El Gobierno defiende los indultos del 'procés' en el Supremo por "la paz social en Cataluña"

Los indultos a los nueve condenados del 'procés' buscaron "la convivencia democrática y la paz social en Cataluña". En un escrito de 57 páginas al que ha tenido acceso El Confidencial, la Abogacía del Estado destaca esta idea frente al recurso presentado por Ciudadanos contra la medida de gracia ante el Supremo. Según defienden los servicios jurídicos del Gobierno, la demanda del partido se basa en "argumentos ciertamente incongruentes" y en su "opinión personal", por lo que debe ser rechazada.

El cruce de escritos llega tras la decisión adoptada por el Tribunal Supremo el pasado mayo, cuando dio marcha atrás respecto a su dictamen inicial y admitió a trámite los recursos presentados por varios partidos políticos y asociaciones contra los indultos. De esta manera, anulaba su pronunciamiento sobre la supuesta falta de legitimación de los recurrentes y abría un nuevo frente al Gobierno, que ahora se ve obligado a entrar en el fondo de la polémica para defender la legalidad de los mismos.

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El escrito de la Abogacía del Estado descarta en primer lugar el argumento de Ciudadanos de que "estamos ante indultos inconstitucionales porque se basan exclusivamente en razones políticas". Según destaca el partido liderado por Inés Arrimadas, este concepto no encontraría amparo legal, pues la da Ley Reguladora del Indulto es "preconstitucional y, por tanto, no susceptible de habilitar al Gobierno para que ejerza el indulto por razones exclusivamente políticas".

Lejos de dar por bueno este razonamiento, la Abogacía carga contra "el uso peyorativo con que se utiliza en la demanda 'razones políticas' por equivalente a 'utilidad pública". Para reforzar esta idea, alega que "la parte podrá discrepar de los hechos, pero no negarlos, y tampoco puede negar las razones de restablecimiento de la paz social y la convivencia democrática, superando la confrontación en la sociedad catalana y española a las que se refiere de forma detenida el ministro de Justicia".

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En cuanto al hecho de que los líderes independentistas no pidieran el indulto ni hayan hecho "manifestaciones contritas de arrepentimiento", los servicios jurídicos del Gobierno inciden en que esto no implica que sea"arbitrario". Tampoco consideran que el rechazo de la Fiscalía o del tribunal sentenciador a la medida de gracia sea suficiente para atender el recurso de Ciudadanos, destacando en este sentido que se trata de un pronunciamiento de "carácter preceptivo, pero no vinculante".

La Abogacía recuerda además que los centros penitenciarios sí apoyaron los indultos con base en su "progreso y buen comportamiento", pero el contenido de los informes "no fue tomado en consideración por el tribunal sentenciador". "Se trata de informes detallados que coincidieron en aseverar, entre otros extremos relevantes, que el riesgo de reincidencia era bajo en el conjunto de los condenados y que todos ellos se habían sometido en todo momento al marco legal durante el cumplimiento de la condena".

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Llegados a ese punto, los servicios jurídicos del Gobierno ponen el foco en que "la concesión de los indultos no ha tenido como efecto el favorecimiento de la comisión de otros delitos de naturaleza idéntica o similar a los que fueron objeto de condena, ni la reiteración por los indultados de los ya enjuiciados, como sostienen las demandas". Dicho de otra forma: "No se entorpecen los fines de prevención general a los que se orientan las penas" ni "existe sensación de impunidad".

A lo largo de las 57 páginas, la Abogacía también apunta una vez más a la supuesta falta de legitimación de Ciudadanos para recurrir los indultos, argumento que en un primer momento sí fue atendido por los magistrados del Supremo: "Ha quedado imprejuzgada la cuestión referida a la existencia o no de legitimación activa", critican frente al posterior pronunciamiento del tribunal que anulaba este dictamen. "Esa cuestión debe preceder a cualquier otra a la hora de dictar sentencia".

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A partir de ahí, la Abogacía del Estado aborda el aspecto formal de los indultos, tras lo que concluye su escrito con cuatro ideas: "Es una decisión individualizada que ha observado el procedimiento", "explicitan detalladamente las razones de utilidad pública que motivan su concesión", "el soporte fáctico en que se sustentan también queda debidamente expuesto" y "la decisión de indultar guarda coherencia lógica con los hechos obrantes en el expediente y está perfectamente motivada".

Con ese razonamiento, los servicios jurídicos del Gobierno piden al Supremo que inadmita el recurso de Ciudadanos por "falta de legitimación" y, subsidiariamente, que lo rechace por las razones expuestas. "En ambos casos, con condena de la parte recurrente al pago de las costas procesales", advierte. También se opone "al recibimiento del pleito a prueba" por la "insuficiencia del soporte fáctico en relación con la valoración de todos los españoles de los indultos" que alega Ciudadanos, un argumento que, según la Abogacía, no va más allá de la simple opinión del propio partido. "Esta parte considera innecesaria la vista", concluye su escrito.