegura la secretaria de Estado. “Nos consta, porque tenemos muchos países en el mundo, que piden reuniones en las cancillerías y los parlamentos de medio mundo y ni tan siquiera los reciben. La gente está cansada de su intoxicación”, defiende Lozano.

“Utilizar frases como ‘queremos ser libres’, ‘queremos votar’… ¿Quién no quiere votar?”, apunta García, que admite que hay “una parte del discurso independentista que se puede convertir en atractiva” en determinadas circunstancias cuando no se hace una buena labor informativa. La líder socialista destaca que “este trabajo se ha hecho en los dos últimos años de manera muy detallada y conscientes de la importancia que tenía”.

España aprendió solo cuando fue ya demasiado tarde para reaccionar en 2017. Ahora, la estrategia está mucho más pulida, mecanizada e interiorizada. Todos los actores están implicados y coordinados. Además, el independentismo ha perdido fuerza. Pero la sentencia será un momento decisivo y todo el mundo lo sabe en Bruselas. El gran pulso final por la internacionalización empezará cuando se lea la sentencia en el Supremo. Y España no quiere volver a estar en fuera de juego.

García insiste varias ocasiones en una misma idea: en España hay separación de poderes, y eso significa que no es trabajo de los políticos, ni en Madrid ni en Bruselas, juzgar la propia sentencia. El problema en algunos círculos europeos es que el trabajo se ha tenido que hacer desde mucho más abajo y los esfuerzos se han tenido que centrar en lo básico: sí, en España hay separación de poderes.